La batalla de Ecuador contra el crimen organizado: una amenaza creciente para la región

La ola de violencia en Ecuador dejó al descubierto que el avance del narcotráfico y el crimen organizado no son un problema localizado, lo enfrentan ya algunos países y se puede agravar en la región, con las previsibles consecuencias económicas, políticas y sociales que ello implica.

La creciente demanda mundial de cocaína y la ubicación geográfica de Ecuador entre Colombia y Perú, dos naciones que, junto con Bolivia, son responsables del 100% del cultivo de arbusto de coca, según cifras de la ONU, han convertido al país en un importante centro de transporte de droga, sobre todo entre el puerto de Guayaquil, en la zona sur, y México o Venezuela, antes de su traslado a Estados Unidos o Europa.

Los grupos delictivos se han ido acercando a los centros de producción de cocaína para acceder a los suministros y a las cantidades de droga al por mayor, indica la ONU en su Informe Mundial sobre las Drogas 2023, y añade que estos grupos extranjeros no pretenden hacerse con el control del territorio. Por el contrario, intentan hacer más eficientes las líneas de suministro.

Esto ha convertido a Guayaquil en particular, y a otras ciudades de Ecuador, en un constante campo de batalla entre los beligerantes grupos delictivos locales y los aliados de los carteles internacionales, especialmente los radicados en México.

La catedrática de la Universidad de British Columbia, Grace Jaramillo, señaló a BNamericas que la violencia en Ecuador tiene sus raíces en Colombia y México.

“Lo que vemos en Ecuador es una combinación de sucesos que ya vimos en México y Colombia. El narcotráfico extendió sus tentáculos cuando trataron de doblegar a los capos en Colombia y el negocio fue tomado por los mexicanos, que convirtieron al narcotráfico en una empresa multilatina, perversa, pero, desgraciadamente, exitosa”, afirmó.

La base de operaciones, la generación de estrategias y las decisiones salen de México, al igual que la forma cómo ganan terreno en los escenarios políticos e institucionales de los Estados”, añadió la experta.

El martes se produjeron una serie de atentados sin precedentes en todo Ecuador en respuesta a los esfuerzos del gobierno por reprimir a estas organizaciones, lo que llevó al presidente Daniel Noboa a declarar que el país estaba en "estado de guerra", afirmando que existía un "conflicto armado interno".

El presidente también identificó a 22 grupos criminales "como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes", y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, declaró que esto los convertía a todos en "objetivos militares", ya que se desplegaron miles de soldados.

Según los medios de comunicación locales, algunas de las armas y explosivos incautados tras algunos de los atentados del martes llevaban la insignia de las Fuerzas Armadas peruanas, lo que amenaza con extender el conflicto más al sur.

El miércoles, el ministro de Defensa peruano, Jorge Chávez, solicitó una auditoría del material castrense a todos los institutos armados para determinar si efectivamente en el asalto en Guayaquil hubo granadas que salieron de las Fuerzas Armadas

Por su parte, el Gobierno peruano declaró estado de emergencia en las regiones de Tumbes, Piura, Amazonas, Cajamarca y Loreto, ante el temor de que la violencia se propague.

“La situación de Ecuador es la punta del iceberg. Ahora es en este país, pero es evidente que en Perú, por ejemplo, el narcotráfico está muy involucrado en varias zonas de la selva y que se utiliza el puerto de Callao”, explicó a BNamericas Julio Carrión, profesor de ciencias políticas y relaciones internacionales de la Universidad de Delawere.

“Pareciera que en Chile el narcotráfico también se está infiltrando porque es uno de los pocos países en que sus puertos tienen mucha confianza en mercados internacionales que no aplican el mismo nivel de vigilancia de productos que arriban desde ellos, en comparación con puertos peruanos, ecuatorianos o colombianos”, añadió.

Con un aumento de la producción de cocaína a 2.000t en 2020, según el informe de la ONU, las bandas tienen importantes incentivos para encontrar nuevas rutas de envío en la región.

UN RETO REGIONAL

Noboa, que asumió la presidencia en noviembre del año pasado para gobernar hasta mayo de 2025, tendrá muy poco tiempo para implementar una política eficaz de control del crimen organizado, más aún tomando en cuenta la escasez de recursos en la caja fiscal.

Las consecuencias políticas y económicas de declarar en el país una guerra interna pueden ser muy serias, si el presidente las logra revertir se podría volver a una situación de relativa calma en la que las actividades económicas puedan desenvolverse, indicó Jaramillo.

Sin embargo, el mayor reto en el mediano plazo para Ecuador será recuperar la institucionalidad de las distintas instancias del Estado, incluida la función judicial, e involucrar a la comunidad internacional en la lucha contra el narcotráfico hasta lograr paz en el largo plazo, pero el camino se ve cuesta arriba.

Carrión cree que el creciente poderío del crimen organizado es un desafío al que los sistemas políticos no le han prestado suficiente atención.

“Este no es solo un tema de seguridad, sino un problema político que requiere no solo el fortalecimiento de los estados nacionales, también colaboración regional. El peligro de que la violencia se siga expandiendo en Latinoamérica está latente y requiere acciones efectivas”, enfatizó Carrión.