Chile se centrará en medidas de mitigación al descongelarse los precios de la energía

Los subsidios y los precios de la electricidad vuelven a encabezar los titulares en Chile al terminar un congelamiento tarifario que se mantuvo por cerca de cuatro años y avecinarse un alza de las cuentas de los hogares y pymes.

Existe consenso sobre la necesidad no solo de normalizar los precios de la electricidad para que reflejen el costo real del servicio, sino también de abordar el impacto en los hogares vulnerables y los pequeños y medianos empleadores.

La congelación de tarifas se implementó en respuesta a la crisis social de 2019, pero nunca se planeó mantenerla por tanto tiempo. El retraso en la normalización de los precios provocó críticas de algunos actores del sector, dado que esto ha redundado en notables alzas repentinas que reflejan múltiples factores, como ajustes contractuales vinculados a la presión sobre el peso desde fines de 2019 —puesto que los contratos están denominados en dólares— y la necesidad de pagar una deuda multimillonaria que se ha acumulado con las generadoras.

Estos factores contrarrestarán, al menos inicialmente, el impacto favorable de la entrada en vigor de contratos de suministro regulado de menor precio ligados a parques eólicos y solares.

En pasado semestre, el Ministerio de Energía tomó el toro por los cuernos al impulsar a través del Congreso el proyecto de ley que finalmente descongela las tarifas y establece un plan de subsidio temporal dirigido a 1,5 millones de familias vulnerables.

RUMORES LEGISLATIVOS Y REGULATORIOS

Hoy en día, en medio de las consecuencias políticas, la atención vuelve a centrarse en el Congreso, donde el ministro de Energía, Diego Pardow, propuso medidas que extenderían la cobertura de los subsidios a cerca de 4,7 millones de hogares y reducirían el precio de la electricidad cobrado a los usuarios finales. A principios de agosto se presentará un proyecto legislativo al respecto, que extendería además el subsidio hasta 2027 y no hasta 2026 como está determinado en este momento.

La propuesta define además el origen de los US$300 millones a US$350 millones requeridos para ampliar el subsidio. Se trata de un aumento temporal al impuesto al carbono (actualmente en US$5/t para emisores fijos), mayores ingresos fiscales generados por el alza de las cuentas de electricidad y un incremento temporal en el cobro por servicio público que pagan los grandes consumidores industriales.

Los clientes no regulados han expresado su preocupación por el impacto sobre la competitividad de la industria si aumenta el cargo por servicio público.

En el debate técnico, Claudio Seebach, decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile y ex presidente ejecutivo de la asociación Generadoras de Chile, dijo a BNamericas que apoya el foco en las medidas de mitigación para hogares y pymes.

Uno de los principales desafíos es el aspecto financiero, dado, por ejemplo, que un incremento del impuesto al carbono aplicado a los emisores fijos podría repercutir sobre quienes pagan las cuentas.

Entre las alternativas figuran el cierre de lagunas fiscales, como aquella que permite a algunos usuarios evitar pagar un impuesto ecológico único en la compra de vehículos nuevos como camionetas pesadas, explicó Seebach.

En cuanto al impacto en las pymes, varios senadores recomendaron permitirles convertirse en usuarios no regulados para que tengan poder de negociación contractual.

El año pasado, el Ministerio de Energía solicitó al tribunal de la competencia entregar un informe sobre la viabilidad de reducir a 300kW el umbral de capacidad para pasar a ser un consumidor de electricidad no regulado.

Los clientes no regulados son empresas con una conexión de 500kW a 5.000kW de capacidad y que han optado por esa clasificación o aquellas conectadas a más de 5MW. Actualmente, quienes se encuentran por debajo del umbral de 500kW no tienen opción sobre su proveedor de energía.

PMGD

El ministerio sugirió permitir que las plantas de generación distribuida —denominadas pequeños medios de generación distribuida (PMGD) en Chile, de hasta 9MW— vendan su producción directamente a las distribuidoras. Según una presentación del ministerio, una reforma posibilitaría un recorte de 7% del componente eléctrico en las cuentas de los usuarios finales.

A este objetivo se sumaría la rebaja de los denominados "costos laterales", señaló Pardow, según el medio local La Tercera.

Un componente de los costos laterales, que han aumentado en los últimos años, es el pago para operar un régimen de precios estabilizados del que se benefician los PMGD y que está bajo revisión.

Por lo general, a los clientes libres se les transfieren pagos adicionales a través de sus contratos con las generadoras, mientras que las generadoras con contratos regulados deberán gestionar esos pagos ellos mismos a partir de este momento, dijo Javier Bustos, director ejecutivo de la asociación de clientes libres del sector energético Acenor, en conversación con BNamericas.

A partir de 2027, los contratos de clientes regulados incorporarán pagos complementarios.

Dado que la tarifa estabilizada de los PMGD tiende a ser inferior al promedio de la canasta correspondiente a los usuarios residenciales, la venta directa a distribuidoras debería disminuir la presión sobre los pagos de estabilización de precios.

Diseñado para moderar las fluctuaciones y estimular la inversión, el precio estabilizado de los PMGD es una combinación de valores del mercado spot y de los contratos de compraventa de energía.

Mientras tanto, en este contexto, crece la presión para implementar una reforma a la distribución que modernice el sistema para respaldar y fomentar una mayor instalación de paneles solares en los tejados de las viviendas.