Exhortan al Congreso guatemalteco a destrabar legislación de infraestructura

Un proyecto de ley que está entrampado en el Congreso podría ser la única opción para que Guatemala estimule la infraestructura vial, según diversos expertos.

Sin embargo, el Poder Legislativo no ha debatido la ley general de infraestructura vial desde marzo del año pasado.

El proyecto de ley surgió de una propuesta que presentó la fundación local de desarrollo Fundesa al Congreso en abril de 2018 para establecer un nuevo régimen regulatorio para infraestructura.

Si se aprueba, el proyecto de ley también podría ayudar al gobierno a sacar a la economía de la crisis del covid-19, según los panelistas de un foro virtual que Fundesa celebró el miércoles.

"Lamentablemente, (...) hace más de un año que no se ha vuelto a agendar esta iniciativa dentro del pleno del Congreso para viabilizar una mejor y ágil construcción de carreteras en Guatemala", dijo el investigador asociado de Fundesa, Jorge Benavides.

Según Fundesa y otros expertos, el sistema regulatorio tiene muchos defectos que han impedido que el país modernice su infraestructura vial.

Mario García Lara, director del centro de estudios Fundación 2020, dijo en el foro que el sector público es el culpable de la falta de inversión en infraestructura.

"Hay dos razones fundamentales. La primera razón es la debilidad de la institucionalidad pública, (...) el exceso de burocracia, los requisitos, los problemas para asignar contratos, los problemas para acceder al paso de carreteras en propiedad privada" señaló. Estos factores "crean esa serie de obstáculos para que haya más inversión en infraestructura.

La segunda razón es la baja movilización de fondos públicos para financiar infraestructura.

El proyecto de ley se propone solucionar estos problemas, además de crear la agencia reguladora Sivial, facilitar la adquisición de derechos de servidumbre, mejorar la competitividad en las licitaciones, endurecer las obligaciones contractuales para los operadores de carreteras y aumentar la inversión privada y pública. También permitiría establecer un fondo de investigación.

Fundesa calcula que la nueva agencia reguladora podría tener hasta US$1.500mn en sus primeros 18 meses para comenzar obras, lo que estimularía el crecimiento y generaría alrededor de 200.000 empleos.

"Sabemos que el gobierno no es un buen desarrollador de carreteras y por eso creemos que este modelo provee una solución para el país", dijo en el foro Paulo de León, director del grupo de empresas de inteligencia de Centroamérica Cabi.

LA BRECHA DE INFRAESTRUCTURA

La construcción de carreteras en Guatemala avanza en a promedio de 216km por año. El país tuvo la inversión en infraestructura más baja de América Latina en 2018, con el 13,9% del PIB, según Fundesa.

El año pasado, el sector de infraestructura recibió inversiones por 82.068mn de quetzales (US$10.000mn): 8.977mn de quetzales del sector público y 73.090mn de quetzales del sector privado.

"La inversión privada es lo que ha permitido ir creciendo en los últimos siete años", dijo Benavides, de Fundesa.

Para mantenerse a la par con el crecimiento demográfico, Guatemala necesita aumentar las inversiones en infraestructura vial para compensar un déficit de 21.000km, señaló. La red de carreteras ronda los 17.000km, de los cuales alrededor de 7.000km necesitan mejoras, agregó Benavides.

PROBLEMAS

Fundesa atribuye la brecha de infraestructura vial a 10 problemas regulatorios importantes.

Primero, los contratos de construcción y mantenimiento se otorgan por separado, lo que alienta a los operadores a trabajar descuidadamente durante la construcción para que puedan obtener un contrato de mantenimiento.

En segundo lugar, las obras solo pueden comenzar cuando se han salvaguardado todos los fondos, lo que lleva a retrasos en el comienzo.

Surgen conflictos de intereses porque el Ministerio de Comunicaciones e Infraestructura actúa como planificador, operador y regulador, dijo Benavides, y agregó que la ley que concede los derechos de servidumbre, vigente por 70 años, está obsoleta y conduce a muchos más obstáculos.

Otros problemas se relacionan con la forma en que el gobierno absorbe la mayoría de los riesgos y que los proyectos a menudo tienen motivaciones políticas.

A esto se suman una planificación sin considerar la movilidad, la falta de fondos, la selección de proyectos que son rentables pero inviables y el privilegiar los beneficios de las empresas sobre los beneficios públicos.

Además, las obras se ven obstaculizadas por 45 autoridades que a menudo rivalizan y 441 regulaciones que van desde proyectos de ley hasta decisiones judiciales sobre el modelo actual de construcción de carreteras. Cambiarlos todos a la vez requeriría un lobby masivo, dijo Benavides.

“Yo creo que los beneficios de la ley son varios. No hay una forma de crecer más mañana si no inviertes hoy. Invertir a través de la ley para generar más crecimiento”, indicó De León, de Cabi, y agregó que la ley ayudaría al país a crecer alrededor de 1-2% al año.