¿Podrán detener a Bukele cortándole la ayuda?

La reducción de ayudas a El Salvador y al presidente Nayib Bukele es parte de una estrategia para aumentar la presión sobre él para obligarlo a alinearse, señalan expertos.

Tras destituir el 1 de mayo a todos los jueces de la corte constitucional, al fiscal general y a la autoridad anticorrupción, la reacción internacional ha sido crítica con Bukele. Incluso, la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (Usaid) ha anunciado que recortará algunos programas de ayuda al país.

“Creo que Estados Unidos agotó la fase de mensajes fuertes y están empezando a endurecer las consecuencias de manera muy lenta”, dijo a BNamericas el analista Noah Bullock.

El 11 y 12 de mayo, el enviado especial de Joe Biden a Centroamérica, Ricardo Zúñiga, se reunió con Bukele después de que este rechazara sostener conversaciones en abril. Zúñiga sugirió a El Salvador revertir las medidas.

La respuesta de Bukele fue que los cambios eran "irreversibles".

Finalmente, se dio a conocer una lista de funcionarios corruptos que Norma Torres, representante de Estados Unidos de origen guatemalteco, había presionado para publicar. En ella se incluye a la jefa de Gabinete de Bukele, Carolina Recinos, por haber "participado en importantes actos de corrupción durante su mandato".

Se mencionan también a otros cuatro miembros de la élite política de El Salvador, pero no del tradicional y ahora opositor partido Arena. Esto fue algo que Bukele aprovechó para calificar de cuestión geopolítica, no de corrupción.

En un comunicado, Usaid menciona las medidas adoptadas el 1 de mayo como motivo del retiro de apoyo. Según el abogado y autor Tim Muth, esto podría hacerle el juego a Bukele.

“Él ve a los grupos que abogan por la transparencia y la separación de poderes como la oposición política. Considerará que el dinero que se destina a los tipos de ONG es financiamiento directo a sus oponentes”, dijo Muth a BNamericas.

En respuesta, Bukele ordenó a su procurador general Rodolfo Delgado y a la Asamblea Nacional analizar la actual ley de ONG. El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, tiene un proyecto de ley similar en su escritorio, mientras los políticos centroamericanos buscan silenciar a sus críticos.

Los programas que se están recortando incluyen planes directamente relacionados con la seguridad y otros diseñados para ayudar a jóvenes en situación de riesgo, combatir las pandillas y apoyar a grupos de mujeres como UNI mujer ODAC.

En respuesta, Bukele admitió que USAID puede enviar dinero donde quiera, pero sería ilegal financiar a opositores políticos.

Muth espera más conflictos de esta naturaleza, especialmente si USAID financia medios independientes de manera directa o indirecta. También cuestiona si esto tiene sentido, considerando que uno de los principales objetivos de la política exterior de Estados Unidos reducir la migración desde Centroamérica.

“Alejarse de las cosas que reducirán la delincuencia y el tratamiento de los problemas de las pandillas podría ser contraproducente, pues podría generar más migración”, advierte Muth.

Como alternativa al financiamiento estadounidense, la Asamblea Nacional salvadoreña aprobó préstamos internacionales por un valor de US$1.000 millones de una gran variedad de organizaciones multilaterales. Esos préstamos se habían negociado antes del 1 de mayo, pero no fueron aprobados por la Asamblea Nacional anterior.

La popularidad interna de Bukele sigue siendo alta ahora que se acerca a su segundo aniversario en el cargo. Su partido Nuevas Ideas recibió 75% de respaldo en las recientes elecciones legislativas y locales.

Parte de ello obedece a la entrega de vacunas suficientes, pues siete alcaldes hondureños le pidieron dosis para sus habitantes y un alcalde guatemalteco, Neto Bran, hizo lo propio.

“La relación entre Honduras y la vacuna es una cuestión fascinante. Más allá de que Bukele quiera parecer humanitario y mostrar a Honduras, ¿tiene otras aspiraciones?”, pregunta Muth.

El gobierno continúa promoviendo paquetes de alimentos en comunidades de todo el país y la tasa de homicidios se mantiene en sus niveles mínimos de la posguerra. Sumando y restando, es fácil ver por qué el ciudadano promedio en El Salvador cree que las cosas están mejorando con Bukele.

Queda en duda si esto es financieramente sostenible, en particular si las organizaciones internacionales, advertidas por personas en terreno en El Salvador, sienten preocupación por el estado de derecho.

"Hay una mayor presión para trazar una línea con Bukele y contrarrestar de manera efectiva lo que parece, especialmente en Guatemala, Honduras y El Salvador, es un retroceso en el estado de derecho democrático y la lucha contra la corrupción", concluye Bullock.