Qué preocupa a los clientes del segmento eléctrico no regulado en Chile

El aumento de los costos de suministro eléctrico es la principal preocupación de los clientes del segmento no regulado en Chile.

Esta es una de las conclusiones de un estudio realizado por la consultora In-Data para la asociación de clientes eléctricos no regulados Acenor. Entre los miembros de Acenor se encuentran empresas mineras y otros actores del sector industrial. En la encuesta participaron 62 clientes, cuyo consumo eléctrico representa el 51% del consumo no regulado.

Chile tiene alrededor de 2.000 clientes no regulados y alrededor de dos tercios del consumo corresponde al sector minero.

El 87% de los encuestados expresó una mayor preocupación por los precios de la energía y el impacto que tienen en la competitividad del país, dado que el precio promedio en Chile está por encima del de la vecina potencia minera Perú e incluso de países europeos como España, Francia y Alemania.

El 67% de los encuestados también expresó una mayor preocupación por la incertidumbre regulatoria al momento de firmar contratos, además de mencionar falta de visibilidad sobre las fluctuaciones de precios, especialmente al planificar el año siguiente.

Las tres que completan las cinco preocupaciones principales se refieren a la gestión eficiente del consumo energético, la variabilidad de las condiciones del mercado energético y el consumo de energía limpia o con bajas emisiones de carbono.

El aumento de los precios de la electricidad tiene impacto en el PIB, según una investigación del Banco Central.

Durante un reciente evento de Acenor, la presidenta del directorio de la agrupación, Francesca Milani, declaró: “Estamos convencidos de que la forma para que Chile avance es tener una transición energética que llegue a todas las personas, con un suministro eléctrico seguro, de calidad, cada vez más renovable y a precios competitivos”.

La preocupación surge en un contexto en el que la producción de energía renovable ha ejercido una presión bajista sobre el componente de generación, mientras que los costos sistémicos han ido en la dirección opuesta y han contrarrestados estos efectos. Los costos sistémicos pagados por los clientes no regulados han aumentado de US$2 a US$20 por megavatio/hora en cuatro años. En los últimos años los grandes usuarios también han visto afectado su gasto general en electricidad debido a un cargo por servicio público implementado como parte de la legislación del gobierno para estabilizar los precios regulados para el usuario final.

El 90% de los encuestados señala que los costos de suministro habían superado la inflación el último año, y que los aumentos estaban relacionados principalmente con los costos sistémicos o pagos secundarios (60%), la transmisión (53%) y los cargos por servicio público (42%).

Los costos sistémicos incorporan cargos por servicios complementarios, reservas hidroeléctricas y mínimos técnicos, así como pagos que realizan las generadoras para cubrir un precio estabilizado al que se remunera a las plantas de generación distribuida de la categoría PMGD (pequeños medios de generación distribuida).

Se estima que US$217 millones, aproximadamente el 20% de los costos sistémicos del año pasado, correspondieron a estos cargos, que han tenido una tendencia al alza y debieran alcanzar la marca de los US$300 millones este año. Esto alimenta las preocupaciones sobre el posible impacto en cadena en las iniciativas de descarbonización. El trimestre pasado, la capacidad de los PMGD se situó en torno a los 3GW del parque energético renovable no convencional de 18 GW que tiene Chile. La capacidad podría alcanzar casi 5GW en 2026 en medio de un acelerado crecimiento del número de proyectos (de hasta 9MW de capacidad, principalmente solares fotovoltaicos y conectados a la red de distribución) en construcción.

El gobierno creó una mesa de trabajo para analizar el precio estabilizado que reciben, calificado por algunos como un subsidio de facto que genera distorsiones en el mercado eléctrico.

En paralelo, un proyecto de ley presentado por el gobierno al Congreso para recaudar fondos con los que pagar subsidios a unos 4,7 millones de clientes regulados afectados por los elevados aumentos tarifarios podría redundar en que los PMGD sufran un recorte de ingresos de alrededor de 35% hasta 2027. Esta posibilidad ha generado debate y acusaciones de que la medida constituye un cambio unilateral de las reglas del juego. Otro componente de recaudación de ingresos del proyecto de ley es la duplicación del impuesto al carbono para los emisores fijos de US$5/t a US$10/t, reajuste que eventualmente podría trasladarse a los clientes.