Conveniencia de acuerdo entre Codelco y SQM para explotar litio en tela de juicio

El acuerdo final entre la minera estatal chilena Codelco y la connacional SQM para la explotación de litio en el salar de Atacama en el periodo 2025-2060 podría no ser beneficioso para Estado, según actores del sector.

El convenio aumenta la participación estatal en los ingresos percibidos por la producción y concede un control mayoritario al líder mundial del cobre en el negocio a partir de 2031. Sin embargo, el precio, los beneficios a las comunidades indígenas, temas medioambientales y el valor agregado están ausentes en las cláusulas de la asociación público-privada, lo que generaría incertidumbre acerca del valor real del acuerdo.

Si bien existe una mejoría con respecto al 50%+1 que antes se le concedía al Estado, "de mantenerse las actuales condiciones del contrato de SQM, no será un buen negocio para Chile", dijo a BNamericas Ariel León, asesor legal de la comunidad indígena colla Pai Ote, que habita en los alrededores del salar de Maricunga.   

Según el acuerdo, SQM traspasará todas sus concesiones mineras en Maricunga a Codelco, y el Estado recibirá el 70% del margen operacional de la producción entre 2025 y 2030, para luego subir a 85% cuando el contrato de arriendo que tiene SQM con la agencia de desarrollo Corfo expire en 2030.

La indefinición del precio de transacción para el litio bajo la alianza mixta es un tema que preocupa por la volatilidad del mercado. 

En el primer trimestre, los ingresos de Corfo por los contratos de explotación de litio con SQM y la estadounidense Albemarle cayeron 51,4% con respecto al trimestre anterior, cuando totalizaron 1,57 billones de pesos (US$1.710 millones).

Esto obedeció a una disminución en los precios del carbonato e hidróxido de litio, según un informe de la Dirección de Presupuestos de Chile.

Se estima una producción 300.000t/a de carbonato de litio equivalente para el periodo 2025-2030 y de 280.000-300.000t desde 2031 hasta 2060, pero los cálculos de las ganancias fiscales solo puede darse con la visibilidad de un precio. 

La venta de litio de SQM utiliza el precio spot del mercado, condición que crea incertidumbre en la recaudación para el Estado a largo plazo. A fines de mayo, el precio spot del carbonato de litio rondaba los US$14.000/t, muy por debajo de las US$80.000/t de 2022.  

Además, se critica la falta de claridad sobre el valor de venta que se fija en los acuerdos de SQM con empresas como Ford o LG, para los cuales es un abastecedor clave.

En contraste, la tendencia actual en los negocios del litio se caracteriza por contratos de largo plazo con fabricantes de vehículos eléctricos o de baterías, algunas veces implicando una participación directa en la propiedad de los proyectos, con un precio de venta de US$25.000/t en promedio o un valor mínimo pactado. Diversos analistas prevén que en el mediano a largo plazo el precio del carbonato de litio seguirá presionado ante el aumento de la oferta a nivel global. 

Otra de las exigencias en el acuerdo afectará a Julio Ponce Lerou, anterior controlador de SQM y que estuvo involucrado en varias infracciones a la ley del mercado de valores en 2018, ya que no se permitirá que un miembro del directorio de la sociedad conjunta entre las filiales SQM Litio y Tarar sostenga el cargo por más de 10 años, sean continuos o discontinuos. 

La cláusula es "un capricho político infundado", dijo Joaquín Villarino, director ejecutivo de la agrupación Consejo Minero, en una entrevista radial el viernes, aunque el requisito no exime a familiares del empresario, algo que ha sido criticado por un grupo de parlamentarios oficialistas.

“Esperamos que el acuerdo sea sustentable en lo ambiental y aclare la indemnización que recibirán los pueblos originarios para resguardar su cultura. Debe realizarse un reparto equitativo de los beneficios a las comunidades, además de darnos participación en el directorio de las empresas”, expresó León.

El consultor independiente y presidente del Centro de Estudios de Minerales Estratégicos y Críticos de Chile, José Cabello, lamentó que no se hable de valor agregado, como la fabricación de baterías y criticó el enfoque de la transparencia.

“Disponen de una página web para consultas, cuando el acuerdo ya está cerrado. Es una falta de ética por parte de una gran empresa estatal. Tampoco se habla de Corfo, que es la dueña del salar, o de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, que también debiera intervenir por ser el litio una propiedad del Estado”, dijo a BNamericas.

Por otra parte, Álvaro Merino, director ejecutivo de la consultora local Núcleo Minero, no augura éxito en el acuerdo y defiende la liberalización de la industria del litio. 

“Debiera otorgarse el mismo tratamiento jurídico que tienen otras sustancias mineras, como cobre, hierro y oro. El litio debe ser concesible para que el sector privado pueda acceder a los recursos, ya que no hay nada más estratégico para un país que incrementar su actividad económica”, dijo el experto a BNamericas.