Régimen de inversión propuesto por Milei divide a actores mineros

El régimen de incentivo para las grandes inversiones (RIGI), parte del proyecto Ley Bases que presentó el presidente Javier Milei, hoy en debate en el Senado, es uno de los puntos que divide a la industria minera de Argentina. 

Por un lado, se defiende la propuesta que crea incentivos impositivos, aduaneros y cambiarios para atraer proyectos sobre los US$200 millones, y por otro, es considerada insuficiente para proteger el empleo, garantizar la compra interna y afirmar la sustentabilidad de las pymes, entre otros aspectos.

Los gobernadores de las provincias de Catamarca, Salta y San Juan participaron en la formulación del RIGI con foco en impulsar los proyectos de cobre Mara en Catamarca; Josemaría, Los Azules y El Pachón en San Juan; San Jorge en Mendoza; y Taca Taca en Salta.

“El régimen otorga seguridades que en parte existen, pero que han sido incumplidas. Ofrece mecanismos al inversor, como procedimientos adicionales, en casos de incumplimiento, aparte de incentivos fiscales”, comentó Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), en entrevista con un medio local.

Además de la minería, el RIGI se aplicaría en los sectores agroindustrial, forestal, energético, tecnológico, de infraestructura y de hidrocarburos.

Entre los aspectos favorables se valora que busque incentivar las inversiones, recuperar los dólares invertidos y regular la carga tributaria de la minería que, según un medio local, ascendería a 50,8%. 

En Chile, en tanto, la carga máxima de impuestos para la gran minería del cobre se fijó en 46,5% dentro del marco de la ley del royalty minero.

Las iniciativas mineras están gravadas en Argentina con regalías de hasta un 3% sobre el mineral extraído, junto con el impuesto a las ganancias, tributos municipales, impuestos a los débitos y créditos bancarios y derechos de exportación, entre otros, además de compromisos adicionales que se pactan con cada gobierno provincial.

"La complejidad tributaria debe resolverse. Entre el 60% y 80% de lo que paga un empleador son impuestos, y una micropyme que tiene un costo de 1,80 millones de pesos [US$2.040] paga 800.000 en impuestos", dijo Francisco Stern, CEO de la comercializadora de productos siderúrgicos Stern Trading, en conversación con BNamericas.

En el segundo paro general convocado por sindicatos y organizaciones de trabajadores el martes participaron la asociación obrera minera AOMA y trabajadores de la asociación sindical de profesionales de la actividad minera Asijemin en contra de los ajustes del gobierno.  

Pese a la falta de consenso, el secretario nacional de Minería, Luis Lucero, expresó que existe confianza en el repunte del sector debido al alto interés de los inversores internacionales. “Es nuestra opción no desaprovecharlas”, dijo en un evento organizado por la CAEM. 

En la ocasión, Lucero rechazó las trabas que se imponen a la minería: “Los que prohíban la actividad deberán hacerse cargo del daño económico que causan”.  

Sus dichos aluden a las prohibiciones que existen para la explotación a cielo abierto y el uso de cianuro, mercurio y ácido sulfúrico en provincias como Chubut, La Pampa, Mendoza, Córdoba, San Luis y Tucumán. 

“Debemos analizar nuestras normas y decisiones sopesando sus efectos económicos, especialmente cuando implican dejar de lado recursos económicos y puestos de trabajo”, enfatizó el funcionario.  

El año pasado, la industria minera reportó exportaciones por US$4.023 millones, o el 6,1% del total nacional, y se espera que la cifra aumente a US$19.100 millones para 2030, especialmente por la minería del litio, cobre, oro y plata. 

Aún queda más del 70% del territorio nacional por explorar, por lo que "si el camino lo permite, la minería argentina, junto a la industria del campo y [la formación de hidrocarburos] Vaca Muerta, harían repuntar al país", señaló Stern.