Parlamentarios mexicanos aprueban traspaso de Guardia Nacional a Secretaría de Defensa

Con los votos del partido gobernante de México, Morena, y sus aliados en el Senado, el miércoles se aprobó la reforma constitucional que traspasa la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de Defensa (Sedena), lo cual ha sido calificado por la oposición como la consolidación de la militarización del país.

Tras obtener el visto bueno de ambas cámaras, el dictamen de reforma pasa ahora a los congresos estatales para su discusión, donde Morena también cuenta con el mínimo exigido para ser avalado.

En una sesión que se inició la noche del martes, la mayoría calificada oficialista avaló la reforma promovida en febrero como parte de su llamado “Plan C” por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual modifica los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 de la Constitución y que otorga a la Guardia Nacional la facultad de investigar delitos.

“La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a las policías y a la Guardia Nacional, en el ámbito de su competencia, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función”, señala el dictamen.

La reforma contempla que el gobierno contará con la Guardia Nacional, una fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personal de origen militar con formación policial, dependiente de la Secretaría de Defensa para ejecutar la estrategia nacional de seguridad pública en el ámbito de su competencia, añade el documento.

Para Eduardo Ordóñez, consultor independiente en riesgo político y seguridad, el traspaso de la GN a la Sedena desde la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana (SSPC), de la cual dependía hasta ahora, no es lo más relevante, porque en la práctica ya era la cartera quien la operaba incluso en lo económico, con su personal, el de la Secretaría de Marina y algunos elementos de la extinta Policía Federal, que desapareció tras la creación de la GN.

La GN se estableció a través de un decreto en marzo de 2019 como una institución de seguridad pública de carácter civil, parte de la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir la delincuencia organizada. 

Y aunque el Gobierno insistía en que era de carácter civil porque estaba adscrita a la SSPC para contrarrestar las críticas de militarización, en la práctica la Sedena siempre tuvo su control.

Para Ordóñez, el verdadero problema con las recientes reformas constitucionales es que se modificó un artículo sumamente importante para darle a la GN el carácter de investigación del delito.

“Eso sí está muy mal. Desde mi perspectiva, es un error garrafal, porque los militares no están preparados para ser policías de investigación”, advirtió el experto a BNamericas. “Te está facultando a esta fuerza de ser una fuerza de seguridad interior para combatir al narcotráfico y delitos de impacto, pero también como policía, ¿no? También van a investigar delitos. Pues yo qué sepa, no tienen esa capacidad ni esa formación”, añadió.

La investigación del delito debe ser materia exclusiva del Ministerio Público, es decir, los fiscales y la policía judicial, porque ellos son los que arman las carpetas que se presentan ante los jueces. Ahora lo podrá hacer la GN, por lo que será muy importante ver cómo quedarán las leyes secundarias que deberán modificarse tras los cambios constitucionales, afirmó Ordóñez. 

La Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza de 2019 y la Ley de la Guardia Nacional de 2022 son las que deberán reformarse, expresó el consultor independiente.

Otra modificación que le preocupa al consultor es que el Congreso va a poder legislar en materia de seguridad interior, un concepto que no está definido en ninguna ley y tampoco existe alguna legislación de seguridad interior.

“Otro cambio preocupante es que es le están dando carácter civil ―a la fuerza y a como dé lugar― a la GN, y le están dando misiones de seguridad pública y seguridad interior, haciendo una confusión de ambos términos o confundiéndolos”, indicó. 

“Esto me preocupa porque el país jamás tendrá una Policía Federal de carácter civil y menos una Ley de Seguridad Interior que debería de regular, a mi parecer, a la GN como una fuerza intermedia, ni militar, ni civil. O sea, debería de ser un modelo como la Gendarmería Nacional francesa o Carabineros de Chile”, agregó Ordóñez.

A su criterio, todos estos cambios le darán una proyección inmensa en el interior del territorio a la Sedena, ya sea para operar como fuerza militar, o incluso como constructora ―por los trenes que van a construir― y como empresarios, pues ya operan algunas y tienen contratos millonarios. “Nadie los podrá regular ni auditar. Va a costar demasiado trabajo quitarles todo este poder en un futuro”, finalizó el analista.