¿Cuál es el trasfondo de las negociaciones entre el Gobierno brasileño y Eletrobras?

La brasileña Eletrobras solicitará una extensión de 45 días al plazo otorgado a la Cámara de Conciliación y Arbitraje (CCAF) de la administración federal para buscar una solución consensuada respecto del aumento del poder de voto del gobierno en la eléctrica.

Las negociaciones de la CCAF responden a una demanda presentada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ante el Supremo Tribunal Federal (STF) en la que alega inconstitucionalidad de las restricciones a los accionistas.

En el proceso, Lula sostiene que, tras la privatización de Eletrobras en 2022, aunque el gobierno conservó alrededor del 42% de las acciones ordinarias de la empresa, sus derechos de voto se redujeron a menos del 10% del total.

El mandatario afirma que la limitación es innecesaria, ya que no determina el éxito de la privatización. También advierte que la carga impuesta al gobierno es desproporcionada en comparación con los bienes públicos invertidos y el interés social en juego.

Además de la participación del gobierno en los consejos de administración y fiscal de Eletrobras, las negociaciones en curso abordan los fondos adeudados por la empresa a la cuenta de desarrollo energético (CDE) y la desinversión de su participación en Eletronuclear.

Arlindo Souza, de la firma de análisis de inversiones Levante Inside Corp, comentó que vender la participación de Eletronuclear eliminaría las preocupaciones de Eletrobras sobre la planta de energía nuclear Angra 3 planeada para el estado de Río de Janeiro.

Si el gobierno decide abandonar el proyecto, se estima que la inversión requerida rondará los 20.000 millones de reales (US$3.540 millones).

"En este escenario, Eletronuclear posiblemente necesitaría un aumento de capital y no hay certeza sobre la obligación legal de Eletrobras de participar en este aumento", declaró Souza a BNamericas.

En cuanto a la deuda con la CDE, que implica alrededor de 30.000 millones de reales que deben pagarse hasta 2047, el acuerdo, en teoría, permitiría a Eletrobras adelantar las cuotas y obtener algún descuento.

"La empresa tiene el flujo de caja libre [necesario] para hacer esto", expresó el analista.

Una medida provisional publicada por el gobierno en abrilpagar las cuentas de la denominada iniciativa Conta Covid y de escasez hídrica, al anticipar la recepción de fondos que se pagarán como resultado del proceso de privatización.

Para Souza, las discusiones en los tribunales dañan la imagen de Brasil ante los inversores, ya que indican posibles incumplimientos de contratos.

"El modelo de privatización de Eletrobras fue aprobado por el Congreso y el Tribunal de Cuentas de la Unión, en definitiva, por el Estado brasileño. Luego hubo un cambio de gobierno y comenzaron los reclamos", explicó.

El analista, sin embargo, cree que Eletrobras cuenta actualmente con mecanismos suficientes para evitar nuevas injerencias políticas en la empresa.

"Incluso si el gobierno tuviera algunos escaños más en el directorio, no veo riesgos de que suceda algo como la medida 579", afirmó Souza.

Publicada por el gobierno de Dilma Rousseff en 2012, la medida provisional 579 obligó a Eletrobras a vender energía eléctrica a precios inferiores al mercado para reducir las cuentas de los consumidores finales.

La ley que privatiza Eletrobras modificó el régimen de venta de energía de las centrales de la empresa, que estipula que podrá vender electricidad a precios de mercado libre de forma gradual hasta 2026.