Los 6 riesgos políticos que desafían a la minería en Ecuador

El sector minero ecuatoriano ha superado en los últimos meses algunos importantes escollos para el avance de proyectos, aunque aún tiene retos cruciales por enfrentar.

Instituciones débiles y estrategias impulsadas por la política, una crisis de seguridad y la minería ilegal, el ascenso de los derechos indígenas y de la naturaleza, oposición local, una crisis energética y las elecciones presidenciales y legislativas de 2025 son los principales riesgos políticos detectados por Prófitas para el sector minero. 

En un estudio realizado en julio, la consultora de riesgo político señaló que factores políticos, sociales y económicos se entrelazan para crear un entorno desafiante para el desarrollo sostenible y la inversión.

Pero pese a los retos que entraña cada uno de esos aspectos, Prófitas sostiene que también implican grandes oportunidades.

En el corto plazo, las campañas para las elecciones de febrero podrían llevar a una mayor oposición a proyectos mineros, lo que podría ser usado como una plataforma por parte de los candidatos, sobre todo del movimiento indígena y grupos de izquierda.

En tanto, el presidente Daniel Noboa buscará la reelección, por lo cual se prevé que se cuidará en sus pronunciamientos sobre el sector minero para no afectar sus intenciones políticas.

El gobierno va a tener mucha cautela a la hora de dar un apoyo visible a la industria y evitará a toda costa cualquier elemento que pueda erosionar su capital político, dijo a BNamericas Cristian Carpio, analista sénior de Prófitas.

“Con miras en las elecciones, diversos grupos van a intentar que el presidente no dé nuevos lineamientos claros para el sector o apoye a la actividad minera. No se puede descartar tampoco que se generen conflictos violentos como los sucedidos el año pasado para bloquear las consultas ambientales de los proyectos Curipamba y La Plata”, añadió Carpio.

Pese a estos conflictos y a las acciones de protección presentadas contra los dos proyectos mineros para frenarlos, ahora sí pueden avanzar porque los tribunales desecharon las demandas en los últimos días.

Para La Plata, el Ministerio de Ambiente debe culminar el proceso de consulta ambiental que inició en junio del año pasado, en tanto, Curipamba ya fue autorizado para pasar a la fase de construcción.

Expertos creen que tanto Curipamba como La Plata se encaminan a convertirse en la tercera y cuarta mina a escala industrial para Ecuador, respectivamente, luego de Fruta del Norte y Mirador, las únicas de carácter industrial que tiene el país en producción.

BNamericas resume los seis principales riesgos para la actividad minera identificados por Prófitas.

1. INSTITUCIONES DÉBILES 

El entorno empresarial de Ecuador sigue muy afectado por la interacción de marcos institucionales débiles.

“Un desafío persistente para realizar negocios en Ecuador radica en la constante debilidad de sus instituciones estatales, altamente dependientes de las condiciones políticas y económicas imperantes, que las lleva a ser inestables y estar siempre vulnerables ante intereses creados”, señaló Prófitas en el informe. “Como consecuencia, el nivel de apoyo gubernamental a los proyectos mineros suele depender más del apoyo público general a ese gobierno”.

Ecuador “enfrenta cambios regulatorios frecuentes, recursos humanos y tecnológicos limitados para tramitar los permisos y una burocracia compleja y en permanente rotación, en particular, en las agencias que supervisan la industria minera”, agregó.

2. SEGURIDAD Y MINERÍA ILEGAL

La crisis de seguridad sin precedentes que enfrenta Ecuador en los últimos años supone un gran desafío para todos los sectores.

En enero, Noboa decretó que el país estaba bajo un conflicto armado interno e identificó como objetivos militares a más de 20 grupos delincuenciales locales e internacionales. 

“La industria minera se ha visto afectada directamente por la crisis de seguridad nacional. La minería ilegal se ha extendido de forma exponencial, en su mayor parte liderada por organizaciones criminales que la consideran una lucrativa área de diversificación. Estas agrupaciones se han apoderado de pequeñas operaciones mineras formales, áreas mineras sin explotar e incluso distritos mineros enteros”, advirtió la consultora.

Debilidades institucionales, corrupción en los organismos reguladores, una legislación ambigua y tardía, el cierre del catastro minero, restricciones a las actividades mineras formales, el alza de los precios de los metales y la proliferación de organizaciones criminales son los principales factores que han contribuido a la actividad ilegal.

“La corrupción se ha infiltrado en los organismos responsables de fiscalizar y sancionar las operaciones mineras ilegales, las cuales suene ocurrir a la vista e incluso bajo la mirada de las autoridades regulatorias”, señaló la consultora en el documento.

