Prohibición de minería a cielo abierto fomentaría ilegalidad e inseguridad en México

Más allá de las implicaciones económicas que han advertido las asociaciones mineras por la prohibición de la minería a cielo abierto en México, la inseguridad en las comunidades mineras también podría agravarse ante la mayor probabilidad de operaciones mineras ilegales en estas zonas, advierte un consultor.

“Respecto a la prohibición de la minería a cielo abierto, me parece que prohibirla, para empezar, es un desacierto. De entrada, por la conducta humana, cuando prohíbes por añadidura te genera un problema”, dijo a BNamericas David Betancourt, fundador de Mining Risks Advisors (MRA) y consultor especializado en seguridad para la minería.

“Ya hay un problema de minería ilegal fuerte, del cual no se habla”, señala Betancourt en referencia a operaciones de baja escala o artesanales. Sin embargo, con los actuales precios de los metales, la minería ilegal se ha vuelto altamente rentable, incluso para el crimen organizado.

Si no va a haber minería en un área determinada porque se va a prohibir, las agrupaciones delictivas aprovecharán la situación. Esto creará graves problemas sociales en áreas ya abandonadas, que son vulnerables a muchos peligros y carecen también de seguridad o control territorial, agregó el experto.

A mediados de agosto, la comisión de puntos constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó la propuesta del Ejecutivo para prohibir la minería a cielo abierto. Esta fue presentada inicialmente en febrero por el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador como parte de un paquete de 20 iniciativas de reforma constitucional, que incluye una controvertida reforma al Poder Judicial.

Si bien la prohibición de la minería a cielo abierto no figuraba entre las prioridades de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, cuyo mandato empieza el 1 de octubre, ahora se espera que sea discutida y aprobada en septiembre por ambas cámaras del Congreso, donde la coalición oficialista contará con amplia mayoría.

Betancourt considera que no debería tratarse una prohibición de la minería a cielo abierto, sino una mejor regulación de manera consensuada.

“La mayoría manda, pero invita a todos los actores a trabajar, porque nadie tiene la verdad absoluta y, a veces, no es muy apropiado, correcto o conveniente hacer de las cosas frío o caliente, blanco o negro. Debe haber términos intermedios”, planteó el consultor.

Puso como ejemplo el estado de Sonora, que es el mayor productor de cobre del país y concentra el 25% de las operaciones en esta modalidad.

“De cada 100 personas, vas a afectar a 25 por prohibir esta práctica, que no es mala. Al final del día es un sistema de producción primaria, extractiva. Simplemente habría que regularla y ser más estrictos con la expedición de permisos, manifestaciones de impacto ambiental, consultas ciudadanas y respeto a los indígenas y vestigios prehispánicos, pero viendo la parte sostenible”, aseguró Betancourt.

La cámara minera mexicana, Camimex, calcula que 60% del valor de la producción minero-metalúrgica nacional proviene de minas a cielo abierto y que, de continuar con la reforma en su forma actual, existe el riesgo de perder más de un millón de empleos formales y de impactar los índices de desarrollo de más de 690 comunidades mineras y rurales.