Reformas constitucionales de México amenazan posibles alianzas estratégicas de Pemex

Las reformas regulatorias de amplio alcance propuestas en México podrían retrasar la reanudación de las alianzas entre Pemex, la endeudada petrolera nacional, y empresas privadas de hidrocarburos.

Las modificaciones constitucionales que el Congreso puede aprobar en septiembre contemplan que la Secretaría de Energía (Sener) asuma las funciones reguladoras del organismo de control de hidrocarburos CNH.

Esas reformas podrían frustrar cualquier intento de Pemex de ceder participaciones en yacimientos de petróleo y gas a operadores privados. En las últimas semanas, se ha especulado con que la presidenta electa Claudia Sheinbaum podría utilizar las farm-outs o “asociaciones estratégicas” para recaudar caja para Pemex, cuya deuda bordea los US$100.000 millones, con el fin de atraer nuevas inversiones al segmento upstream mexicano.

“El Gobierno mexicano quedará en el limbo después de las reformas constitucionales”, dijo a BNamericas Teresa Gallegos, anterior directora general de contratos de petróleo y gas de Sener y exfuncionaria de la CNH.

“Tras la aprobación de las reformas constitucionales, los cambios a la estructura de la administración pública federal requerirán ratificación a través de legislación secundaria y reglamentos internos. El proceso de aprobación, en el que participarían la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de la Función Pública, podría tomar más de un año”, añadió Gallegos, quien ayudó a implementar las reformas energéticas de 2013, las cuales dinamizaron la inversión extranjera en el segmento upstream.

“Para evitar la parálisis jurídica y garantizar el avance de los acuerdos de farm-out, es esencial un marco de transición transparente”, sostuvo.

El gobierno saliente de Andrés Manuel López Obrador, mentor de Sheinbaum, ha sido hostil a la inversión privada en el sector energético y ha aplicado políticas de nacionalismo en este ámbito. Su gobierno canceló asociaciones estratégicas que Pemex tenía en carpeta.

“Al parecer, los nuevos contratos de asociación estratégica serán adjudicados por el consejo de administración de Pemex, tal vez después de un proceso de licitación interna”, indicó Gallegos, hoy asesora legal independiente en materia de energía y sostenibilidad. “Será la manera en que Sheinbaum demuestre que mantiene la soberanía energética, pero es posible que no haya transparencia en el proceso”.

El primer yacimiento de petróleo y gas en México con derechos cedidos a privados fue el campo de aguas profundas Trión, donde la energética australiana Woodside adquirió una participación operativa de 60% y Pemex se quedó con el 40% restante. Este acuerdo fue mencionado como modelo para futuras asociaciones.

“Pemex no tiene dinero para invertir en el desarrollo de yacimientos petrolíferos”, advirtió Gallegos. “Ya tiene una lista de más de 20 campos que fueron analizados para posibles acuerdos de asociación estratégica antes de que López Obrador asumiera el cargo. Todo lo que necesitan hacer es ponerse manos a la obra”.

“Las cesiones de derechos de explotación podrían ser la única salida para Pemex, pero el proceso debe ser transparente y competitivo”, añadió. “Las empresas que ya están en México, como ENI y Woodside, estarán interesadas, pero no creo que las que abandonaron México bajo el gobierno de López Obrador regresen. Las principales razones son la incertidumbre jurídica y la falta de transparencia en torno a estas farm-outs”.

Las petroleras internacionales también podrían mostrarse reticentes a participar en nuevas asociaciones estratégicas debido a la elevada carga de deuda de Pemex y su historial de retrasos en los pagos a proveedores y otros socios.

Sheinbaum asumirá el cargo el 1 de octubre.