Ecuador sufre triple golpe por inseguridad, tensiones políticas y desastres naturales

El presidente Guillermo Lasso está lidiando con una creciente ola de inseguridad en Ecuador causada por carteles de narcotráfico y pandillas locales, situación compleja a la que se han sumado desastres naturales.

Mientras tanto, el propio mandatario debe hacer frente a un juicio político que podría redundar en su destitución si sus opositores consiguen 92 de 137 votos en la Asamblea Nacional.

Durante el fin de semana, en una polémica decisión, Lasso autorizó la tenencia y porte de armas para uso civil en defensa personal.

También decretó estado de excepción en tres cantones de la provincia de Guayas y en las provincias de Santa Elena y Los Ríos, en la costa del país.

La decisión de Lasso llega en medio de una violenta ola de delincuencia. La Policía tuvo que desactivar explosivos amarrados por delincuentes a un individuo en Guayaquil, cuatro personas fueron asesinadas en un exclusivo barrio de un balneario de Santa Elena, una periodista debió ser sacada del país en un operativo especial por amenazas de muerte. Asimismo, varios periodistas han recibido sobres bomba, la cabeza de un hombre apareció en la banca de un parque y la directora administrativa de un hospital de Guayaquil y el gerente de otro establecimiento médico en Esmeraldas fueron asesinados.

Entre las víctimas mortales en Santa Elena figura el empresario Rubén Cherres, mencionado por los medios de prensa como hombre de confianza y amigo de Danilo Carrera Drouet, cuñado de Lasso.

Según investigaciones periodísticas, Cherres era un operador político que gestionaba el nombramiento de ministros a cambio de supuestas comisiones. También era investigado por una presunta vinculación a narcotraficantes albaneses que operaban en la costa del país y enviaban droga a la Unión Europea y Estados Unidos.

A la ola de violencia se suman también los efectos de un crudo invierno, un terremoto reciente que dejó al menos 15 fallecidos y afectó varias vías e infraestructura petrolera en la isla Puná, y un masivo aluvión en la región andina (en la foto) que provocó una treintena de muertos.

En medio de ese conflictivo escenario, comenzó en la Asamblea Nacional el proceso para enjuiciar políticamente al mandatario conservador. 

La documentación fue entregada a la comisión de fiscalización del organismo legislativo, que deberá analizar las pruebas acusatorias y la defensa de Lasso y emitir en un plazo de 30 días un informe que recomiende proceder con el juicio o archivar la petición.

Los legisladores que promueven el juicio político acusan a Lasso de peculado por no haber tomado medidas frente a actos de corrupción registrados en la coordinadora de empresas estatales Emco, la petrolera estatal Petroecuador y la transportadora marítima de hidrocarburos Flopec, caso en el que estaría implicado Carrera Drouet.

Sin embargo, la Corte Constitucional admitió solo el cargo de peculado vinculado a Flopec, por lo que el presidente de la comisión de fiscalización, Fernando Villavicencio, indicó que solo recibirán pruebas relacionadas con ese caso. (Puede revisar el fallo de la Corte Constitucional en la caja de documentos a la derecha de la pantalla).  

Lasso asegura que las presuntas irregularidades ocurrieron entre 2018 y 2020, cuando aún no era presidente.

El lunes Villavicencio pidió que se notifique del inicio del proceso tanto al presidente Lasso como a los legisladores interpelantes.