Provincias argentinas enfrentan financiamiento de infraestructura más restrictivo con Milei

Las provincias de Argentina luchan por adaptarse a las restricciones al financiamiento federal, que están afectando su capacidad para avanzar con proyectos de infraestructura.

Una de las principales promesas de campaña del presidente Javier Milei fue detener casi todos los gastos en obras públicas poco después de asumir el cargo el 10 de diciembre del año pasado, lo que afectó proyectos en provincias que estaban parcialmente financiados por la administración nacional.

Si bien las autoridades sostienen que los proyectos en construcción están a salvo de las llamadas medidas de motosierra del libertario Milei, las empresas se quejan de falta de claridad.

En la provincia de Salta, por ejemplo, hay al menos 100 iniciativas en marcha con financiamiento federal, y el sector de la construcción local desconoce su futuro.

“El Gobierno Federal no nos informa nada”, dijo al medio Aries Online Juan Pablo Segura, presidente del capítulo salteño de la cámara de la construcción, Camarco, advirtiendo que podrían estar en riesgo hasta 10.000 empleos directos.

Una situación similar se está reportando en Santa Fe, donde las empresas locales advirtieron sobre retrasos en los pagos y la paralización o desaceleración de los proyectos incluso antes de las elecciones presidenciales.

“Hay 188 obras en marcha [en Santa Fe]. Ya tienen un trabajo realizado, las empresas han invertido y pagado en mano de obra y materiales. Por allí pasa la mayor preocupación”, manifestó a LT8 el jefe de la filial Rosario de Camarco en Santa Fe, Rubén Llenas.

De enero a octubre de 2023, las provincias recibieron 59.200 millones de pesos (US$163 millones cuando Milei asumió el cargo) en transferencias de capital del Gobierno Federal para obras viales, según el centro de estudios CEPA, con sede en Buenos Aires, con base en datos del Ministerio del Interior.

La cifra representa el 22,8% de todas las transferencias de capital en ese período. Otros 30.300 millones de pesos, o el 11,7% de las transferencias de capital, se destinaron a otras obras públicas.

Las provincias de Argentina dependen en gran medida del Gobierno Federal para el financiamiento en general, no solo para la infraestructura.

A partir de noviembre, en promedio, las provincias obtienen el 56,6% de sus ingresos a través del esquema federal de participación en los ingresos tributarios (CFI), y la cifra aumenta al 70,3% una vez que se incluye financiamiento adicional de la administración central (conocido como ROI), según CEPA.

Estos recursos ya habían ido disminuyendo en los meses previos a las elecciones, cuya primera vuelta tuvo lugar en octubre y la segunda vuelta en noviembre.

Poco después de asumir el cargo, el ministro de Economía de Milei, Luis Caputo, indicó que el gobierno pretende reducir las transferencias discrecionales fuera del CFI a las provincias “al mínimo”, pero desde entonces no se han dado más detalles.

Milei también se reunió con gobernadores el mes pasado para obtener apoyo para su amplio proyecto de "ley ómnibus", que apunta a reducir la presencia del estado en grandes sectores de la economía.

El debate del proyecto de ley comenzará el martes en la Cámara de Diputados, según documentos oficiales.

Pero el texto ya está recibiendo críticas de algunas autoridades, informó el lunes la agencia estatal de noticias Télam, que citó críticas de los gobernadores de las provincias de Mendoza, Catamarca y La Rioja, entre otros.

El apoyo de los gobernadores se considera clave para el éxito del proyecto de ley, ya que el partido La Libertad Avanza, de Milei, no tiene mayoría en ninguna de las cámaras del Congreso.