Aprobación de reforma judicial de México entra en recta final en medio de protestas

La aprobación de la controvertida reforma al Poder Judicial en México entra en la recta final en medio de manifestaciones y críticas generalizadas.

El domingo 1 de septiembre inician sus funciones los diputados y senadores elegidos en junio, luego de que el tribunal electoral avalara una supermayoría del partido gobernante Morena y sus aliados en la Cámara Baja. 

Morena contará con 257 escaños en dicha cámara y junto con sus aliados sumarán 364, de un total de 500. También se confirmó que el elegido de Morena, Ricardo Monreal, presidirá la junta de coordinación política.

Ifigenia Martínez (Morena) será la nueva presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y la encargada de entregar a Claudia Sheinbaum (también de Morena) la banda presidencial el 1 de octubre.

En el Senado, como confirmó la autoridad electoral INE, la coalición gobernante tendrá 83 escaños, mientras que la oposición integrada por el PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano contará con 45 y un margen de maniobra limitado. 

El bloque oficialista había quedado a tres escaños de la mayoría calificada en esa cámara, pero luego los perredistas Araceli Saucedo y José Sabino fueron presentados como parte del grupo parlamentario de Morena, lo que en México se conoce como “chapulineo”. 

Se requiere una mayoría de dos tercios en ambas cámaras para aprobar la reforma.

Monreal detalló en conferencia de prensa que el 1 de septiembre no sería la aprobación de la reforma al Poder Judicial, que considera la elección popular de los jueces, sino que solo se instalará una sesión especial.

“Se puede iniciar el proceso legislativo y vamos a dar los plazos de la publicidad, la deliberación, la discusión en lo general, la discusión en lo particular para hacer amplio todo el debate y que sepan todos los mexicanos lo que estamos aprobando”, explicó ante medios mexicanos.

El coordinador morenista aclaró que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, sugirió al grupo parlamentario que sea cuidadoso con toda la etapa procesal, que se observe estrictamente la ley y no se precipite la aprobación.

Entretanto, a 11 días de un paro nacional dentro del Poder Judicial, trabajadores y estudiantes han escalado las protestas en todo el país hasta sumar a los empleados de la Suprema Corte, que se tomaron en los últimos días los pasillos y escaleras de su edificio sede para protestar contra la reforma e incluso bloquearon los accesos al máximo tribunal.

Abundan las críticas expresadas por diversos gobiernos, asociaciones internacionales y actores del sector financiero, privado y académico en contra de la iniciativa de reforma constitucional al sistema judicial presentada en febrero por el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, como parte de un paquete su llamado Plan C.

Gobiernos:

1. Embajada de EE.UU. en México. El embajador Ken Salazar señaló que la elección por voto directo de jueces representa un riesgo mayor para la democracia y que si se llegaran a aprobar las elecciones de jueces, previstas para 2025 y 2027, se pondría en riesgo la histórica relación comercial bilateral. 

2. Embajada de Canadá en México. El embajador Graeme Clark dijo que los inversionistas de su país están preocupados porque quieren estabilidad y un sistema judicial que funcione si hay problemas.

3. Senadores estadounidenses. Un grupo señaló en una carta estar “profundamente preocupados” por unas reformas en México que “socavarían la independencia judicial y pondrían en riesgo los términos del tratado entre México, EE.UU. y Canadá (T-MEC)”.

Comunidad internacional:

1. Naciones Unidas. Margaret Satterthwaite, relatora especial sobre la independencia de los jueces y abogados, pidió reconsiderar la iniciativa presidencial sobre la reforma judicial. También expresó su preocupación ante las implicaciones para la independencia judicial en México e hizo un llamado a las autoridades a darle un peso adecuado a las garantías de derechos humanos de la independencia judicial.

2. Asociación Internacional de Jueces en Roma. La agrupación se pronunció contra la reforma al Poder Judicial y enfatizó que “debe ser coherente con los principios bien establecidos y universalmente aceptados de independencia de la justicia para preservar el derecho de los ciudadanos a acceder a tribunales independientes”.

3. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Jueces y magistrados solicitaron a la CIDH suspender la reforma judicial de forma temporal por posibles violaciones a derechos humanos y a tratados internacionales.

Sector financiero:

1. Morgan Stanley. La compañía de servicios financieros degradó su recomendación para invertir en México por la reforma de López Obrador en un reporte para inversionistas. En el documento dijo que reemplazar el sistema judicial aumentaría el riesgo y las primas de riesgo de México y limitaría el gasto de capital de las empresas.

2. Citibanamex. El banco advirtió sobre los riesgos de la reforma judicial y la sobrerrepresentación de Morena en el Congreso.

3. Bank of America. El banco estadounidense calificó la reforma judicial como “la más trascendente y preocupante” entre las iniciativas de López Obrador por los riesgos que implica y anticipa que la volatilidad permanecerá alta hasta finales de año. 

4. Fitch Ratings. La agencia indicó que la aprobación de la reforma judicial, entre otras iniciativas, podría impactar negativamente la calidad institucional y los controles y contrapesos de México. 

5. UBS. El banco suizo prevé “conflicto” con obligaciones del T-MEC y pronostica que las reformas constitucionales seguirán generando inestabilidad en el tipo de cambio. 

Sector privado:

1. Cámara de comercio de Estados Unidos en México. AmCham hizo un llamado a las autoridades mexicanas a mantener un diálogo constructivo con el sector privado para evaluar a fondo las implicaciones de la reforma al Poder Judicial, y otras iniciativas legislativas, que podrían afectar el Estado de derecho.

2. Cámara de comercio de Canadá en México. CanCham manifestó la preocupación de la comunidad de negocios e inversionistas de capital canadiense sobre la iniciativa constitucional para reformar el sistema judicial y la desaparición de diversos órganos autónomos.

3. Organizaciones de los sectores manufacturero, médico, químico, energético, industrial, tecnológico, minero y de servicios de EE.UU. Las agrupaciones expresaron al gobierno del presidente Joe Biden su preocupación por el paquete de reformas constitucionales que el Gobierno mexicano podría promulgar en el nuevo período legislativo.

4. Consejo Coordinador Empresarial. CCE advirtió que la reforma judicial y la desaparición de los organismos reguladores podrían generar un impacto económico negativo de 0,3 puntos porcentuales en el PIB por la caída de inversiones privadas.

5. Empresas Globales en México. Estas han expresado su preocupación ante el riesgo de que México pierda certeza jurídica y oportunidades de inversión por iniciativa de reforma judicial. 

6. Cámara de la industria de transformación. Canacintra señaló que la reforma judicial impactará el desarrollo económico y a las mipymes.

7.  American Society of Mexico. La organización indicó que la inversión internacional exige un diálogo serio y profundo sobre la reforma al poder judicial, dijo su presidente, Larry Rubin, e hizo un enérgico llamado a la Cámara de Diputados, particularmente al coordinador Ricardo Monreal, para que se definan tiempos reales y adecuados para la discusión. 

Academia:

Facultades de derecho de nueve universidades contra la reforma. Entre las universidades firmantes se encuentran la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Iberoamericana, el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Universidad Panamericana, Universidad La Salle México, Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Iteso Universidad Jesuita de Guadalajara, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y la Universidad Autónoma del Estado de México.