Seis desafíos que enfrentará el nuevo ministro de energía de Colombia

El ingeniero eléctrico Andrés Camacho asumió como ministro de Minas y Energía de Colombia en medio de la incertidumbre presente en los sectores de energía eléctrica e hidrocarburos.

El funcionario de 42 años remplazó la semana pasada a Irene Vélez, quien presentó su renuncia luego de que trascendiera que estaba siendo investigada por dos organismos estatales por presunto tráfico de influencias.

El escritorio de Camacho ya está atiborrado de tareas —muchas de ellas urgentes— relacionadas con la titubeante transición energética del país, los temores por el desabastecimiento de gas, el fenómeno climático de El Niño y la creciente incertidumbre de los inversionistas, entre otras dificultades.

A continuación, BNamericas da un vistazo a seis áreas que los inversionistas seguirán de cerca cuando Camacho (en la foto), admirador confeso de Fidel Castro y Hugo Chávez, se asiente en su nuevo cargo.

1. RETRASOS EN PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE

Podría decirse que la principal prioridad para Camacho será abordar los retrasos en una serie de proyectos de energía renovable —y su correspondiente conexión a las red— en el norte del país.

Según la asociación de energía renovable SER Colombia, alrededor de dos tercios de los proyectos eólicos y solares que deben entrar en funcionamiento en 2023 y 2024 están retrasados.

Los observadores de la industria mencionan la agitación social y el lento trámite de licencias ambientales —que incluye exhaustivas consultas con comunidades individuales— como una de las principales razones.

Además, la viabilidad de algunos proyectos se ha visto amenazada por modificaciones al régimen fiscal, incluido un impuesto mínimo de 15% que se aplicará ahora a los desarrolladores de proyectos renovables no convencionales y nuevos impuestos sobre las ventas para los generadores solares y eólicos.

Ricardo Sierra, CEO de Celsia, gestor de proyectos con sede en Medellín, advirtió en mayo que algunos proyectos serían cancelados y otros se verían obligados a cambiar sus precios por el aumento de costos.

El proyecto suspendido más prominente es Windpeshi de Enel, parque eólico terrestre de 205MW en el departamento de La Guajira cuya construcción se ha visto obstaculizada por protestas.

2. MALESTAR EN SEGMENTO DE EyP

La preocupación por el orden público y el riesgo político también han afectado al sector de petróleo y gas. El presidente Gustavo Petro ha cumplido su promesa de campaña de poner freno a las rondas de nuevos contratos de exploración petrolera y ha subido los impuestos a los productores.

Un número creciente de actores del segmento de exploración y producción han detenido sus operaciones en los últimos meses, a pesar de los atractivos precios que alimentan una sólida demanda internacional. Según el regulador de hidrocarburos ANH, al menos seis contratos de exploración y producción fueron suspendidos en el primer semestre, mientras que otros tres entraron en proceso de rescisión.

Las empresas que han tratado de ceder áreas de exploración y producción incluyen a ExxonMobil, GeoPark ,Emerald y Frontera.

A fines de mayo, el gobierno anunció medidas de ayuda al sector, como mayores plazos para los proyectos exploratorios y más flexibilidad relacionada con el uso de las áreas.

Sin embargo, los participantes de la industria han pedido pasos más concretos para dar impulso a la actividad y han seguido presionando al gobierno para que levante la prohibición de las rondas de exploración.

Mantener el statu quo podría poner en riesgo la seguridad energética, ya que la vida útil de las actuales reservas de hidrocarburos está cayendo a niveles alarmantes, según la asociación petrolera Acipet.

3. EL NIÑO

La seguridad energética será también un tema apremiante para Camacho en el segmento de energía eléctrica.

Según el operador de la red nacional, XM, los consumidores en las regiones norte y occidente de Colombia enfrentarán riesgo de apagones en los próximos meses mientras la creciente demanda va saturando la capacidad de transmisión.

La entidad con sede en Medellín advirtió que las líneas y subestaciones operaban cerca de límites de seguridad en los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena, Córdoba, Sucre, Bolívar y Chocó.

