Crece presión para revisar contratos de concesiones en Brasil al subir costos

Los participantes e interesados en los segmentos de infraestructura de Brasil están preocupados por el persistente aumento de los costos, por lo que solicitan dialogar con el gobierno para realizar una revisión económico-financiera de los contratos de concesión vigentes con el fin de reducir los riesgos.

“Vivimos un escenario de trastornos en los precios de las materias primas vinculadas a la construcción, como el acero, el asfalto y diversos productos relacionados con las cadenas de infraestructura", dijo Letícia Queiroz de Andrade, socia especialista en infraestructura del estudio jurídico Queiroz e Maluf, en conversación con BNamericas. "Debido a este trastorno, ya hay empresas evaluando medidas para solicitar un reequilibrio de los contratos". 

“Ahora estoy trabajando directamente en la evaluación de dos potenciales casos en el sector vial para solicitar el reequilibrio de los contratos. Los abogados que se desempeñan en estos segmentos tenderán a tener mucho trabajo en los próximos meses porque los costos han crecido mucho más de lo que se hubiera pronosticado", agregó.

La presión sobre los precios, que ya se ejercía antes del comienzo de la pandemia de COVID-19, se ha intensificado aún más con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, principalmente debido al rápido incremento de los precios del petróleo.

Esta situación obligaría a las empresas a aumentar sus tarifas para los usuarios, particularmente en los segmentos más expuestos, que son los de carreteras y aeropuertos.

“Claramente, nos preocupamos por la población y las consecuencias que tendrá el traspaso de este incremento sobre la vida de las personas. Somos conscientes y estamos muy preocupados por toda la situación, pero lamentablemente el sector [del transporte] ya no puede contener esta alza, que debe traspasarse de inmediato", señaló Vander Costa, presidente de la asociación de la industria del transporte CNT, en un comunicado.

Según Costa, el sector aéreo es una de las industrias más afectadas porque las compañías ya se encontraban en una posición económica muy delicada por los efectos de la pandemia.

La repercusión de los aumentos de los costos para las empresas y concesionarias de infraestructura relacionados con contratos vigentes también podría reflejarse en la agenda que el gobierno quiere impulsar este año para ofrecer concesiones de carreteras, aeropuertos, puertos y vías férreas.

“Los sostenidos repuntes de los costos tienen dos efectos principales en las concesiones: los contratos vigentes corren el riesgo de revisión y, en el caso de nuevas subastas, existe la posibilidad de que las firmas se muestren reacias a ofertar en un momento en que la estructura de costos es disfuncional”, dijo a BNamericas Paulo Dantas, especialista en infraestructura y project finance del bufete Castro Barros Advogados que asesora a empresas en contratos de concesión.

Sin embargo, los gobiernos federal y estatal aún tienen margen para actualizar los pliegos licitatorios para las próximas concesiones y garantizar que las subastas sean lo suficientemente atractivas como para atraer ofertas.

“El problema inminente de los costos está en este momento en los contratos vigentes. Para las próximas subastas, los gobiernos aún pueden preparar pliegos con los altos costos incorporados en la evaluación económico-financiera. Si ellos no están actualizados ni hay cláusulas muy claras sobre reajustes de precios en los contratos, entonces ni las empresas ni los financiadores de proyectos estarán interesados", dijo a BNamericas el abogado especializado en infraestructura y asuntos regulatorios Bruno Aurélio, del bufete Demarest.

BUENAS NOTICIAS DESDE LA CORTE SUPREMA

A pesar de los retos en materia de costos, las empresas de infraestructura todavía tienen algunos motivos para celebrar, luego de que la Corte Suprema de Brasil fallara en contra de una solicitud de la Fiscalía en 2003 para cambiar una regla que, en la práctica, podría impedir que una compañía se hiciera cargo de una concesión de otra empresa a través de una adquisición directa sin realizar un nuevo proceso licitatorio.

El caso se reanudó el año pasado y la decisión del máximo tribunal dio un respiro a grandes firmas de infraestructura.

Si la Corte Suprema hubiera fallado en contra de las transferencias directas, proyectos como la Línea 6 del metro de São Paulo habrían estado en riesgo. La concesión de la línea, actualmente en construcción, está en manos de un consorcio liderado por el grupo español de infraestructuras y energías renovables Acciona.

En 2020 Acciona se hizo cargo del contrato de consorcio Move São Paulo. Formado por Odebrecht Transportes, Queiroz Galvão y UTC, el grupo fue objeto de escrutinio en 2016 en medio del escándalo de corrupción Lava Jato, que generó problemas financieros que lo obligaron a abandonar el proyecto y paralizar las obras.

En tanto, las concesiones de saneamiento asumidas por BRK Ambiental e Iguá Saneamento, adquiridas respectivamente a Odebrecht Ambiental y CAB Ambiental, también estaban en riesgo, al igual que las concesiones viales que Odebrecht vendió a Monte Equity Partners y Auto Raposo Tavares.