Presidente de El Salvador amenaza con vetar ley de aguas

El presidente Nayib Bukele amenaza con vetar las enmiendas al proyecto de ley de aguas que ha estado estancado en la Asamblea Nacional de El Salvador durante 15 años.

El debate se reactivó el año pasado, pero solo se aprobaron 52 de las 160 enmiendas, según la representante Dina Argueta. Con su veto, Bukele quiere evitar aprobar "leyes apresuradas", según un comunicado de la Presidencia.

“¿Ley del agua aprobada por los diputados salientes? No, señores ¡Veto!”, señaló en un tuit Bukele (en la foto). “¿Si entienden lo que significa la irrelevancia política, verdad?”.

La Presidencia indicó después que Bukele no negociará con los representantes salientes.

“La ley de aguas que se está discutiendo es la articulación de un sector que está divido en varias leyes que no permiten la verdadera gestión del recurso en la actualidad", dijo a BNamericas el titular de sustentabilidad del grupo local Ternova, Rodrigo Samayoa. "La ley de acueductos y alcantarillados, la ley de medio ambiente, la ley de pesca y la ley de riego y gestión de cuencas tienen responsabilidades”.

El partido de Bukele, Nuevas Ideas, dominará la Asamblea Nacional a partir del 30 de abril, lo que podría facilitarle la aprobación de leyes. El mandatario también insinuó que el manejo del agua es un tema clave.

Después de anunciar planes para su propia ley de aguas en marzo de 2020, en octubre Bukele nombró comisionado presidencial para el agua a Frederick Benítez, expresidente del regulador del agua ANDA, y se le encomendó la tarea de redactar una propuesta.

“Tenemos cantidades inmensas de agua en el territorio salvadoreño, pero no ha habido infraestructuras para captar agua. Tenemos que plantear nuevas políticas y proyectos y garantizar el agua a las generaciones futuras”, señaló Benítez esta semana a Radio El Salvador.

“Hemos preparado una propuesta de ley de agua con el acompañamiento técnico de la [Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura] FAO. La ley va enfocada a consumo humano, industria y recreación; es una ley que incluye a todos”, agregó.

Entre los planes figuran actividades de reforestación en 114 municipios de la sección salvadoreña del Corredor Seco, a lo largo de la costa del Pacífico. El área ha sido objeto de sequías extremas atribuidas al aumento de la migración y la inseguridad alimentaria.

Recientemente han estallado protestas para exigir el acceso al agua.

Uno de los principales puntos conflictivos de la ley en la Asamblea Nacional ha sido la directiva de la autoridad hídrica. Un acuerdo del año pasado consideró el nombramiento de privados, pero la feroz reacción pública obligó a poner fin al debate.

Esta semana, la comisión legislativa de medio ambiente decidió que los cinco miembros de la junta directiva provendrían del sector público, pero Bukele rechazó la decisión. La comisión recomendó que el presidente seleccione al titular de la autoridad, mientras que los ministerio de Medio Ambiente, de Economía, de Agricultura y de Salud podrían designar un representante cada uno.

Samayoa, de Ternova, indicó que gran parte del sistema de agua rural ha sido administrado de manera privada desde la década de 1990, a menudo regulado por la entidad de desarrollo comunitario Adesco y las juntas de agua. Agregó que, sin la ley, el manejo del agua solo empeorará.

“No existe un modelo perfecto, hay ejemplos de gestión privada exitosos, hay ejemplos de gestión pública exitosa; lo importante es poder encontrar la solución correcta para la demografía exacta”, comentó.