Proyecto de ley para fintechs reduciría riesgo de inversionistas en México

Las iniciativas de México para aprobar una ley que regule la creciente industria fintech podrían mejorar en forma significativa las condiciones tanto para emergentes como grandes compañías que busquen trabajar en ella.

"Si se aprueba, [la ley] tiene el potencial de reducir el riesgo operacional, mejorar la transparencia y seguridad para quienes participan en el mercado", señaló Fitch Ratings en una nota a inversionistas.

La agencia destaca en el comunicado el potencial de crecimiento de la industria fintech "dado el tamaño significativo del país, la alta penetración de teléfonos móviles e internet, además de la importante proporción de la población que no emplea bancos". Además, añade que esto se refleja en la proliferación de nuevas firmas, cerca de 150-180 enfocadas en áreas como pagos y remesas en línea, crowdfunding, préstamos entre pares y gestión financiera.

La propuesta también regulará las transacciones con monedas virtuales como bitcóin y creará un marco de prueba que permitiría una normativa adaptativa a medida que surjan nuevas tecnologías.

Fitch añadió que las inversiones en tecnología por parte de bancos e instituciones financieras no bancarias en México —muchas de las cuales están bajo la revisión de la calificadora— podrían resultar positivas para los créditos si demuestran ayudar a las empresas a crecer y mejorar la rentabilidad.

"No obstante, los beneficios recién se empezarían a ver en el mediano a largo plazo una vez que se tomen en consideración los efectos por tipo costo", consigna la nota. "Además, solo puede resultar positivo si está acompañado por un sólido marco de control de riesgos, además de niveles de transparencia y seguridad proporcionales a los actuales modelos de negocio".

Fitch también señaló que cualquier mejora en la perspectiva crediticia de una firma dependería de que se demuestre la capacidad continua para mantener líneas de créditos y de garantías de que las nuevas filiales o empresas conjuntas de fintech no van a afectar en forma negativa las posiciones crediticias de las empresas inversoras.

Fitch también respalda posibles elementos en la ley que exigirían a las fintechs y firmas de crowdfunding en particular "consultar con la oficina crediticia, comunicar su metodología de evaluación de riesgo con [el regulador bancario] CNBV e informar el desempeño de los usuarios al buró de crédito".

"Todas las fintechs podrían estar obligadas a entrar a un registro de firmas que ofrecen servicios financieros a través de plataformas en línea, además de establecer controles y presentar infraestructura adecuada para evitar lavado de dinero y protegerse de riesgos a la ciberseguridad", señaló la agencia, y añadió que dichas obligaciones le parecían adecuadas.

Ante el acercamiento del fin de la actual sesión parlamentaria el 30 de abril, un borrador de la propuesta empezó a circular en marzo entre actores de la industria y autoridades regulatorias, debido a que CNBV y la agencia de protección del consumidor financiero, Condusef, trabajan por aprobar un proyecto de ley antes que termine el período.

Jean Marc Mercier, director de la corredora Invex, indicó al periódico local El Universal que el borrador ofrecía mayor seguridad para los participantes en la industria, ya que aprovechaba los modelos regulatorios utilizados en otros países.

"De manera preliminar la revisamos, y hasta el momento sentimos que en términos generales está bien. Lo que queremos es que se fomente la competencia, y creo que la ley va en ese sentido", indicó Mercier en el artículo.

Mercier elogió las iniciativas para integrar las mejores prácticas empleadas en otros países con la formación de un marco regulatorio.

"Tenemos que ir de la mano para estar en la vanguardia en ambos lados, de estar bien regulados, con competencia sana", añadió.

Por ahora, el amplio apoyo y puntualidad de la propuesta han preparado el camino para una votación en el Pleno antes que termine la sesión; sin embargo, en teoría podría ordenarse una sesión especial para concluir el proyecto de ley en caso de un atraso.

La subsecretaria de Hacienda, Vanessa Rubio, sugirió en una entrevista con el periódico local Milenio el 27 de marzo que el plazo podría cumplirse.

La secretaría ha respaldado el proyecto de ley con una amplia colaboración del Banco Central, legisladores, representantes de la industria, CNBV y Condusef.