Alarma en el sector eléctrico de Chile por proyecto sobre subsidios

Las asociaciones más importantes de la industria eléctrica de Chile han hecho sonar conjuntamente las alarmas sobre el proyecto de ley del gobierno para conceder subsidios al usuario final, el cual contiene medidas que repercutirían sobre casi la mitad de la población.

Si bien respalda la necesidad de contar con mecanismos en apoyo a los más vulnerables, el sector teme que el proyecto legislativo erosione la certeza jurídica y la confianza en la formulación de políticas y establezca gravámenes fiscales sobre una base ad hoc.

En particular, hay preocupación por una propuesta de un pilar de financiación que implique modificar los acuerdos de remuneración sobre el precio estabilizado transitorio que se paga por la producción de plantas de generación distribuida (PMGD), es decir, aquellas de hasta 9MW de potencia y conectadas ante todo a la red de distribución.

Si bien algunos consideran que el precio estabilizado es en sí mismo un subsidio de facto, el cambio unilateral de las reglas del juego es mal visto y podría llegar a ser perjudicial para la economía en general.

El proyecto de ley del gobierno se dio a conocer tras la presión política sobre el Ejecutivo luego de que las tarifas reguladas de electricidad para el usuario final finalmente fueran descongeladas tras unos cuatro años sin mayores reajustes, mucho más tiempo de lo planeado en un principio y que redundó en abruptas alzas tarifarias para hogares y empresas. Las tarifas fueron congeladas en respuesta a las protestas sociales de fines de 2019.

Según la última propuesta legislativa, los subsidios estarían vigentes hasta 2027 y costarían más de US$1.000 millones.

La declaración conjunta de la cámara de energías renovables y almacenamiento Acera, la asociación de energía solar Acesol, Generadoras de Chile y la agrupación de pequeños y medianos generadores GPM se difunde después de que la calificadora S&P Global dijera que las modificaciones podrían afectar la solvencia crediticia de algunos proyectos y extender las consecuencias.

“La propuesta debería debatirse en los próximos meses en el Congreso, donde el gobierno no tiene mayoría. Y dado que no existen precedentes similares en Chile de decisiones discrecionales y arbitrarias que podrían obstaculizar la previsibilidad del mercado eléctrico sin mecanismos de compensación, seguiremos de cerca la evolución para ver si se transforma la propuesta”, indicó S&P en un informe.

“En general, si se aprueba, percibiremos estos cambios como un debilitamiento del marco regulatorio que podría perjudicar el comportamiento del sector eléctrico y modificaciones similares podrían eventualmente expandirse a otras industrias”, alertó.

Para tener una panorámica de la situación, BNamericas conversó con la experta Daniela González, directora de la consultora de regulación chilena Domo Legal. BNamericas realizó esta entrevista antes de que las asociaciones del área emitieran el comunicado conjunto.

BNamericas: ¿Qué opina el sector de generación de energía respecto al proyecto de ley?

González: Creo que, en general, la opinión respecto del proyecto es negativa, quizás por distintas razones y respecto de distintos elementos del proyecto, pero yo diría que hay opiniones compartidas ampliamente respecto a dos elementos.

Primero, que la meta de cobertura del subsidio es muy ambiciosa y se aleja de lo que sería una política focalizada. Estamos hablando de un subsidio que pretende llegar al total de los hogares que pertenecen al tramo del 40% del Registro Social de Hogares, esto es, 4,7 millones de familias, que equivalen a cerca de 10 millones de personas en un país que bordea una población de 20 millones de personas. Es un subsidio que es mucho más amplio que el subsidio al agua potable que se usa como referencia y que se enfoca en aquellas familias que destinan más de un determinado porcentaje de sus ingresos autónomos al pago de los servicios sanitarios. Este subsidio el año 2023 tuvo una población objetivo de 1,35 millones de familias y cerca de 1 millón de ellas como beneficiaria, lo que es significativamente menor que la cobertura que se plantea para el subsidio eléctrico. Y habría que preguntarse por qué.

Segundo, que para alcanzar esa meta se deben generar soluciones “autocontenidas” en el sector eléctrico. Debemos recordar que las alzas de tarifas que se busca mitigar se producen por la necesidad de normalizar las tarifas que pagan los clientes regulados y comenzar a pagar la deuda de más de US$7.000 millones que se tiene con las generadoras que vieron congelados los precios de sus contratos.

Sin perjuicio de que las razones para este congelamiento pudieron ser entendibles en un primer momento, creo que hay bastante coincidencia de que se extendió más allá de lo razonable y que, como dijo el propio ministro de Hacienda, fue pegarse un tiro en los pies.

Como sea, las sucesivas leyes de estabilización fueron motivadas por consideraciones políticas y sociales, y su financiamiento debiera provenir de recursos fiscales. En este contexto, el diseño del subsidio debiera ser acorde con las posibilidades de las arcas fiscales y las prioridades existente para el destino de los recursos públicos en vez de debatir qué actores de la industria debieran contribuir más o menos al financiamiento del subsidio.

BNamericas: ¿Cuáles serían los artículos o medidas más polémicos o relevantes para las generadoras?

