Se agudizan dificultades sociales entre mineras en Guatemala

Miles de guatemaltecos expresaron su oposición al proyecto de oro Cerro Blanco, en manos de Bluestone Resources, en una señal más de las complicadas relaciones sociales que enfrentan las mineras en el país.

En una consulta informal el domingo, rechazada por Bluestone y el Ministerio de Energía y Minas (MEM) por ser ilegítima y estar viciada, el 88% de los cerca de 8.500 votantes rechazaron una operación minera que afecte “los recursos ambientales naturales” de Asunción Mita, la localidad más cercana a Cerro Blanco en el departamento de Jutiapa, en el sur del país, informó el medio local El Periódico.

Si bien su validez es cuestionable, la consulta demuestra que los activistas antimineros siguen estando presentes y activos en el país centroamericano y están intensificando los esfuerzos para bloquear el proyecto con el apoyo de al menos algunos lugareños.

La votación se llevó a cabo mientras las autoridades guatemaltecas evalúan una modificación al permiso ambiental presentada por Bluestone para reflejar el cambio de una operación subterránea a una a cielo abierto.

Bluestone, con sede en Vancouver, dijo en junio que espera una decisión para fines de año.

El momento delicado en que se celebró la consulta podría haber sido intencionado con el objetivo de aumentar la presión sobre las autoridades para que rechacen la solicitud o retrasen su decisión.

Las acciones de Bluestone se contrajeron luego de la consulta al cerrar en 0,52 dólares canadiense el martes, en comparación con el cierre del viernes anterior, de 0,69.

HISTORIAL DE CONFLICTOS

Guatemala tiene una largo historial de conflictos sociales relacionados con la minería, que han paralizado o suspendido minas y proyectos.

Protestas locales y recursos interpuestos por la ONG antiminera Calas han redundado en suspensiones en las tres principales operaciones mineras de propiedad extranjera del país.

Dos de ellas —la mina de plata, plomo y zinc Escobal, de Pan American Silver, y la operación en que se explotará principalmente oro Tambor de Kappes, Cassiday & Associates (KCA)— han estado paralizadas por varios años.

Si bien Solway Investment Group reinició la explotación en su mina de ferroníquel Fénix luego de una suspensión temporal, la compañía ha continuado enfrentando protestas, lo que llevó al presidente Alejandro Giammattei a imponer estado de sitio por 30 días en El Estor, en el departamento de Izabal, a fines del año pasado.

RESPUESTA DE BLUESTONE

la compañía dijo que la consulta fue organizada por una comisión "parcial" compuesta únicamente por defensores antimineros, que también contó los votos.

Durante el referéndum se observaron además actividades ilegales e irregulares, indicó Bluestone en un comunicado, y se cree que varios votos fueron emitidos por personas que viven fuera del área de influencia del proyecto.

El referéndum —que no es jurídicamente vinculante— se llevó a cabo a pesar del dictamen de un juez del departamento de Jutiapa de suspenderlo, agregó la empresa en el comunicado.

“Este referéndum es claramente inconstitucional y está lleno de irregularidades”, dijo el presidente ejecutivo de la compañía, Jack Lundin, y agregó que el objetivo de Bluestone es desarrollar y operar Cerro Blanco de manera ambiental y socialmente responsable y generar empleo en las comunidades locales.

“En Bluestone no creemos que los resultados de este referéndum reflejen el parecer general de la comunidad hacia el proyecto”, agregó Lundin.

BENEFICIOS DEL PROYECTO

Bluestone también ha resaltado los potenciales beneficios del desarrollo de Cerro Blanco para las comunidades locales.

El proyecto de US$572 millones, que produciría 2,6 millones de onzas de oro durante 14 años, aportaría US$1.800 millones a la economía guatemalteca a través de salarios, compras locales, impuestos y regalías, y emplearía hasta 1.100 personas durante la construcción, indicó la compañía en junio.

Estos beneficios podrían ayudar a ganarse a los vecinos.

"Vemos riesgo en los plazos de los permisos; sin embargo, [creemos] que los méritos de Cerro Blanco desde una perspectiva laboral y fiscal triunfarán", anticipa en una nota el analista Nicolas Dion, de Cormark Securities. 

Pero otro analista de la industria, que pidió permanecer en el anonimato, dijo a BNamericas que "el daño ya está hecho" con el referéndum, a pesar de que no está claro cuántos votos fueron de los habitantes de la localidad.

Bluestone deberá seguir trabajando para abordar los desafíos sociales en Cerro Blanco, lo que será un problema permanente, advirtió el analista.

POSTURA DEL MINISTERIO

Además de una amenaza directa a Cerro Blanco, la consulta y las actividades antimineras generan un obstáculo más generalizado para el Gobierno de Guatemala y los objetivos del MEM de promover el crecimiento del sector.

Abordar las percepciones negativas de la industria fue resaltado como un elemento clave de una reforma regulatoria trazada por el titular del MEM, Alberto Pimentel, el año pasado.

La propuesta, basada en seis pilares principales, tiene como objetivo desbloquear el potencial de la minería, que podría llevar al sector a crecer hasta un 5% del PIB frente al menos de 0,5% de este momento.

El ministerio dijo que era imposible reconocer la validez de los resultados del referéndum, dado que las decisiones sobre proyectos mineros son competencia del Gobierno Central y que un tribunal ordenó detener la consulta.

Las licencias mineras en Guatemala solo se otorgan en “estricto cumplimiento” de la constitución, la Ley de Minería y los convenios internacionales suscritos y ratificados, indicó el MEM en un comunicado.

OTROS ACTIVOS

Mientras KCA sigue adelante con una solicitud de arbitraje internacional por la suspensión de Tambor, avanza una consulta con las comunidades indígenas en torno a Escobal.

La revisión y consulta previa ya están listas, mientras que ahora está en curso la consulta formal, a la que seguirá la verificación por parte de la Corte Suprema, según una nueva presentación corporativa de Pan American Silver.

Solway dijo en un comunicado que está introduciendo una nueva política de derechos humanos, siguiendo las pautas de las Naciones Unidas. La compañía inició una investigación a nivel de directorio este año luego de conocerse informes de la prensa que afirmaban que había encubierto daño ambiental y se había involucrado en prácticas corruptas, lo que Solway negó.