Reforma al Poder Judicial en México podría agravar limbo legal en la minería

El sector minero de México teme que la casi inminente aprobación de la controvertida reforma al Poder Judicial pueda complicar aún más el ya complejo panorama legal.

Durante la administración del presidente saliente Andrés Manuel López Obrador no se han entregado nuevas concesiones mineras y ha prevalecido el retraso en la entrega de permisos, sobre todo ambientales. La reforma de 2023 a leyes que rigen la actividad aún carece de la reglamentación pertinente, lo que ha afectado sobre todo a la exploración, porque se dejó al servicio geológico SGM su exclusividad.

Diversas mineras introdujeron recursos (conocidos localmente como amparos) contra los cambios legislativos. Si bien algunos tribunales dictaron sentencias provisionales, la Corte Suprema asumió los casos que están pendientes de dictámenes definitivos para unificar el criterio.

Entretanto, siguen pendientes las resoluciones del máximo tribunal respecto a dos acciones de inconstitucionalidad contra la reforma minera del año pasado, lo que contribuye a la incertidumbre general.

Dado que la reforma al Poder Judicial ya está en debate en el Senado, y estaría próxima a aprobarse gracias a la mayoría legislativa de la coalición gobernante, la industria minera teme que se retrasen aún más no solo las acciones de inconstitucionalidad pendientes por resolverse contra la reforma y los dictámenes definitivos de los amparos, sino además la propia actividad minera. 

Alberto Vázquez, abogado experto en minería, dijo a BNamericas que cree “que primero deben resolver la acción de inconstitucionalidad y de ahí dictar el criterio para que tribunales colegiados emitan sentencias a los amparos”. 

No obstante, si se llega a aprobar la prohibición de las minas a cielo abierto que también se discute en el Congreso, las autoridades tendrán que modificar la Constitución y revisar nuevamente la ley minera vigente. 

A mediados de agosto, la comisión de puntos constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó la propuesta del Ejecutivo de prohibir la minería a cielo abierto. Esta fue presentada inicialmente en febrero por López Obrador como parte de un paquete de 20 reformas constitucionales y jurídicas, que incluye también la transformación del Poder Judicial.

INCERTIDUMBRE

La perspectiva de dichos cambios deja al sector minero en un estado de gran incertidumbre.

Joel González, socio sénior de ALN Abogados, indicó en el Mexico Mining Forum 2024 que, si se prohíbe la minería a cielo abierto, vendría un “periodo de estancamiento derivado de toda la defensa que va a derivar de esta reforma”.

Andrés Pérez Howlet, socio del bufete Molina, Hanff & Pérez-Howlet, explicó en su presentación en el panel Mexico Mining Policy Framework que si bien la reforma judicial, ya aprobada por los diputados, no tiene un impacto directo sobre las reglas de la minería, el Poder Judicial es el órgano que ayuda a dirimir las controversias en el sector.

Agregó que la preocupación de la minería se ha agravado por el retraso en la reglamentación de la Ley Minera de 2023, junto con la incertidumbre en torno a la reforma judicial, cuya modificación fundamental es la elección de jueces por voto popular. La posibilidad de que asuman jueces alineados ideológicamente ha hecho saltar las alarmas sobre la imparcialidad de las futuras sentencias en litigios mineros.

“El temor que existe es quién va a ganar esas elecciones. Estamos viendo cómo se han dado los resultados de las elecciones [recientes]. Pues va a ganar gente seguramente afín a este proyecto y entonces nuestras impugnaciones tendrán ese riesgo de caer en ese aspecto ideológico. Por eso es que el llamado de atención hoy por hoy es de preocupación y de que la industria debe tomar un papel mucho más activo en esto”, dijo Pérez Howlet.

Voces dentro de la industria, como el vicepresidente de sustentabilidad de Discovery Silver, José Jabalera, enfatizaron la naturaleza a largo plazo de la minería y en cómo la cambiante normativa afecta las estrategias empresariales.

“Del lado de las empresas se ha venido el tema de incertidumbre: te cambio las reglas, y esto es un negocio a largo plazo, son periodos muy largos de maduración y te cambian las reglas a medio camino”, indicó. “Como con la reforma del año pasado, sí hubo un cambio en la Ley Minera, de aguas. Estaba el cambio, pero luego nunca tuvimos los reglamentos y fue otra incertidumbre que te deja abierto a cosas”.

Jabalera comentó que no saber qué pasará con los amparos que fueron asumidos por la Corte Suprema también contribuye a la falta de certeza jurídica en el sector. 

“Estos temas de incertidumbre empieza a sumar, impactan los índices de competitividad del país y empiezas a retirar o a apartar nuevas inversiones. Y a eso no le estamos agregando todo el tema de exploración, porque hemos visto últimamente muy pocas empresas explorando realmente como se veía en México”, se lamentó el ejecutivo. 

“Todos estamos dando el beneficio de la duda. Siendo optimistas, esperamos que haya un cambio, que se dé una administración con otro perfil”, indicó Jabalera. “Lo que le interesa es el tema del bienestar social”.

González, de ALN Abogados, señaló que una de las lecciones que se deben aprender es cómo se ve hacia adelante el actuar de las empresas y de toda la industria.

“Creo que tiene que venir un periodo o un tema de adaptación a esta nueva administración y a esta nueva política. He oído que hablan de 'minería del bienestar', el trasfondo social que tienen estas iniciativas, y creo que eso es muy importante. Uno de los principales aliados tiene que ser la comunidad donde se opera: es uno de los principales defensores de esos proyectos de la industria”, comentó González.

Mientras tanto, para Pérez Howlet, hay “una luz de esperanza” con los perfiles más técnicos que entrarían al Gabinete con la nueva administración el 1 de octubre, “sin tanta presión ideológica que rige a la actual". 

"Podemos esperar una nueva visión una vez entre la nueva presidenta”, indicó. 

Claudia Sheinbaum, presidenta electa y miembro del partido Morena, reemplazará a AMLO el 1 de octubre.