González: La medida más polémica es el denominado cargo FET, que si bien recae sobre los agentes comercializadores o “retiros” [de la red] tanto libres y regulados, finalmente es asumido por los titulares de PMGD adscritos al régimen de precio estabilizado contenido en el derogado Decreto Supremo 244.  

También se ha discutido bastante respecto de la sobretasa al impuesto verde, por su carácter meramente recaudatorio, que dista de las propuestas más o menos transversales del sector en cuanto a que un aumento de este impuesto debe ir acompañado de la revisión de la exclusión del mismo de los costos variables que se consideran para la programación y operación del sistema. Los impuestos correctivos, entre ellos el impuesto a las emisiones, es parte de la agenda de reformas en el ámbito tributario que impulsa el gobierno, y esta medida pone incertidumbre acerca de si efectivamente se discutirá el diseño del impuesto en línea con lo que han señalado los expertos.

La medida para las pymes también genera polémica porque, aunque el volumen de energía que comprende este mecanismo es acotado, se genera un suministro forzoso por parte de los PMGD a las distribuidoras, lo que además impacta en el volumen de energía que se asigna a las empresas con contratos vigentes y particularmente a aquellas con contratos cuyo precio nudo promedio es superior al precio estabilizado. Esto, en un escenario donde las licitaciones de suministro a clientes regulados han dejado de ser lo atractiva que eran antes para apalancar inversiones en energías renovables como demostró el último proceso.

BNamericas: Hemos leído que la propuesta sobre los PMGD ha generado consternación entre el mundo de inversionistas. ¿Por qué?

González: Porque impacta directamente en los ingresos de esos proyectos, alterando las proyecciones que estos tenían frente al sector financiero.

Recordemos que hay actores de la industria que plantean la necesidad de revisar e incluso derogar el régimen transitorio de precio estabilizado al que se adscribieron cientos de proyectos en virtud de un artículo transitorio del Decreto Supremo 88, Reglamento de Medios de Generación de Pequeña Escala, para lo cual tuvieron que cumplir los requisitos específicos que se fijó en esa normativa. Ese artículo les permitía optar por este mecanismo de precio estabilizado por 15 años. Esto porque las compensaciones por el diferencial entre el costo marginal y el precio estabilizado han aumentado considerablemente en los últimos dos años, lo que ha tenido un impacto relevante en algunas generadoras.

Frente a esta controversia, muchos inversionistas y bancos requirieron una señal de la autoridad con el objeto de tomar decisiones, por ejemplo, para cerrar el financiamiento de otros PMGD que están aún en etapa de desarrollo o para invertir en sistemas de almacenamiento. Y la autoridad señaló varias veces que no estaba dentro de su agenda revisar el régimen transitorio de precio estabilizado. Entonces, existía una idea de que se mantendrían las reglas del juego.

Sin embargo, al mismo tiempo que se da esta señal de estabilidad regulatoria, se introduce este mecanismo [la propuesta de cambio del FET] que en los hechos impacta los ingresos por precio estabilizado, de manera tal que en definitiva los propietarios de estos medios no recibirán la totalidad del precio estabilizado y ese efecto, que vamos a denominar “práctico”, es el que en definitiva interesa a efectos de las decisiones de inversión y la evaluación de riesgos por parte de las entidades financieras.

Entonces, esta medida no deja contentos ni a los que solicitan revisar el mecanismo de precio estabilizado, pues ella descansa precisamente en la circunstancia de que el precio estabilizado se mantiene como está, produciendo las mismas compensaciones que hoy existen, ni a los propietarios de PMGD que en la práctica verán un precio estabilizado menor.

BNamericas: De acuerdo con su experiencia como consultora en el mercado local, ¿cree que el proyecto va a prosperar sin mayores cambios o indicaciones? ¿O no se sabe en este momento?

González: Cada día es más difícil hacer proyecciones respecto de lo que ocurrirá finalmente en el Congreso. Pero contestando la pregunta, creo que el proyecto de ley va a prosperar, pues existe bastante acuerdo en el mundo político en cuanto a la necesidad de ampliar la cobertura del subsidio y extenderlo en el tiempo.

Sin embargo, no descarto que alguno de los ejes de financiamiento sufra modificaciones. A manera de ejemplo, hay que tener presente que en la discusión de la última ley de estabilización se planteó la posibilidad de aumentar el impuesto verde en los mismos términos que hoy establece el proyecto de ley y ello no prosperó; entonces, no es claro que exista un amplio consenso respecto de esta medida.

Ahora, es muy difícil que modificaciones sustantivas ocurran en la Cámara de Diputados, dado que ya se ha acordado discutirlo en la comisión de minería y energía en cinco sesiones, lo que es un tiempo muy acotado para generar consensos respecto a medidas alternativas o un rediseño. Si hay modificaciones van a ser en el margen o para dilucidar dudas respecto de la implementación de lo que hoy está.

En el Senado sí puede abrirse más la discusión o al menos estará más claro qué medidas suscitan más acuerdo y cuáles podrían no contar con mayoría para su aprobación tal como han sido propuestas.