XM indicó que el inminente déficit de suministro es consecuencia de años de subinversión y retrasos en numerosos proyectos de infraestructura eléctrica.

La situación se ha visto agravada por la llegada de El Niño, fenómeno climático que podría reducir de manera significativa la disponibilidad de generación hidroeléctrica y en paralelo incrementar la demanda de los consumidores que buscan alivio por el calor.

La hidroelectricidad representa más de dos tercios de la potencia instalada en Colombia y, durante las sequías, el país debe recurrir a plantas de respaldo alimentadas con gas, carbón o combustibles líquidos.

4. EL FUTURO DEL GAS NATURAL

Por otra parte, el país reporta una creciente demanda de gas y una disponibilidad más escasa. Según la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) del ministerio, Colombia podría perder su autosuficiencia de gas natural dentro de 18 meses a menos que se incorporen nuevas reservas.

El oscuro panorama ha inspirado los planes para expandir la terminal de importación de GNL de Cartagena, única instalación regasificadora que existe hoy en Colombia. También ha llevado a las autoridades a plantear la posibilidad de reactivar un gasoducto en desuso que permitiría importar gas desde Venezuela.

Además, el gobierno continúa en busca de inversionistas para instalar una terminal de GNL en el Pacífico que debiera requerir una inversión de hasta US$1.000 millones. Las ofertas del último proceso de licitación deberían presentarse este mes, pero los posibles desarrolladores han expresado preocupación sobre quién asumirá el costo del proyecto y si será rentable.

Han trascendido rumores de que la inminente escasez de suministro podría obligar al gobierno a dar pie atrás en la decisión de dejar de lado la licitación de nuevos contratos de exploración y producción, incluso si se trata solo de exploración de gas natural.

Sin embargo, las perspectivas para esta posibilidad son dudosas, dada la falta de experiencia de Camacho en el sector petrolero y el compromiso durante su toma de posesión de "reducir el impacto ambiental de los combustibles fósiles".

5. SEGURIDAD JURÍDICA

Está por verse hasta dónde llegará el gobierno en sus esfuerzos declarados para limitar el alza de las tarifas eléctricas para los consumidores finales.

Un decreto firmado por Petro allana el camino para que el regulador CREG adopte "procedimientos técnicos” que detecten comportamientos abusivos de los participantes del mercado, señaló el Ministerio de Energía en junio.

Los críticos sostienen que la medida amenaza con socavar la confianza en el marco regulatorio del sector. Además, se teme que recortes tarifarios arbitrarios tengan implicaciones económicas para las generadoras que puedan afectar su capacidad de realizar nuevas inversiones, según Acolgen, asociación del ramo.

“Aunque se pueda tener la intención de buscar soluciones al tema de las tarifas, el contenido del decreto podría tener un efecto contrario al propuesto, poniendo en riesgo, por un lado, la señal de abastecimiento y, por otro, la confiabilidad del mercado en el mediano plazo”, indicó la presidenta de Acolgen, Natalia Gutiérrez en un comunicado.

Fitch Ratings advirtió que el decreto representaría una "clara señal" de intervención del gobierno en el mercado.

6. DUDAS POR LICITACIONES

El gobierno debe celebrar dos subastas de capacidad a fines de este año: una de contratos de energía de reserva para todas las fuentes y otra exclusivamente para proyectos eólicos marinos.

Además de la inquietud por el riesgo político, han surgido dudas de algunos sectores con respecto a cómo se están estructurando las subastas.

"Se requieren ajustes desde el punto de vista de la remuneración de la energía en firme para que se reconozca de mejor manera la complementariedad que ofrecen las renovables al sistema", dijo a BNamericas la presidenta de SER Colombia, Alexandra Hernández, en julio.

Mientras tanto, el resultado del proceso de licitación de energía eólica marina dependerá en gran medida de si los desarrolladores pueden confiar en el marco regulatorio, según Hernández.

“esperamos que se determinen reglas claras para los aspectos fiscales y comerciales, para las conexiones y, en particular, para los criterios de habilitación y calificación de las empresas. Se debe asegurar la viabilización de los proyectos offshore, teniendo en cuenta las lecciones aprendidas de las subastas renovables anteriores", añadió.