Reajuste tarifario para la minería enciende debate en Ecuador

El anuncio del presidente Daniel Noboa de que retirará el subsidio eléctrico para el sector minero de Ecuador encendió el debate sobre la necesidad de sincerar los costos del kilovatio/hora de electricidad en medio de la grave crisis que sufre el país, que ha obligado a aplicar cortes programados de hasta 10 horas.

Expertos sostienen que el sinceramiento de los costos de la electricidad debe ir de la mano de políticas para incentivar la inversión en el sector y diversificar la matriz eléctrica, ya que el 80% de la energía de que dispone el país proviene de fuentes hidroeléctricas.

Según la legislación vigente, las tarifas eléctricas son definidas por el gobierno, lo que dificulta que el país reciba inversión extranjera en las proporciones que requiere para satisfacer la creciente demanda.

“Es en la generación en donde está la distorsión y allí empieza el déficit tarifario. Es necesario que el Estado vaya a un sinceramiento de todas las tarifas eléctricas”, dijo a BNamericas María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador.

La cámara sostiene que no existe una tarifa eléctrica especial ni subsidiada en el caso del sector minero.

“No existe una tarifa minera. Las empresas mineras que operan en el país no reciben una tarifa eléctrica subsidiada, pero el sector está dispuesto a conversar con el gobierno sobre modificaciones en la tarifa, siempre que se basen en criterios técnicos y no políticos, y no se discrimine a los diferentes sectores”, señaló Carolina Orozco, presidenta del directorio de la cámara minera, en conferencia de prensa.

“No pedimos preferencias. Si existe una revisión debe ser técnica y no política”, señaló Orozco.

Añadió que en Ecuador los grandes consumidores de electricidad tienen la tarifa denominada AV2, creada en 2012, siete años antes de que comenzaran a producir la mina de oro Fruta del Norte y la mina de cobre Mirador, las dos únicas de escala industrial en el país.

La tarifa AV2, establecida durante el gobierno del presidente Rafael Corea, se aplica a 5 empresas en Ecuador, consideradas grandes consumidores: la petrolera estatal Petroecuador, Lundin Gold (operador de Fruta del Norte), EcuaCorriente (operador de Mirador) y dos empresas acereras, según la cámara.

Alberto Acosta, economista de la consultora privada Grupo Spurrier, dijo a BNamericas que el mayor problema de Ecuador es que no existe un mercado eléctrico mayorista.

“Es el Estado el que fija arbitrariamente el precio y ahora, por ejemplo, dice ‘voy a mantener el precio para las acereras que están en la misma categoría de consumo que las mineras e incluso consumen más’. La solución no es poner precios al antojo ni elevarlos para un sector”, precisó Acosta.

Según el analista, la solución es crear un mercado energético que se rija por oferta y demanda para que el sector comercial e industrial compren la energía a precios de mercado y que el subsidio o “precio político” se mantenga solo para el sector residencial.

Si bien Ecuador tiene solo dos minas de escala industrial en producción, hay varios proyectos que podrían comenzar a operar en el próximo decenio.

Según cifras de la cámara, la industria minera ecuatoriana exportó US$1.875 millones entre enero y julio y contribuyó con más de US$560 millones en impuestos.