Avanza proyecto de ley para agilizar permisos que beneficiaría a minería chilena

El proyecto de ley marco de autorizaciones sectoriales continúa avanzando en el Congreso con un sólido respaldo.

La finalidad de la propuesta legislativa es agilizar la entrega de permisos a proyectos de inversión y terminar con los dilatados procesos de evaluación, la falta de certeza jurídica y la inexistencia de información centralizada.

La iniciativa del gobierno, que reduciría una carga regulatoria que actualmente abarca más de 380 autorizaciones en 37 servicios públicos distintos, ya cuenta con la aprobación de las comisiones de economía y hacienda de la Cámara de Diputados y está lista para su revisión en la sala plenaria antes de ingresar a debate en el Senado.

De promulgarse, el plazo promedio de tramitación de proyectos de explotación minera se reduciría de 9 años y 2 meses a 5 años y 11 meses, mientras que para las desaladoras pasaría de 8 años y 1 mes a 6 años, indica un informe de la comisión de hacienda publicado esta semana.

El ministro de Economía, Nicolás Grau, señaló el miércoles en una sesión legislativa que el propósito es reducir en 30% los tiempos de tramitación sectorial para los proyectos, lo que permitiría aumentar el PIB en 2,4% en 10 años y, con ello, elevar la recaudación fiscal.

LA PROPUESTA

La iniciativa legislativa busca crear un sistema unificado para procesar las autorizaciones por tipologías, estandarizar procedimientos, implementar un formulario único para todos los permisos, limitar la discrecionalidad de los funcionarios públicos y habilitar la participación de profesionales y entidades técnicas en la revisión de los proyectos.

Para no sobrecargar los servicios públicos, permitirá el uso de declaraciones juradas para autorizar proyectos menos riesgosos, de modo que los funcionarios puedan enfocarse en las autorizaciones de mayor riesgo.

Se crearía una oficina con la misión de coordinar el trámite de permisos entre los órganos sectoriales, llevar un catastro de proyectos, además de monitorear, dictar estándares y asegurar el ejercicio de un sistema de información unificado de permisos sectoriales (denominado SUPER).

OBSTÁCULOS

Nicolás Calderón, socio adjunto de servicios de cambio climático y sostenibilidad en la consultora EY en Chile, dijo a BNamericas que habrá obstáculos tanto para esta iniciativa como para la ley de bases generales “Evaluación Ambiental 2.0”, orientada a modernizar el servicio de evaluación ambiental SEIA.

Estos son “la falta de definición de las causales de rechazo de los proyectos, lo que impide descartar tempranamente los proyectos que no cumplen con los requisitos del SEIA, y la poca claridad sobre las causales de ingreso al SEIA”, explicó.

Mirco Hilgers, socio y abogado especializado en minería de Baker McKenzie Chile, valoró las reformas, pero dijo también a BNamericas que es importante “garantizar que la simplificación administrativa no vaya en detrimento del rigor ambiental y la calidad de las evaluaciones para que exista un real aumento de la competitividad minera en el país”.

El impulso a la propuesta normativa para modificar las autorizaciones sectoriales fue una de las medidas planteadas durante la discusión del proyecto de ley de royalty minero para compensar el alza tributaria sobre la minería del cobre y permitir el repunte de la actividad minera.