Los retos que enfrenta Ecuador para cerrar el bloque petrolero ITT

El cierre definitivo del bloque petrolero ecuatoriano 43, también conocido como ITT, parece más complicado de lo esperado, no solo por motivos económicos, sino por temas legales y por las licencias necesarias.

La ministra de Ambiente, Inés Manzano, señaló que el cierre y desmantelamiento de toda la infraestructura petrolera requiere licencia ambiental.

Para obtenerla, se debe realizar una consulta previa, libre e informada con las comunidades indígenas ancestrales en el área de influencia de ITT, señaló la funcionaria.

En la zona viven comunidades kichwas y waorani, quienes se oponen al cierre del bloque. Los resultados de la consulta previa no son vinculantes, según la legislación vigente, aunque las opiniones debieran tomarse en cuenta por posibles reparaciones.

La consulta no puede realizarse en este momento, porque la Asamblea Nacional no ha aprobado la ley de consulta previa. Además, la Corte Constitucional de Ecuador declaró inconstitucional el decreto emitido por el entonces presidente Guillermo Lasso que permitía realizar la consulta para proyectos extractivos mientras el Poder Legislativo tramitaba la ley respectiva.

Con esa decisión, se inmovilizó la realización de la consulta previa sobre ITT, indicó Manzano en una entrevista televisiva.

La ministra pidió a la Corte Constitucional que actúe en derecho y provea mecanismos para cumplir con el cierre decidido por los ecuatorianos en las urnas.

En agosto del año pasado, en un referendo nacional, alrededor de 5,5 millones de ecuatorianos, el 59% de votantes, se pronunció a favor de cerrar el bloque petrolero.

Una parte de ITT está dentro del Parque Nacional Yasuní, área rica en biodiversidad de casi un millón de hectáreas.

Según datos de la estatal Petroecuador, ITT produce alrededor de 55.000b/d y la infraestructura petrolera del bloque ocupa 80ha.

El 28 de agosto el gobierno de Daniel Noboa informó que había apagado el primer pozo del bloque, Ishpingo B-56, con lo que la producción se iría reduciendo progresivamente.

El año pasado, Petroecuador estimó que el país perdería entre US$800 millones y US$1.200 millones en ingresos anuales por el cierre del bloque.

PROCESO DE CIERRE

La semana pasada, en una conferencia de prensa en Quito, el presidente de las comunas kichwas de Aguarico, Lauro Papa, adelantó que presentarían una acción de protección ante la Corte Constitucional para exigir que se respeten sus derechos, pues el referendo solo debía realizarse entre las personas que viven en la zona.

Otras organizaciones indígenas de la Amazonía, sin embargo, apoyan el cierre del bloque petrolero.

“La decisión de cierre debe reverse, pues el referéndum solo debió realizarse en las provincias de Orellana y Sucumbíos, que es el área de influencia del proyecto, y no en todo el país”, dijo a BNamericas Nelson Baldeón, consultor privado de geopolítica energética.

El desmantelamiento del bloque, dispuesto el año pasado por la Corte Constitucional, debiera tomar un año a partir de la notificación de los resultados de la consulta, plazo que se cumplió el 31 de agosto.

El 20 de agosto, el presidente Daniel Noboa pidió a la Corte Constitucional que revise las acciones implementadas hasta el momento y evalúe los mecanismos planteados para el proceso de cierre.

Según el cronograma preliminar de la estatal Petroecuador, el cierre y taponamiento de los 246 pozos del bloque se extendería hasta diciembre de 2029. En 2024 se cerrarían 10 pozos.

El retiro de las instalaciones de superficie de los pozos se realizaría entre el 31 de agosto de 2025 y 30 de agosto de 2030; el retiro de material pétreo y escombros, entre el 31 de agosto de 2027 y el 30 de agosto de 2032; y la revegetación y monitoreo de áreas, entre agosto de 2029 y agosto de 2034.