Lucha de poderes en Brasil: el Congreso quiere cortar las alas de la Corte Suprema

El Congreso de Brasil sigue avanzando para lograr la aprobación de proyectos de ley destinados a limitar el poder de la Corte Suprema.

Esta semana, diversas comisiones de la Cámara de Diputados dieron el visto bueno a iniciativas que limitan la influencia del organismo, medidas que deben someterse al voto del pleno de diputados.

"El deterioro definitivo de la relación entre la Cámara Baja y el Poder Judicial se produjo debido al intento de este último de reducir la influencia de los legisladores en las decisiones relacionadas con el presupuesto federal", dijo a BNamericas el analista político de la firma local BMJ Consultores, Lucas Fernandes.

"El llamado centrão [una coalición de partidos de centro y centroderecha que dominan el Congreso] ha demostrado un inmenso poder en las elecciones municipales y ahora está ejerciendo ese control", añadió Fernandes.

La relación ya tensa entre el Parlamento y la corte se deterioró aún más recientemente después de que el juez Flávio Dino dictaminara limitar enmiendas parlamentarias, un mecanismo que permite a los legisladores controlar partes del presupuesto del Gobierno Federal.

Esta decisión socava directamente la influencia política de los partidos de centro que mandan en el Congreso.

Dino, anteriormente ministro de Justicia y Seguridad Pública del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, asumió un cargo en la Corte Suprema a principios de este año, tras ser designado por el mandatario.

REPRESALIAS

Muchos consideran las medidas que el Congreso evalúa contra la Corte Suprema como una represalia por la decisión de Dino, quien exigió más supervisión y transparencia en lo que respecta al control de los legisladores sobre las decisiones presupuestarias.

Un proyecto de ley, aprobado en una comisión de la Cámara Baja, elimina la capacidad de un juez de la Corte Suprema de anular unilateralmente cualquier ley a nivel federal, estatal o municipal. Requiere que todas esas decisiones las revise el pleno de la corte, que integran por 11 jueces.

Mientras tanto, otra iniciativa legislativa otorga al Congreso el poder de vetar decisiones tomadas por el máximo tribunal.

“Esto le da al Congreso la capacidad de poner un freno al activismo judicial de un pequeño grupo que actúa de manera unilateral. Es una salvaguardia. No se trata de anular el Poder Judicial ni de acabar con la separación de poderes. Se trata de garantizar la cohabitación de los dos”, explicó Luiz Philippe de Orleans e Bragança, diputado del partido de derecha PL y relator del proyecto de ley que permite al Parlamento suspender las decisiones de la corte.

Sin embargo, otros legisladores han criticado estas medidas.

"¿Quién tiene la última palabra en este sistema constitucional? El Poder Judicial. Si no actúa de esa manera, se coacciona a la Corte Suprema. ¿En qué país el Poder Legislativo interfiere en las decisiones judiciales? Vamos hacia el caos", advirtió João Carlos Bacelar, diputado del Partido Verde (PV), que forma parte de una coalición de izquierda.

Un comité del Congreso también aprobó una medida que amplía la autoridad del mismo para votar a favor de la destitución de los jueces de la Corte Suprema.

Los 11 magistrados que la componen los designa el presidente y deben obtener la aprobación del Senado. No cumplen mandatos fijos y su edad de jubilación obligatoria es de 75 años.

La relación entre la Corte Suprema y el Congreso ha experimentado una tensión significativa en los últimos años.

En la actualidad, el Parlamento está dominado por partidos de centroderecha y derecha. Durante la campaña electoral de 2022, cuando el entonces presidente derechista Jair Bolsonaro fue derrotado por Lula, que encabeza una coalición ampliamente de izquierda, la corte tuvo un papel directo en asuntos políticos.

Durante las elecciones, el juez del tribunal supremo Alexandre de Moraes, quien también se desempeñó como presidente del tribunal electoral TSE, adoptó una postura dura contra Bolsonaro debido a las reiteradas acusaciones del expresidente de fraude electoral.

Como resultado, tanto la Corte Suprema como Moraes se convirtieron en blancos frecuentes de ataques de facciones de derecha.

En 2023, el TSE dictaminó que Bolsonaro no era elegible para postularse a ningún cargo público hasta 2030.

El tribunal falló a favor de una demanda presentada por el Partido Democrático Laborista (PDT), que acusó a Bolsonaro y a su compañero de fórmula, Walter Braga Netto, de abuso de poder y uso indebido de los medios estatales para socavar la confianza en el sistema de votación durante una reunión con diplomáticos al inicio de la campaña electoral de 2022.

CORTE SUPREMA VERSUS X

Las sentencias de la Corte Suprema también han sido noticia a nivel internacional.

En septiembre, Moraes suspendió en el país las operaciones de la red social X, de Elon Musk.

La suspensión se produjo en medio de un prolongado enfrentamiento entre Moraes y Musk, centrado en las acusaciones de difusión de noticias falsas en la plataforma durante las elecciones brasileñas de 2022 y que continuaron durante 2023.

Moraes ordenó a X cesar sus operaciones hasta que cumpliera con las órdenes judiciales y pagara las multas pendientes.

A principios de esta semana, la Corte Suprema permitió a X reanudar su servicio en el país.

"X ha demostrado cumplir plenamente dos condiciones para retomar sus actividades: el bloqueo de perfiles que difundan información falsa y el nombramiento de un representante legal en Brasil, una exigencia de la legislación brasileña para las empresas extranjeras que operan en el país", afirmó la corte en un comunicado, donde señaló que X pagó una multa de 28,6 millones de reales (US$5,2 millones).