Los cabos sueltos en la política brasileña de postes compartidos de electricidad y telecomunicaciones

Después de varios años de planificación y dos años de debate regulatorio, la política brasileña para ordenar y compartir los postes de electricidad entre operadores de telecomunicaciones y empresas eléctricas parece tomar forma.

Los ministerios de Energía y Comunicaciones anunciaron la semana pasada una ordenanza interministerial que establece la política nacional denominada Poste Legal sobre uso compartido de postes.

Sin embargo, la falta de detalles ha generado cierta preocupación.

“Aún falta atender el meollo del problema, que es definir más claramente la parte económica. Queda por definir el precio, cómo será la definición de acceso de forma isonómica y, sobre todo, el estado de los contratos ya firmados [entre empresas eléctricas y operadores]”, dijo a BNamericas Mauro Hiane de Moura, socio del estudio jurídico Veirano Advogados.

En general, la nueva política establece que el valor que cobrarán las eléctricas debe estar basado en los costos implícitos y evitar cualquier forma de subsidio cruzado entre sectores. No obstante, todavía no se definen estos costos referenciales.

El objetivo general, además de fijar nuevos estándares para que las eléctricas cobren por el uso de los postes, es garantizar que los cables y equipos estén correctamente instalados y organizados, de una manera que evite cualquier riesgo para la población y reduzca el impacto visual, además de impulsar la inclusión digital en zonas remotas.

En opinión de Moura, la ordenanza interministerial dice menos de lo que debería y cuanto menos contenga, mayores son los riesgos de falta de coordinación entre los reguladores Aneel y Anatel, que supervisan respectivamente los sectores de electricidad y telecomunicaciones.

Una preocupación es que no hay claridad sobre el impacto de las nuevas reglas en los contratos ya vigentes o en las solicitudes de arbitraje administrativo que ya han sido presentadas a los respectivos reguladores y que aún no han sido resueltas.

Francisco Sampaio, también socio de Veirano y especialista en derecho administrativo, regulación, infraestructura y telecomunicaciones, agregó que la ordenanza no surge de la nada.

“Este trabajo normativo de las agencias reguladoras no comienza con la publicación de la ordenanza. Ya se llevaba realizando desde hacía algún tiempo. No se empieza de cero. Entonces ya hay algo más tangible en lo que trabajar”, dijo Sampaio a BNamericas.

Moura, por su parte, cree que sería conveniente fijar un plazo para establecer las normas. Añadió que, por el lado del sector eléctrico, la Aneel ya publicó notas técnicas sobre las normas pendientes con propuestas de implementación.

“El tema es complejo, toca a diferentes sectores y niveles de gobierno, y cada sector tiene sus propios incentivos”, advierte Moura.

El asunto es de particular interés para los proveedores de servicios de internet.

"Esperamos que la regulación de la ordenanza excluya posibles disparidades que puedan causar pérdidas a pequeñas y medianas empresas del sector de internet", sostuvo en un comunicado Jesaias Arruda, vicepresidente de Abranet, asociación que agrupa a los proveedores de servicios de internet.

Según la nueva política, los contratos por uso de postes tendrán una vigencia mínima de 10 años con posibilidad de prórroga. Los operadores y los proveedores de internet solo podrán ocupar un punto de fijación por poste.

Arruda consideró positiva la política, pero indicó que Abranet hará oír su voz durante el período de consulta pública, que se abrirá después de la reglamentación de la ordenanza por parte de Aneel y Anatel. Aún no se ha definido un plazo para dicha norma.

En un comunicado, el bufete Demarest señaló que el gobierno "lanzó una serie de medidas que se implementarán en los próximos meses para resolver un cuello de botella que frena la expansión de las redes de telecomunicaciones en Brasil, especialmente aquellas que permiten el acceso a internet de alta velocidad".

Demarest sostuvo que la normativa sobre los postes ha sido objeto de discusión durante más de dos años y que las agencias reguladoras seguirán abordando temas importantes para el sector.

Entre estos se encuentran la posibilidad de uso económico de los postes por parte de terceros, como operadores de infraestructura, además de las tarifas por el uso de postes y las obligaciones para regularizar los usos que no cumplan con la legislación, incluidos cronogramas y responsabilidades para dicha regularización.

Anatel y Aneel lanzarán una convocatoria para identificar empresas de infraestructura de telecomunicaciones interesadas en utilizar postes. Sin embargo, es poco probable que las empresas que ya forman parte de grupos económicos de telecomunicaciones, como V.tal, FiBrasil e I-Systems, entre otras redes neutrales, obtengan permisos.

La aprobación definitiva de las nuevas reglas y la apertura de la segunda fase de consulta pública, que abordará la metodología de tarificación, deberían concretarse "pronto", dijeron los reguladores en un comunicado.

Los documentos con las propuestas presentadas para la primera fase de consulta se pueden revisar aquí y aquí la nota técnica de Aneel sobre postes compartidos.