AMLO contraataca para blindar proyectos emblemáticos

Los intentos del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, de impulsar sus emblemáticos proyectos de infraestructura, como el Tren Maya, el corredor interoceánico de Tehuantepec y una serie de aeropuertos, parecen estar en camino de un choque frontal con el Poder Judicial.

La noche del jueves, el presidente AMLO publicó un decreto en el Diario Oficial para declarar de seguridad nacional e interés público la construcción, mantenimiento, operación, infraestructura y bienes de dichos proyectos.

La medida responde a la anulación por parte de la Corte Suprema de un intento anterior de declararlos relevantes para la seguridad nacional.

Según López Obrador, el decreto blindará las obras de recursos y otras medidas ordenadas por los jueces, cuyas actuaciones, señaló, “son deliberadamente de mala fe, concertadas, coludidas” y determinadas a detener las obras.

“Tenemos que proteger, blindar estas obras de seguridad nacional, y de interés público. Imagínense los beneficios para la gente del sureste, cancelados por el capricho de estos fifís corruptos, entonces tomamos la decisión el Consejo Nacional de Seguridad Pública de decretar todas estas obras de seguridad nacional y de interés público”, declaró durante una conferencia el viernes.

En virtud de la ley de seguridad nacional, estas obras se consideran confidenciales, algo que ha desatado las críticas de ONG, especialistas y la oposición, que alertan sobre la opacidad en la construcción y operación de los proyectos.

Juan Carlos Machorro, del bufete Santamarina+Steta, comentó que el decreto permitirá que el gobierno continúe las obras con poca transparencia.

“Ahora con este nuevo decreto lo que sucede es que mientras la corte se pronuncie al respecto —por el momento y probablemente esto dure meses o un año o un poco más—, el presidente puede seguir navegando bajo este concepto de poca transparencia por reservar la información de los proyectos y, por otro lado, sin necesidad de contar con todos los permisos, autorizaciones y requisitos previos”, advirtió Machorro a BNamericas.

El abogado agregó que esto podría representar un riesgo adicional para aquellas empresas interesadas en participar en los proyectos.

“Tienen [las empresas] que revisar con mucha cautela la manera como se asignan los contratos, que se trate de servicios que sean pagaderos anualmente o que abarquen varios periodos presupuestales. También deben tomar en cuenta el riesgo de que el proyecto no vaya a concluir antes de que termine esta administración, pero mientras los contratos se estén asignando conforme a la ley yo diría que a lo mejor las empresas con la debida cautela deben ir adelante y seguir participando”, explicó Machorro.

Este no es el primer intento de AMLO de proteger sus representativos proyectos ante requerimientos y otras acciones judiciales de ONG. En noviembre de 2021, el gobierno publicó en el Diario Oficial un acuerdo intersecretarial para tratar las obras como asuntos de seguridad nacional y permitir su continuidad a pesar de los obstáculos legales.

Sin embargo, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) impugnó el acuerdo, caso que fue revisado por la Corte Suprema.

El jueves por la mañana, el tribunal falló a favor del INAI al declarar que el acuerdo de 2021 para etiquetar los proyectos como relacionados con la seguridad nacional no era válido. Horas después, el presidente publicó el nuevo decreto.

“Tenemos en los hechos un enfrentamiento político de posiciones entre el poder ejecutivo y el judicial y, desafortunadamente, el poder ejecutivo está respaldado por las mayorías en las cámaras del Congreso. Sin embargo, el que la Corte Suprema haya actuado [invalidando el acuerdo previo] es signo de que el sistema judicial funciona”, aseveró Machorro.