Marco legal de la minería mexicana se encuentra en una encrucijada

A menos de tres meses de que el gobierno de México pase a manos de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, el marco legal de la minería sigue erosionando la certidumbre y poniendo en riesgo potenciales inversiones, si bien la nueva administración podría rectificar algunos de los problemas. 

Durante el gobierno saliente del también morenista Andrés Manuel López Obrador, que partió en 2018, se ejecutaron dos reformas a la Ley de Minería, y el año pasado se modificaron otras legislaciones relacionadas con la actividad. Sin embargo, la reforma de mayo de 2023 carece aún de los reglamentos correspondientes, aunque por ley debían publicarse a más tardar en noviembre del año pasado. 

Para Mariano Calderón, experto en minería del bufete Santamarina + Steta, la legislación minera se encuentra en una encrucijada de tres pistas (o escenarios), pero el rumbo que tome se volverá más claro después del 1 de octubre, ya con Sheinbaum en el poder. 

“La primera pista es, desde luego, que se tienen que resolver los cuestionamientos sobre la constitucionalidad de la reforma minera [de mayo de 2023]. Está la acción de inconstitucionalidad que resolverá en algún momento la Corte Suprema”, dijo Calderón en conversación con BNamericas.

“Hay una serie de juicios de amparo que se promovieron de igual manera por individuos, por ciudadanos o entidades privadas, en contra de la Ley de Minería, y tienen que resolverse cada uno de estos juicios”, indicó el experto, que agregó que la legislación efectivamente adolece de vicios de inconstitucionalidad. 

Por tanto, Calderón no descarta que próximamente pueda haber un pronunciamiento del Poder Judicial declarando inconstitucional la reforma minera. 

La segunda pista que observa Calderón es que se expida la reglamentación o legislación secundaria de la reforma del año pasado. No obstante, en este escenario, lo fundamental será analizar no solo su contenido, sino cuáles autoridades estarán al frente de organismos clave para el avance de los proyectos mineros. 

Calderón recordó que durante todo el sexenio de López Obrador prácticamente no se han aprobado concesiones mineras, mientras el retraso ha sido el pan de cada día en la tramitación de permisos clave, sobre todo ambientales. 

“Ese reglamento puede ser expedido en cualquier momento, ya sea por el actual presidente […] o por la nueva presidenta en cuanto tome funciones. Si es una decisión y es un reglamento que llegue a emitir la nueva presidenta, puede ser en corto plazo a partir de que tome posesión”, dijo el abogado. 

“Pero sí habrá que ver quién queda como subsecretarios en la Secretaría de Economía, quién queda como coordinador general de minería o en la Dirección General de Minas, para nombrar quiénes serían los que aterrizarían los puntos finos en el reglamento que se puede expedir en cualquier momento,” agregó.

La tercera pista que vislumbra Calderón es la posibilidad latente de que el nuevo gobierno presente una nueva propuesta de reforma a la Ley de Minería tras tomar posesión y abordar los problemas de la actual. 

“O incluso propusiera y presenta al Congreso una nueva Ley de Minería para consensuarla, para llegar a un entendimiento desde cero de un nuevo ordenamiento completo que regule la actividad en el país, y eso tendría que pasar por un proceso legislativo”, señaló Calderón, que destacó que esta iniciativa podría comenzar directamente desde la Presidencia o por parte de la fracción mayoritaria del Congreso. 

“Entonces, creo que esos tres escenarios o esas tres pistas pueden incluso correr en paralelo y tendríamos que empezar a vislumbrar un poquito más de luz y de claridad conforme entre en funciones la nueva administración,” concluyó.