Acusaciones políticas crean obstáculos para obras de infraestructura en Bolivia

El juego de acusaciones políticas que han mantenido actores oficialistas, opositores y aliados de la expresidenta interina Jeanine Áñez está obstaculizando la reactivación de obras públicas en Bolivia.

Las tensiones ya han provocado retrasos y paralizaciones en trabajos viales y proyectos ferroviarios.

El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, señala que el departamento de Santa Cruz, gobernado por Luis Fernando Camacho —militante del partido de derecha Creemos y figura clave en la crisis de 2019 que llevó a la renuncia de Evo Morales—, adeuda 112 millones de bolivianos (US$16,2mn) a la autoridad vial ABC por ocho proyectos. Añadió que la carretera Las Cruces-Buena Vista "seguirá parada" si Santa Cruz no contribuye con el aporte de contrapartida de US$70mn.

Camacho publicó en su cuenta de Twitter que su predecesor, Rubén Costas, parte de la coalición MDS de Áñez, dejó el departamento con una deuda de 1.200mn de bolivianos. La deuda incluye compromisos por 452mn de bolivianos que se tomaron sin tener asegurado el financiamiento, y la actual administración estaría intentando recortar gastos.

El banco latinoamericano de desarrollo CAF otorgó en 2017 un crédito de US$140mn para el proyecto, pero los estudios aún no han comenzado.

El sistema de tren ligero de US$450mn de Cochabamba, parte del proyecto MiTren, también se ha visto afectado.

El Ministerio de Obras Públicas acusa al alcalde Manfred Reyes, político de oposición que una vez dejó el país alegando una persecución de Morales, de bloquear la tercera línea al rechazar todos los diseños propuestos.

Montaño planteó anteriormente que "ojalá no sea una posición política".

No obstante, Reyes aseguró que la propuesta original interfiere con infraestructura y sugirió una línea elevada.

Hay pruebas previstas en dos líneas de MiTren para el 14 de septiembre.

El Gobierno Nacional estableció recientemente un fondo fiduciario de 2.000mn de bolivianos que las autoridades regionales podrán emplear para pagar deudas con contratistas a fin de reactivar proyectos de infraestructura.

DARDOS A ÁÑEZ

Los funcionarios de gobierno también acusan al gobierno de Áñez de haber debilitado la capacidad de inversión del Estado.

Montaño indicó recientemente que las administraciones anteriores dejaron un agujero de US$7mn en el operador estatal MiTeleférico, sobre el cual pidió una investigación a la Fiscalía.

Sin embargo, los ingresos de MiTeleférico también cayeron un 55% durante la pandemia debido a las medidas de confinamiento. Los sistemas de La Paz y Oruro registraron pérdidas similares.

El gobierno critica la reducción de 450mn a 300mn de bolivianos en el presupuesto de conservación vial durante la administración anterior. La actual administración asegura haber aportado 1.850mn de bolivianos al presupuesto, también para reactivar las obras.

El plan de recuperación de Luis Arce se ha centrado en la inversión pública, que se disparó un 111% durante el 1S en comparación con igual período de 2020.

La gestión económica del gobierno sigue en gran medida el camino de la administración de Morales, durante la cual Arce se desempeñó como ministro de Economía. La pandemia, por su parte, ha dado un vuelco al escenario.

A fines de 2020, la deuda externa del gobierno alcanzaba el 31,7% del PIB, la más alta desde 2004, pero el Ministerio de Economía la calificó de sostenible.

La economía debiera crecer 5,1% este año y 3,5% el próximo, según la Cepal.