Juez rechaza recurso legal contra proyecto minero ecuatoriano de US$300mn Curipamba

Un juez de la provincia de Bolívar rechazó un recurso legal que buscaba frenar el proyecto polimetálico de US$300 millones Curipamba, que debiera ser la tercera mina de escala industrial en Ecuador.

El proyecto lo operan las empresas canadienses Adventus Mining y Salazar Resources.

Las dos minas a escala industrial operativas en el país son la mina de oro Fruta del Norte y la de cobre Mirador.

Durante una audiencia la noche del miércoles, el juez Segundo Holger García refutó de forma directa las alegaciones de los demandantes y afirmó que la consulta medioambiental, llevada a cabo por el Ministerio de Ambiente, cumplía todas las normas y garantizaba el derecho de las comunidades a participar en el proceso.

Los demandantes, alrededor de una treintena de pobladores de tres comunidades rurales del Cantón Las Naves, patrocinados por una organización de derechos humanos, presentaron la acción de protección en junio, solicitando que se deje sin efecto el estudio de impacto ambiental y se revoque la licencia ambiental del proyecto, dos elementos indispensables para iniciar la construcción de la mina.

Sin embargo, los querellantes también anunciaron su intención de apelar la sentencia. La apelación la tramitaría la Corte Provincial de Justicia de Bolívar, lo que podría llevar cuatro meses, e incluso llegar a la Corte Constitucional en última instancia.

La sentencia será notificada, por escrito, en las próximas semanas a las dos partes.

Juan Francisco Guerrero, abogado de Curimining, filial local de Salazar Resources, manifestó a BNamericas que el fallo significa que la licencia ambiental no se ve afectada y que los planes de construcción seguirán adelante.

"Se ha demostrado que el proceso de consulta ambiental garantizó una amplia participación ciudadana. Quedó también evidenciado que la consulta ambiental no solo cumplió con todos los estándares de la Corte Constitucional y de instrumentos internacionales, sino que incluso los superó", indicó Guerrero.

La consulta ambiental es el derecho que tienen las comunidades a ser consultadas sobre decisiones que puedan afectarles. No da derecho a veto, pero sí a compensaciones, si fueren necesarias.

Para la instancia, realizada entre julio y diciembre del año pasado, se realizaron invitaciones personales a través de redes sociales, en páginas web, en cuñas radiales, carteles y otras formas para posibilitar que los habitantes se enteren y participen en el proceso.

También se permitió que intervengan en el proceso personas que no se ubican en la zona de influencia del proyecto, por lo que fue un proceso absolutamente inclusivo, que utilizó no solo uno de los medios de información permitidos, sino todos, indicó Guerrero.

García afirmó que quienes no participaron en la consulta ambiental fue porque no quisieron hacerlo, no porque no se les permitiera.

CURIPAMBA 

El proyecto Curipamba, de mediana envergadura, comprende siete concesiones que abarcan 21.500ha, incluido el yacimiento El Domo, que alberga principalmente cobre y oro, pero también zinc, plata y plomo.

Está previsto que funcione durante 10 años a cielo abierto y otros 5 como mina subterránea.

A lo largo de 17 años se han perforado unos 70.000m, y la inversión hasta el momento ronda los US$100 millones.

Según datos de las operadoras, las reservas minerales probadas y probables a cielo abierto suman 6,5 millones de toneladas (Mt), con leyes de 1,93% de cobre, 2,52g/t de oro, 46g/t de plata, 2,49% de zinc y 0,2% de plomo.

El proceso de licenciamiento se inició en noviembre de 2021 y culminó en enero de este año.

Como parte de la licencia ambiental, se establecieron 50 puntos de control de la calidad de las aguas superficiales y 20 puntos de control de las aguas subterráneas,  más de100 mediciones de caudal y  más de 50 de descarga, entre otros aspectos.