Nuevas leyes de datos de Costa Rica podrían impulsar inversiones europeas

Una revisión de las leyes de protección de datos de Costa Rica podría generar importantes oportunidades comerciales que se originen en Europa, según el abogado que redactó las actualizaciones.

Costa Rica fue el primer país de Centroamérica en aprobar leyes de protección de datos en 2011, pero el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), que involucra al presidente Carlos Alvarado, puso de relieve sus fallas.

Mauricio París (en la foto), gerente regional del bufete español Ecija y abogado en la redacción de las revisiones, cree que una actualización de esas leyes es necesaria y podría brindar un beneficio comercial al país.

“En una economía de servicios, tener la posibilidad de ofrecer a las empresas europeas que traigan al país operaciones de procesamiento de datos de forma más segura y sencilla es un valor agregado en que solamente competimos con Argentina y Uruguay”, dijo a BNamericas.

El presidente Alvarado habría creado la UPAD en secreto y la unidad habría operado sin ser detectada durante 18 meses, mientras presuntamente tenía acceso a datos privados de 1,2 millones de ciudadanos que recibieron un pago de estímulo por el covid-19. Una investigación del Congreso descubrió el escándalo.

La casa presidencial fue allanada en febrero de 2020 y se incautaron el teléfono móvil y la computadora portátil de Alvarado. Varios funcionarios, incluido Alvarado, enfrentan cargos de abuso de autoridad. El 21 de abril, el informe del Congreso sobre el caso se postergó por hasta 30 días.

Como parte de la revisión del caso, París presentó una revisión de las leyes de protección de datos vigentes y una propuesta de reforma constitucional para consagrar la privacidad como derecho. La nueva legislación se basa en el Convenio 108 del Consejo de Europa.

Las posibilidades de violar la protección de datos son amplias y muy peligrosas, según París, debido a la consolidación de datos en empresas estatales costarricenses.

El Estado costarricense posee firmas del área bancaria (Banco Nacional y Banco de Costa Rica son los más grandes), aseguradora (INS) y de telecomunicaciones (Grupo ICE) y aguas (AyA).

París cree que el caso destaca tanto la falta de cultura en la región con respecto a la protección de datos, como los problemas con el regulador local de datos Prodhab. “Se necesita una autoridad reguladora fuerte con competencias claras y con independencia y que su director sea nombrado en un concurso público”, señaló.

"De nada sirve una ley de datos si no hay un regulador fuerte que la haga cumplir", comentó.

Prodhab necesita más recursos y ser liberado de la visión general del Ministerio de Justicia, agregó el experto. En ocho años, Prodhab ha tenido siete directores y ha sido criticado por un liderazgo deficiente y acusaciones de interferencia política sobre los nombrados.

Un regulador débil y la falta de cultura de protección de datos podrían costar negocios en Costa Rica a futuro.

“Las empresas, sobre todo las nacionales de Costa Rica o Centroamérica que operan en Costa Rica, realmente no invierten, no tiene cultura y no respetan la protección de datos”, señaló. “Ahora van a tener que cumplir una ley más estricta y que va a tener sanciones más importantes”.

Si las nuevas leyes de protección de datos no se aprueban antes de que termine la sesión legislativa en mayo, es posible que deba esperarse hasta después de las elecciones generales de febrero de 2022.

París también quisiera que se apruebe una ley de comercio electrónico, si bien Costa Rica ya cuenta con legislación sobre firma electrónica y protección de datos. Esto permitiría que nuevas industrias como las fintechs operen con certeza jurídica. El modelo español de sandboxes regulatorios podría posicionar al país frente al legado bancario tradicional de Panamá.

Con 329 instituciones gubernamentales, el Gobierno de Costa Rica ha sido acusado a menudo de sobrerregulación y demasiada burocracia. Eso es lo que hace que el caso UPAD sea más extraño, dado que entre los destinatarios de los pagos de estímulo por el COVID-19 había personas fallecidas.

"El Gobierno de Costa Rica no sabe hoy en día cuáles datos tiene de los costarricenses y no saben dónde están ni para qué se usan. No tiene inventario de bases de datos", señaló París.