Se complica el panorama para el proyecto de oro Cerro Blanco en Guatemala

Cuando parecía que el sol volvía a salir para el proyecto de oro de US$572 millones Cerro Blanco, el cambio de gobierno en Guatemala con nuevas prioridades políticas y el resurgimiento de protestas ambientalistas vuelven a nublar el panorama para su propietaria, Bluestone Resources. 

La compañía canadiense se creó en 2017 con la compra de Cerro Blanco y el proyecto geotérmico Mita. El primero es un depósito de oro de alta ley cerca de la superficie que alberga unos 3,1 millones de onzas en recursos medidos e indicados. Un estudio de factibilidad demostró que es capaz de generar más de 300.000oz anuales durante una vida útil inicial de 14 años.

La historia del proyecto, sin embargo, suma ya más de dos décadas, durante las cuales se ha intentado extraer oro y plata a través del método subterráneo, pero con poco éxito, lo que motivó a Bluestone a tramitar un nuevo permiso de explotación a cielo abierto. 

El gobierno anterior autorizó el permiso poco antes de terminar su mandato en enero, en medio de advertencias de ambientalistas de que la operación podría contaminar aguas locales, lo que podría incluso afectar a El Salvador.

Bluestone informó en un comunicado en enero que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) “aprobó modificar el permiso ambiental para el proyecto de oro Cerro Blanco con el fin de cambiar el método minero de desarrollo subterráneo a desarrollo a cielo abierto”.

Según la minera con sede en Vancouver, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) actualizó, mediante resolución, la licencia minera aprobada del proyecto para reflejar la modificación del permiso que solicitó en noviembre de 2021 y el cambio al método de explotación a cielo abierto. 

Pero la alegría duró poco. Luego de que el nuevo presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, tomó posesión del cargo el 15 de enero, las nuevas autoridades señalaron que verificarían la autorización dada por la administración de su predecesor, Alejandro Giammattei, a la empresa menos de una semana antes de finalizar su mandato. 

“Guatemala es un país de por sí complicado. Ya tenemos el antecedente de Escobal porque el gobierno no convocó la consulta preinformada y todo eso que exige la norma de la OIT,” dijo a BNamericas el experto en minería internacional Martín Carotti. 

“También creo que se suma al tema de este proyecto, primero, que no es una mina en producción, es un proyecto de exploración muy avanzado, pero mucho más fácil, entre comillas, de cancelar por más que se pierdan millones de dólares […] que un proyecto que está en producción como era Cobre Panamá”, agregó el geólogo. 

El MEM informó a fines de enero que revisará todas las licencias mineras otorgadas recientemente en respuesta a denuncias a nivel nacional e internacional sobre corrupción y otras actividades ilícitas.

A mediados de abril, el viceministro de Ambiente, José Rodrigo Rodas, confirmó que el despacho daría inicio a acciones administrativas para anular la actualización del instrumento ambiental de Cerro Blanco y, por ende, la licencia ambiental del proyecto localizado en Asunción Mita, en el departamento de Jutiapa, cerca de la frontera con El Salvador.

Un día después del anuncio ministerial, Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica de El Salvador solicitó al MARN revocar la actualización del estudio de impacto ambiental.

“El proyecto más avanzado que amenaza con contaminar la cuenca del río Lempa es la mina Cerro Blanco, de la empresa canadiense Bluestone Resources”, dijo la asociación en un comunicado publicado en redes sociales. “Organizaciones ambientalistas alertamos a las autoridades que la minería a cielo abierto es una de las industrias más contaminantes del planeta y letal para la salud humana”.

Varias organizaciones también protestaron contra Cerro Blanco el 19 de abril en el lago fronterizo de Güija en El Salvador. 

La agencia de noticias EFE reportó que 10 embarcaciones con unos 300 ambientalistas de El Salvador, Guatemala y Honduras se manifestaron ese día contra el proyecto minero que, según los participantes de la acción, contaminaría las aguas del río Lempa, el más largo de Centroamérica.

Advirtieron además que son más de 50 áreas de interés minero en la zona protegida de El Trifinio, que comparten los tres países, y que la minería contaminaría las cuencas compartidas.

Al consultarle sobre cómo afecta esta situación al clima de inversión de Guatemala, Carotti respondió que “hay que tener muchas ganas de meterse en Guatemala. Es un país complejo, es un país complicado”.  

“Aparte, acá hay un condimento en particular, que es que un proyecto que estaba considerado ponerlo en producción en forma subterránea y a veces no se puede hacer. Ahora lo quieren eventualmente poner a cielo abierto. Y lo que en realidad decide si algo es a cielo abierto o en forma subterránea es la naturaleza y cómo te pone el mineral”, agregó el experto.