Avanzan conversaciones con constructoras brasileñas sobre multas por Lava Jato

La Contraloría General de Brasil, CGU, y las principales empresas constructoras multadas a raíz de la investigación anticorrupción Lava Jato siguen avanzando en sus negociaciones para reducir las sanciones impuestas.

Anteriormente, las compañías habían llegado a acuerdos con las autoridades para cancelar 11.000 millones de reales (US$2.000 millones) en multas debido a las irregularidades reconocidas que la investigación Lava Jato detectó. Y desde principios de este año, las condiciones de los pagos han sido objeto de discusión.

Las firmas y la CGU convinieron ahora que pueden saldar hasta el 50% del monto mediante bonificaciones tributarias, dijo a BNamericas un portavoz de la Contraloría General, que recalcó que el acuerdo debe ser ratificado todavía por todas las partes.

La opción es posible porque las compañías suelen pagar algunos impuestos por adelantado en función de los ingresos proyectados. Sin embargo, como esos ingresos no se materializaron, las empresas reportaron pérdidas tributarias.

El departamento jurídico del gobierno ha mantenido reuniones con representantes de OEA, Andrade Gutierrez, Odebrecht, Nova Participações (Engevix), Camargo Corrêa, Braskem, UTC y Coesa.

Las partes consideran que es decisivo resolver el problema para el fortalecimiento de las compañías.

"Todavía no veo en el segmento de infraestructura que estas compañías tengan la tracción que tenían antes de Lava Jato. Puede ser que, después de solucionarse esta situación legal, las empresas puedan regresar al mercado con mayor fuerza", dijo Marco Botter, CEO de la firma de infraestructura Telar Engenharia, en conversación con BNamericas.

La CGU y las compañías negocian tras un fallo de la Corte Suprema en respuesta a una solicitud presentada el año pasado por los partidos políticos PSOL, PCdoB y Solidariedade para suspender las obligaciones de pago derivadas de los pactos de indulgencia que las compañías firmaron con la Fiscalía para llegar a un acuerdo por los cargos que se les imputaban

La investigación Lava Jato, que partió ante irregularidades contractuales en la petrolera federal Petrobras, descubrió una red de corrupción que involucraba a ejecutivos e incluso a expresidentes y altos funcionarios en varios países de América Latina.

En su solicitud, las partes denunciaron que las multas eran excesivas y criticaron a la Fiscalía y al juez parte de la investigación.

La indagatoria comenzó en 2014 y dio lugar a varias condenas de ejecutivos de grupos como OEC (antes Odebrecht), Braskem —petroquímica controlada por el holding Novonor, de OEC— y Petrobras, además de OAS, Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa y UTC. Las compañías fueron multadas y se les prohibió participar en contratos públicos en algunos países.

La conclusión de las renegociaciones también podría ser una buena noticia para el gobierno, ya que podría permitir que más empresas compitan por la amplia cartera de concesiones y contratos de asociaciones público-privadas que se ofrecen en diversas áreas de infraestructura.