¿Habrá por fin un acuerdo por el desastre minero en Mariana?

Las partes enfrentadas en el mayor litigio en la historia del sector minero de Brasil han dado señales de que un acuerdo estaría muy cerca.

Esta semana, el Gabinete del presidente Luiz Inácio Lula da Silva sostendrá una reunión para definir la posición del Gobierno Federal sobre el tema. Jorge Messias, titular de la agencia de defensa del Estado, AGU, también estará presente, dijo a BNamericas un vocero del Gobierno Federal.

El litigio se refiere al colapso en 2015 de la presa de relaves en Mariana, operada por Samarco Mineração, empresa mixta formada por los grupos mineros Vale y BHP.

El desastre dejó 19 muertos y descargó aproximadamente 40 millones de metros cúbicos de lodos tóxicos y desechos mineros al río Doce y otros cursos de agua en el estado de Minas Gerais, los que finalmente llegaron al océano Atlántico en las costas del estado de Espírito Santo.

A principios de este año, AGU rechazó una oferta presentada por Vale y BHP por un total de 127.000 millones de reales (US$23.000 millones), que habría incluido 72.000 millones de reales en fondos nuevos. Las empresas sostienen que ya han gastado miles de millones en compensaciones desde el desastre de 2015.

En junio, AGU presentó una contrapropuesta en la que solicitaba 109.000 millones de reales en dinero fresco que deberían ser abonados por Vale y BHP en un plazo de 12 años.

“Creo que estamos muy cerca de un acuerdo, ya que la propuesta de fondos nuevos está cerca de la contraoferta”, dijo a BNamericas una fuente con conocimiento de las negociaciones bajo condición de anonimato.

Además del Gobierno Federal y las empresas, en las negociaciones participan los gobiernos de Minas Gerais y Espírito Santo, así como numerosos municipios y personas afectadas por la catástrofe.

Todas las partes están negociando las proporciones exactas del paquete de compensación que recibirá cada uno.

FALLO DE LA CORTE SUPREMA

Los retrasos en alcanzar un acuerdo a nivel local han creado espacio para otras reclamaciones.

El bufete británico Pogust Goodhead ha presentado recursos judiciales en Reino Unido y Países Bajos en los últimos años en nombre de decenas de municipios afectados y en representación de unas 700.000 personas. El estudio jurídico reclama 230.000 millones de reales por concepto de daños y perjuicios.

Las empresas mineras han criticado estas acciones paralelas en tribunales europeos, ya que el desastre ocurrió en Brasil. Recientemente, a raíz de una petición de la cámara minera brasileña, Ibram, la Corte Suprema bloqueó los pagos a firmas de asesoría legal internacionales que participan en el caso.

“El juez Flávio Dino, de la Corte Suprema, ordenó a los municipios que iniciaron acciones legales en el exterior que presentaran los contratos con sus representantes legales. La medida cautelar también prohíbe a los municipios pagar honorarios por éxito a bufetes extranjeros sin que los contratos sean revisados previamente por los tribunales brasileños, especialmente por la Corte Suprema”, indicó el tribunal en un comunicado.

Ibram sostiene que todos los litigios relacionados con el colapso de la presa deberían resolverse en Brasil, ya que el desastre afectó a ciudadanos brasileños. Quieren evitar que las compensaciones sean absorbidas por estudios jurídicos internacionales que, según afirman, están respaldados por fondos buitre.

El Gobierno Federal también ha expresado inquietud por el hecho de que el caso se revise en tribunales extranjeros, por cuanto lo considera una cuestión de soberanía, aunque a la fecha no ha hecho ninguna declaración pública.

Según se ha informado, el gobierno pretende aprovechar el anuncio de un acuerdo final sobre el desastre minero como una oportunidad para introducir sanciones más severas por delitos ambientales. Además del colapso de la presa de Mariana, Brasil ha enfrentado una oleada de incendios forestales en los últimos meses, con evidencias que apuntan a actividades delictivas.

En tanto, los gobiernos de Minas Gerais y Espírito Santo esperan la confirmación de los montos compensatorios que recibirán, ya que planean utilizarlos en proyectos de infraestructura.