Régimen argentino de inversiones beneficiaría a proyectos provinciales

Los gobiernos provinciales de Argentina podrían obtener beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del presidente Javier Milei, pero los expertos están a la espera de ver de qué forma se aplica en la práctica en sectores como el gas y la minería.

El RIGI es parte del proyecto marco de reforma económica del mandatario aprobado por el Congreso la semana pasada. Este entrará en vigor junto con el resto de la ley una vez que esta se publique. 

Mientras tanto el ejecutivo tiene un plazo de 30 días para dictar las normas reglamentarias del Rigi, dijo en una conferencia en línea Nicolás Eliaschev, socio del bufete Tavarone, Rovelli, Salim & Miani.

El esquema otorgará a proyectos con una inversión de al menos US$200 millones beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios durante 30 años.

Las provincias que adhieran al Rigi no podrán establecer nuevos gravámenes locales, salvo tasas retributivas, pero sólo por servicios efectivamente prestados.

Ante la pregunta de BNamericas sobre la viabilidad financiera de este modelo para las provincias, que registran un notable descenso de sus ingresos fiscales, Eliaschev explicó  Las provincias tienen interés en la implementación de este régimen porque, entre otros beneficios, colaborará en el desarrollo de mano de obra local, permitirá el cobro de regalías para nuevos proyectos, además de tributos a nivel local.

“En el caso de proyectos de recursos naturales como cobre, litio o hidrocarburos, [las provincias] van a cobrar regalías que hoy no estamos cobrando. Ahí es donde está la gran apuesta. Estaremos viendo a las provincias del norte, como Salta, Jujuy y Catamarca, en el caso del litio; San Juan, en el del cobre; y la Patagonia, en el de los hidrocarburos”, manifestó durante el evento organizado por el bufete para discutir las implicaciones del RIGI para las inversiones.

Un funcionario de la provincia de San Juan expresó anteriormente a BNamericas que el aumento de las regalías mineras de 3% a 5% —opcional para los gobiernos provinciales— traerá más competitividad a los distritos donde se desarrolla la minería.

En el caso de infraestructura, el régimen favorecerá a las concesiones que se otorguen mediante licitación o a través de un proceso de iniciativa privada.

“Lo que esta reforma de la ley trata de hacer es modernizar el régimen de concesiones, que es una ley de 1970 a criterios más actuales y con un enfoque más financiero y de bancabilidad”, destacó en el mismo evento Javier Constanzó, socio de energía, infraestructura y recursos naturales de Tavarone Rovelli, Salim & Miani.

El experto aseveró que será clave cómo las normas complementarias y reglamentarias regularán la relación del RIGI con las concesiones y la iniciativa privada, ya que esto determinará, el modo en que se articulen dichos regímenes de manera complementaria, y el esquema de ingresos y financiero asociados a tales obras