Cómo la ley contra delitos económicos y ambientales de Chile podría alentar a la minería

La nueva ley sobre delitos económicos y atentados contra el medioambiente de Chile refuerza la importancia de las estrategias de cumplimiento normativo, pero también podría alentar a las empresas locales a acentuar sus ambiciones para garantizar operaciones seguras, sostenibles y socialmente responsables y lograr una mayor eficiencia operativa.

La Ley 21.595 comenzó a regir en septiembre y modifica aspectos de la Ley 20.393, promulgada en agosto.

Mirco Hilgers, socio y abogado experto en legislación minera de Baker Mckenzie en Chile, dijo a BNamericas que la Ley 21.595 no solo protege a las empresas de posibles sanciones, sino que refuerza su reputación en el mercado global. "Las empresas que adoptan fuertes programas de cumplimiento tienden a ser más atractivas para los inversores, ya que se perciben como menos riesgosas y más sostenibles a largo plazo", señaló.

El texto regula la responsabilidad de las personas jurídicas y aumenta la cantidad de delitos en más de 200 tipos penales en ámbitos como el tributario, minero, aduanero, bancario y portuario. 

Además, crea la figura de sujeto responsable de la prevención de delitos que podría ser nominado por una entidad del Estado para actuar como un tercero independiente al interior de las empresas para velar por el cumplimiento de la ley. 

En conversación con BNamericas, Jorge Vio, socio líder de servicios forenses e integridad de la consultora EY en Chile, dijo que la ley de delitos económicos es una oportunidad para reevaluar los procesos y explorar nuevas tecnologías, "tales como data analytics, plataformas de gestión integral de compliance y/o canales de denuncia para mantener la eficiencia y la eficacia en la supervisión de controles claves".

Para evitar problemas con la Justicia, Jorge Castillo, director ejecutivo del Centro de Arbitraje y Mediación Minero (Cammin), sugiere poner énfasis en los modelos de prevención de delitos, considerando el diseño, la implementación y el monitoreo para evitar casos como la falsedad en la certificación de enfermedades, lesiones o estados de salud.

Agregó que es importante considerar que también son considerados delitos económicos los hechos relacionados con los procesos de licitación. "Los delitos de cohecho y administración desleal constituyen una amenaza en la asignación de recursos a colaboradores, así como el irrestricto manejo de presupuestos propios", comentó. 

ASPECTO AMBIENTAL

Por primera vez en el país, los delitos contra el medioambiente son clasificados como crímenes graves, lo que presionará a las mineras a diseñar mejores planes operacionales para desarrollar sus proyectos de largo plazo.

El marco legislativo fortalece las exigencias de seguridad, sostenibilidad y responsabilidad social, así como las prácticas de derechos humanos, las relaciones con las comunidades y los grupos de interés e impone un mayor estándar en lo que respecta a la transparencia en la gestión financiera, señaló Castillo.  

"Es una real oportunidad para la innovación y el liderazgo empresarial en el sector minero", agregó.