
Potencial cierre de Cobre Panamá suscita interrogantes y riesgos

Miles de personas celebraron en las calles el histórico fallo de la Corte Suprema de Panamá que dictaminó esta semana que se podía cerrar la mina a cielo abierto Cobre Panamá, cuya extensión de su contrato con el Estado desencadenó protestas y bloqueos carreteros que prácticamente llevaron a la economía a una paralización.
Sin embargo, la resolución que declara inconstitucional el contrato a 20 años con Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals, plantea muchas preguntas y supone riesgos.
“Por el impacto en la sociedad panameña del proceso de cierre y sus consecuencias ambientales, laborales, sociales, económicas y legales, cada decisión que adoptemos como país tiene que ser atendida de manera responsable, inclusiva y participativa”, señaló el presidente Laurentino Cortizo al dirigirse a la nación el martes.
Ese mismo día, la cámara de comercio, industrias y agricultura CCIAP hizo un llamado a conformar un comité técnico multisectorial que aborde las implicaciones ambientales, jurídicas y económicas del cierre de Cobre Panamá.
No está claro cuándo dejará de operar la mina, si First Quantum recurrirá a un arbitraje internacional, qué pasará con los activos de la empresa en el país y lo que esto significa para la minería local, luego de una moratoria por tiempo indefinido sobre la minería metálica que promulgó Cortizo este mes para tratar de detener las protestas contra la actividad y el gobierno.
Si bien la moratoria excluyó expresamente a Cobre Panamá, la negociación de un nuevo contrato entre el Estado y la minera por el activo parece ahora improbable.
“Cerrar la mina no es un proceso fácil. Es un proceso lento y habrá que ver cómo se negocia. Lo primero que tiene que hacerse es cambiar al equipo negociador. Tiene que cambiarse tanto a los ministros de Comercio y de Ambiente como al de Obras Públicas porque en un país que se respete deben ser juzgados penalmente”, dijo a BNamericas el abogado experto en minería y arbitrajes Guillermo Cochez.
“Es muy fácil echarle la culpa de la crisis a los trabajadores o indígenas, pero la culpa es de los que impulsaron un contrato que a todas luces era inconstitucional”, agregó.
El exembajador de Panamá ante la OEA señaló que es esperable que el Ministerio Público investigue a los funcionarios que participaron en la aprobación del contrato. Y, a diferencia de otros expertos en arbitraje internacional, Cochez no cree que la nación se vea obligada a pagar una compensación, ni siquiera los hasta US$50.000 millones que la cámara minera Camipa ha calculado en el escenario más conservador.
"Los daños causados por la mina en todo lo que se le dio superaría en miles de millones lo que ellos [la empresa] nos puede reclamar, porque el daño ambiental causado a nuestra tierra y aguas es tan grande que eso no tiene manera de competir", dijo Cochez.
“A ellos no les conviene un procedimiento de arbitraje porque pueden perder y el procedimiento podría quebrar el valor de las acciones de First Quantum, que han perdido casi una cuarta parte de su valor hace un mes”, agregó.
El exministro de Economía y Finanzas Dulcidio de la Guardia, quien ahora es jefe de finanzas del bufete representante de Minera Panamá, Morgan & Morgan, señaló que uno de los primeros problemas que tendría el Estado será la forma de disponer de los US$11.600 millones en activos fijos que se encuentran en la mina.
“En la mina hay maquinaria industrial, plantas de procesamiento, una central termoeléctrica, un puerto, infraestructura, más el pozo de la mina, lo que llaman el mining pit, que es donde extraen el cobre”, dijo al medio País Minero.
“Si mañana cierran la mina, alguien tiene que custodiar eso, alguien tiene que mantenerlo y ver cómo disponer de esos US$11.600 millones en activos o ¿pensamos que eso no va a costar dinero? Eso puede costar cientos de millones de dólares”, indicó.
Otro factor por considerar son las elecciones generales que celebrará Panamá en mayo, por lo que será difícil que una administración saliente negocie un nuevo contrato y, en opinión de Cochez, se tendría que esperar a que asuma un nuevo gobierno.
Cobre Panamá, que representa cerca del 5% del PIB de Panamá, produjo 112.734t de cobre el tercer trimestre, además de oro y plata
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