Agrega que los largos procesos de tramitación de permisos también han obstaculizado al sector minero formal, fomentando así un ambiente propicio para las operaciones ilegales. 

3. DERECHOS INDÍGENAS Y DE LA NATURALEZA

Las características únicas del país plantean un riesgo en particular grave para los proyectos en áreas ecológicamente vulnerables y regiones con poblaciones indígenas significativas.

Movimientos globales que abogan por los derechos de la naturaleza y de las comunidades ha cobrado impulso en Ecuador por ser "Estado pluricultural", según lo define su Constitución desde 2008, de acuerdo con el reporte.

La Constitución prioriza los derechos comunales, exclusivos de los pueblos indígenas y otras minorías étnicas, entre ellos la consulta previa sobre proyectos de industrias extractivas y el reconocimiento de los derechos de la naturaleza.

En Ecuador, el movimiento indígena ha encabezado la defensa de esos derechos, y el discurso antiminero ha moldeado los referendos destinados a prohibir la minería en áreas ambientalmente sensibles. 

Sin embargo, “a nivel nacional, el discurso de los derechos comunitarios no ha ganado tanto terreno, lo cual es comprensible dada su especificidad a un segmento particular de la población ecuatoriana”, señala el informe.

Los argumentos sobre presuntas violaciones a los derechos de la naturaleza y de las comunidades han sido litigados en los tribunales ecuatorianos, inclusive en la Corte Constitucional. 

4. OPOSICIÓN LOCAL

Durante los últimos cinco años, la oposición local ha sido una constante.

“Los políticos locales se han beneficiado en términos políticos y electorales de la retórica ambientalista antiminera y de las iniciativas antimineras, como los referendos”, indicó Prófitas en el informe. 

Presentar el tema minero como una cuestión de soberanía local contra políticas impopulares de los gobiernos nacionales ha sido eficaz en áreas con una fuerte identidad local, como Cuenca en la provincia del Azuay.

En los últimos años, la minería ha sido clave en las elecciones de algunas provincias y en referendos locales relacionados con la minería, como fue el caso del Chocó Andino, en que la votación en la capital, Quito, se inclinó por la prohibición de actividades mineras en la zona. 

“Estas iniciativas no tienen una aplicación retroactiva; sin embargo, tienen un impacto significativo en el deterioro de las relaciones entre empresas y comunidades para los proyectos, dado que sus promotores suelen evitar mencionar el carácter no retroactivo de la iniciativa”, explicó Prófitas. 

Si bien la violenta oposición local a proyectos controvertidos ha disminuido en los últimos años, aún es una posibilidad en áreas propensas a conflictos, pues las ONG antimineras se han organizado y coordinado mejor en los territorios locales.

5. CRISIS ENERGÉTICA

Dada su complejidad operativa, la industria minera consume mucha energía eléctrica en momentos en que Ecuador enfrenta problemas energéticos complejos y donde es probable que la generación siga decayendo, lo que supone un riesgo importante.

Desde 2023, Ecuador se enfrenta a una serie de retos energéticos que subrayan las deficiencias de la infraestructura eléctrica.

Actualmente, no tiene la capacidad de proporcionar energía a nuevos proyectos mineros, pues presenta un déficit de cerca de 1.000MW, mientras el consumo total ronda los 4.500MW

“La principal hidroeléctrica de Ecuador, Coca Codo Sinclair, suspende con frecuencia sus operaciones por la excesiva sedimentación causada por la erosión del río, lo que presiona aún más el suministro eléctrico del país”, señaló la consultora en el reporte, y agrega que los problemas podrían verse agravados por la oposición pública a las operaciones mineras que requieren grandes cantidades de energía.  

6. ELECCIONES DE 2025

A medida que se acercan las elecciones de 2025, la industria minera enfrenta una mayor vulnerabilidad a diversos desafíos, incluido el populismo electoral, los retrasos administrativos para la obtención de permisos y posibles cambios en la administración, indica Prófitas.

A diferencia de otros países, los cambios de gobierno en Ecuador pueden resultar en cambios radicales en las políticas públicas, en particular en sectores estratégicos. 

Si bien Noboa ha apoyado tradicionalmente el crecimiento del sector, otros candidatos podrían apoyar nuevas normas y establecer restricciones regulatorias. 

Las próximas elecciones también determinarán una nueva composición de la Asamblea Nacional, y no se puede descartar una mayor representación de grupos de izquierda y de Pachakutik, brazo político de la confederación indígena Conaie.

“Varios proyectos de ley en debate podrían afectar en gran medida el desarrollo de la industria, por lo que será importante entender la dinámica de la nueva asamblea en el próximo período”, agregó la consultora.