Los motivos de Brasilia para querer suspender acuerdo con Âmbar Energia

La agencia brasileña de defensa del Estado, AGU, envió una nota al Ministerio de Minas y Energía (MME) solicitando la suspensión de un acuerdo firmado entre el Gobierno Federal y Âmbar Energia porque sería contrario al interés público.

Firmado en mayo, el acuerdo prevé la sustitución de centrales térmicas contratadas en la subasta de emergencia de 2021, en plena crisis hídrica, pero no entregadas, por otro acuerdo para la central térmica Cuiabá y el pago de una multa de 1.100 millones de reales (US$200 millones) por parte de Âmbar.

La medida de AGU se apega a una solicitud del tribunal federal de cuentas, TCU, basada en la sospecha de que las autoridades habrían firmado el acuerdo en beneficio de la empresa, socavando la igualdad con otras compañías del sector y dañando a los consumidores de electricidad.

El contrato estipulaba que solo entraría en vigor 60 días después de su firma (a partir del 22 de julio) y, durante ese período, si el TCU presentaba alguna anotación, recomendación o reserva al texto, este quedaría suspendido mientras no se subsanara el problema identificado por el tribunal de cuentas.

El regulador de energía eléctrica Aneel celebró la subasta de 2021, denominada procedimiento competitivo simplificado, en medio de problemas de suministro debido a una grave sequía que llevó a contar con el menor nivel de disponibilidad de agua para generación hidroeléctrica en casi un siglo.

La licitación ofreció ingresos superiores al promedio observado en los procesos de licitación del ente supervisor, pero con la condición de un plazo corto para la finalización de los proyectos a gas.

La fecha original para que estos proyectos comenzaran a operar comercialmente vencía el 1 de mayo de 2022, pero varios proyectos se retrasaron, lo que generó multas de más de 1.700 millones de reales.

En octubre de 2022, el MME lanzó una consulta pública para analizar una propuesta de cancelación de los contratos de generación firmados en la licitación.

El año pasado, el ministro Alexandre Silveira dijo que el gobierno negociaría flexibilizar la generación termoeléctrica de las centrales contratadas en la subasta si no se llegaba a acuerdo con los dueños de los proyectos.

ÂMBAR ENERGIA

La compañía es propiedad de J&F Investimentos, holding bajo el control de los poderosos y polémicos empresarios Joesley y Wesley Batista, que también comanda firmas como la empacadora de carne JBS y el productor Eldorado Celulose.

La Policía Federal investigó a los Batista en medio de la operación Lava Jato por presunto pago de sobornos a políticos. La trama fue revelada por los dos hombres en virtud de un acuerdo de culpabilidad firmado con la Fiscalía Federal.

En mayo, los hermanos se reunieron con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva por primera vez desde la suscripción del acuerdo de culpabilidad, durante conversaciones con las asociaciones locales de exportadores de carne, Abiec; de proteínas animales; ABPA; y frigoríficos.

Âmbar ha ampliado de manera sustancial su negocio en el país. Después de comprar la termoeléctrica Araucária a Copel y la planta de cogeneración Lages a Engie en diciembre de 2023 y mayo de este año, respectivamente, adquirió 13 activos a gas de Eletrobras en junio.

La compañía está considerando inscribir la planta Araucária y otros proyectos para participar en la licitación de reserva de capacidad que realizará el gobierno en agosto.

Su cartera de generación suma una capacidad instalada de 4,6GW, entre energía térmica, hidroeléctrica y solar y una planta de biogás.

Según un artículo del diario Folha de São Paulo, Âmbar presentó recientemente una propuesta a Aneel para tomar el control de Amazonas Energia, concesionaria de distribución de electricidad en el estado de Amazonas vendida por Eletrobras al consorcio Oliveira Energia, parte del grupo Atem, en 2018.

La rama Âmbar Comercializadora de Energia es una de las tres empresas autorizadas por el MME para importar electricidad de Venezuela, operación que aún está en negociaciones.