Políticas energéticas y reformas constitucionales mexicanas amenazan beneficios de T-MEC

El think tank mexicano de políticas públicas IMCO y el grupo de expertos internacional Centro Wilson, con sede en Washington, advirtieron que las políticas mexicanas en el sector energético y las reformas constitucionales propuestas ponen en peligro los beneficios del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El 1 de julio se celebró el cuarto aniversario del acuerdo, que expirará en julio de 2036. La primera revisión del convenio está prevista para julio de 2026, cuando los tres países podrán decidir prorrogarlo por otros seis años.

IMCO y Centro Wilson señalaron que, para una revisión exitosa del T-MEC en 2026, es crucial resolver las disputas en curso entre los Estados, incluso en el sector energético.

"La energía tiene el potencial de ser una especie de bomba en el tratado", dijo a BNamericas el director de economía del IMCO, Jesús Carrillo.

Dos disputas relacionadas con el sector energético ―y una vinculada al maíz modificado genéticamente― siguen sin resolverse.

EE.UU. y Canadá han alegado en dos casos paralelos que las políticas energéticas mexicanas están afectando negativamente a sus empresas energéticas en beneficio de las estatales mexicanas Pemex y CFE.

Estas políticas incluyen retrasos en el otorgamiento de permisos a empresas privadas del sector eléctrico y propuestas para darle prioridad a CFE en el mercado.

En febrero, la Corte Suprema de México declaró inconstitucionales estas medidas. Si en septiembre se aprueban reformas constitucionales que permitan la entrada en vigor de las disposiciones, Carrillo afirmó que las empresas energéticas estadounidenses podrían ejercer una mayor presión sobre su gobierno para que tome medidas en virtud del tratado.

“El ámbito más difícil ahora es el sector agroalimentario. Si pasa la reforma en materia energética, la reforma constitucional, yo creo que eso sí puede levantar más alertas”, afirmó Carrillo.

Ambos grupos de expertos indicaron que las reformas constitucionales propuestas plantearán potencialmente un desafío para el desempeño del T-MEC.

Estas reformas incluyen la eliminación de agencias normativas autónomas como el regulador antimonopolio, Cofece, el de telecomunicaciones, IFT, y de energía, CRE, y la incorporación de sus funciones a las secretarías.

"Si la forma que tome la reforma constitucional en materia energética es que CFE no va a poder invertir más en la transmisión y distribución junto con el sector privado, pues, creo que ahí sí podría haber más problemas. Porque se está cerrando un mercado muy importante en inversión", puntualizó Carrillo.

IMCO y Centro Wilson manifestaron que establecer la precedencia de CFE obre las empresas privadas e introducir nuevas restricciones para estas en el sector energético podría vulnerar las disposiciones del T-MEC.

"La resolución de disputas pendientes y alineación de marcos regulatorios entre los tres países del T-MEC es crucial. A medida que se acerca la revisión, será fundamental alinear las políticas públicas entre México, EE.UU. y Canadá, así como mantener los pesos y contrapesos necesarios para garantizar su longevidad y aprovechar sus beneficios al máximo", afirmaron.