Nuevo decreto brasileño sobre gas podría minar confianza de inversionistas

El decreto del gas que el Gobierno brasileño emitió recientemente podría aumentar la percepción de riesgo y ahuyentar la inversión, según expertos de la industria consultados por BNamericas.

El documento está diseñado para aumentar el suministro interno de gas natural y reducir el precio para los consumidores finales, y es parte de los esfuerzos de neoindustrialización del gobierno.

“Aumentaremos la disponibilidad de gas natural para la producción nacional de fertilizantes nitrogenados, productos petroquímicos y otros sectores clave, lo que reducirá nuestra dependencia del extranjero. Esto aumentará los beneficios sociales y económicos de la producción nacional de gas natural”, dijo el ministro de Energía, Alexandre Silveira, el 26 de agosto cuando se firmó el decreto.

Según la empresa federal de investigación energética, EPE, las inversiones en el sector de gas natural, incluidas las plantas de fertilizantes nitrogenados, podrían alcanzar los 94.600 millones de reales (US$17.000 millones) en los próximos años.

El Instituto Brasileño del Petróleo (IBP), que representa al sector, advirtió que el decreto podría generar incertidumbre jurídica y elevar la percepción de riesgo entre los inversores.

Entre los puntos de preocupación está la posibilidad de que el regulador sectorial, ANP, revise los planes de desarrollo existentes, incluidos los campos que ya están en producción o aquellos en los que se ha tomado una decisión final de inversión.

El decreto otorga a ANP la facultad de evaluar las condiciones para reducir la reinyección de gas natural con el fin de disponer de más combustible para el consumo industrial y residencial. Hoy en día, más de la mitad de la producción nacional de gas se reinyecta para recuperar más petróleo.

El IBP también está preocupado por el hecho de que las actividades de libre mercado, como la construcción y operación de ductos de salida y plantas de procesamiento, pasen a ser actividades reguladas por ANP.

Thiago Silva, socio del despacho de abogados Vieira Rezende, considera que el poder de ANP de revisar los planes de desarrollo creados antes del decreto es un tema muy preocupante que podría ahuyentar a los inversionistas.

Silva indicó que todas las inversiones en proyectos de exploración y producción se han realizado considerando la recuperación secundaria sin restricciones en el uso de gas.

“Limitar la reinyección de gas en proyectos pasados daría lugar a una menor producción de petróleo y alteraría la ecuación económica de estos proyectos, comprometiendo la seguridad jurídica de los inversores”, explicó Silva a BNamericas.

Por otro lado, Silva acoge con satisfacción la norma que establece que ANP determinará los requisitos para la remuneración de la infraestructura esencial de gas natural, como gasoductos y unidades de procesamiento, teniendo en cuenta la amortización de los activos.

“De esta forma, la infraestructura formará parte de una base regulatoria de activos, que estará regulada y será transparente, evitando que se calculen tarifas por el uso de activos antiguos y amortizados como si fueran nuevos”, aseveró.

“Este es un tema que ha generado polémica en el contexto de las [unidades de procesamiento de gas natural] UPGN de Petrobras y sus respectivas tarifas, que, según el mercado, son tarifas de proyectos greenfield, aunque la infraestructura ya está en uso hace décadas”, añadió Silva.

En cuanto al tema de construcción y operación de gasoductos, el abogado dijo que esta siempre será una actividad monopólica.

“Esto se debe a los altos costos de construcción de las redes de ductos, lo que hace que, a menudo, el monopolio sea la solución económica más eficiente. En otras palabras, estas actividades constituyen un monopolio natural”, sostuvo.

Paulo Valois, socio del despacho de abogados Schmidt Valois Advogados, cree que la posibilidad de que ANP revise los planes de desarrollo podría ser vista por la industria como contraria al principio de estabilidad regulatoria que surge de la ley de libertad económica de Brasil.

Sin embargo, en términos prácticos, considera que los efectos a corto plazo del decreto son limitados.

“ANP primero tendrá que hacer estudios, audiencias públicas, etc. y luego publicar las resoluciones necesarias detallando el marco regulatorio que impone el decreto, lo que seguramente llevará tiempo y tal vez se extienda más allá de este gobierno”, advirtió Valois a BNamericas.

Rivaldo Moreira Neto, director de la consultora Alvarez & Marsal Infra, también está preocupado por el impacto del decreto en proyectos futuros.

Cree que los operadores y sus socios tendrán menor autonomía en los proyectos, ya que ANP contará con mayor influencia sobre la orientación de los proyectos y sus alternativas logísticas.

Hacer más transparente el costo del acceso a infraestructura esenciales es algo que Moreira Neto también ve como positivo.

“Especialmente en el caso de las UPGN, cuyas condiciones impuestas por Petrobras son ciertamente onerosas”, señaló a BNamericas.

La implementación de las medidas establecidas en el decreto también agregará trabajo a un ANP ya sobrecargado, al tiempo que pondrá presión sobre los productores para ampliar la oferta sin una demanda garantizada.

“El camino hacia la competitividad sigue ligado a la capacidad de nuestro mercado de atraer oferta diversificada y reducir el poder monopolístico de Petrobras, lo que no necesariamente ocurrirá con las medidas anunciadas por el gobierno”, afirmó Moreira Neto.