Lo que viene en la semana para el sector energético latinoamericano

México está empecinado en continuar una batalla legal por la controvertida "política de confiabilidad" impulsada por la Secretaría de Energía (Sener), que redujo la prioridad de despacho de las energías renovables con el argumento de que la seguridad energética es más importante que la eficiencia económica.

El viernes, la postura de la Sener sufrió un nuevo golpe cuando un fallo judicial acogió un recurso contrario a la política y emitió una suspensión permanente en la última de una serie de victorias legales para los propietarios de plantas de energía renovable.

La disputa deja en evidencia el creciente riesgo que presenta el sector eléctrico mexicano ahora que las autoridades impulsan una política acusada de favorecer injustamente al Estado a expensas de los actores privados. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha promovido de manera implacable una visión del sector energético en la que el Estado tiene más control e influencia, en detrimento de la relación con los inversionistas.

En el sector eléctrico, López Obrador ha sido acusado de intentar restaurar el cuasimonopolio de la eléctrica estatal CFE y deshacer años de esfuerzo para abrir la industria a una mayor competencia. El enfrentamiento de su administración con los inversionistas solo se ha intensificado en medio de los problemas derivados de la pandemia del COVID-19, que ya se ha cobrado más de 17.000 vidas en el país.

La política de confiabilidad, presentada por primera vez el 29 de abril por el operador de la red nacional, Cenace, y codificada por la Sener el 15 de mayo, menciona la naturaleza intermitente de la generación solar y eólica y la necesidad de estabilidad de la red durante la crisis sanitaria como justificación para suspender temporal las pruebas operativas de 19 proyectos actualmente en trámite, requisito esencial que les bloquea la posibilidad de entrar en operaciones.

PROYECTO CHILENO CONTROVERTIDO

Mientras tanto, en Chile, los legisladores aprobaron un controvertido proyecto de ley que prohíbe a los proveedores interrumpir el acceso a servicios básicos por falta de pago mientras persista el estado de emergencia nacional.

El proyecto de ley protege al 60% de las familias más vulnerables y a otros grupos e instituciones, como ciudadanos de tercera edad y a las compañías de bomberos. La medida se adopta luego de excepciones similares implementadas en Argentina, que han provocado que la cadena de pagos de la industria se deteriorara significativamente a principios de este año.

El riesgo regulatorio ha subido en Chile desde los masivos disturbios y protestas que estallaron a fines del año pasado. La preocupación por el alto costo de vida llevó al gobierno a congelar los precios de la electricidad mediante la creación de un fondo de estabilidad.

Esta vez, los legisladores dejaron de lado la administración de Sebastián Piñera, que ya había alcanzado un acuerdo con proveedores de servicios públicos para intentar proteger al 40% más vulnerable. Sin embargo, las autoridades del Ministerio de Energía se comprometieron a proteger la cadena de pagos de la industria, mientras que el mandatario evalúa usar sus poderes de veto para realizar cambios a la propuesta y devolverlo al Congreso por ser inconstitucional.

Mientras tanto, la petrolera estatal brasileña, Petrobras, lanzó la etapa vinculante de la subasta para vender sus activos de distribución de combustibles en Colombia, incluidas sus acciones en Braspetro y otras filiales de Petrobras Colombia.

REGULACIÓN DEL ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO EN EL SALVADOR

El Salvador está trabajando en una normativa sobre almacenamiento energético que incorporará el pronto uso de la tecnología, señalaron las autoridades.

La penetración de las tecnologías de almacenamiento hasta ahora ha sido incipiente en América Latina, pero muchos países, Chile y Brasil entre ellos, están avanzando para que los proyectos de almacenamiento reciban una adecuada remuneración por los servicios que brindan, lo que generará incentivos para su construcción.

Con las energías renovables no convencionales aportando alrededor del 40% de la capacidad instalada en El Salvador, el país podría aprovechar los beneficios de los proyectos de almacenamiento: podría cambiar sus patrones de inyección en función de la demanda y adaptar el el suministro variable de las plantas renovables, como las eólicas o las solares.

Mientras tanto, Perú continúa luchando discutiendo un polémico proyecto de ley que, según los defensores de la industria, podría suspender una porción significativa de la generación y traer consecuencias generalizadas para el sector energético local.

El proyecto de ley en cuestión haría que los recursos naturales en territorios indígenas inaccesibles para la extracción privada, lo que afectará las actividades en cinco bloques de las regiones de Loreto y Cusco.

CHILE LIDERA CONTAGIOS PER CÁPITA DE CORONAVIRUS

Sin incluir los minúsculos estados de Catar, San Marino, Ciudad del Vaticano, Andorra y Bahrein, Chile es ahora el país con el mayor número de casos de coronavirus per cápita en el mundo.

Esto ha convertido al país —que encaró la pandemia con una estrategia arriesgada de cuarentenas flexibles dependiendo de la propagación geográfica— en el más afectado por COVID-19 de América Latina en términos relativos. Sin embargo, la mortalidad del virus hasta ahora ha sido menos grave que en otros países.

Por ahora, Chile ocupa el puesto 21 a nivel mundial en número de muertes reportadas per cápita, superada por países como Bélgica, España, Reino Unido, Italia y Suecia. Está por verse si el número de muertos aumentará considerablemente si el sistema de salud se ve sobrepasado por nuevos casos, algo que las autoridades han advertido que está a punto de suceder.

Los países latinoamericanos más afectados en cifras absolutas son Brasil (873.963 casos confirmados hasta el lunes), Perú (229.736), Chile (179.436), México (146.837) y Ecuador (46.751). Mientras tanto, Colombia ha reportado 50.939 casos, Argentina 31.577, República Dominicana 23.271 y Panamá 20.686.