Alzas de impuestos en la industria minera brasileña: ¿se avecinan más?

Las amenazas de alzas de impuestos en el sector minero de Brasil parecen estar comenzando a materializarse, en momentos en que los gobiernos estatales intentan incrementar sus mermados ingresos públicos.

El último episodio tuvo lugar en el estado de Mato Grosso, donde la Legislatura aprobó el 20 de diciembre el impuesto TFRM para la fiscalización de la exploración y explotación minera, mientras que otros estados bien podrían tomar medidas similares.

Esta situación, junto con las crecientes presiones de costos que ya enfrentan las empresas debido a la alta inflación y las elevadas tasas de interés, podría hacer inviables financieramente algunos proyectos, según afirman grupos de interés del sector.

Paulo Honório de Castro Júnior, jefe de asuntos tributarios del estudio William Freire Advogados y presidente del Instituto Minero de Derecho Tributario de Minas Gerais, conversa con BNamericas sobre los gravámenes en la industria minera brasileña.

BNamericas: En su opinión, ¿es posible que las empresas acudan a los tribunales para impugnar el impuesto TRFM aprobado por la Cámara de Diputados de Mato Grosso?

De Castro Júnior: En agosto de este año, el Supremo Tribunal Federal falló a favor de tres estados de Brasil —Minas Gerais, Pará y Amapá— sobre si era legal cobrar el TRFM.

Sin embargo, en su momento, la Corte Suprema también dejó en claro que los ingresos recaudados por el TFRM deben usarse solo para pagar las medidas de los gobiernos estatales vinculadas a las inspecciones en el sector [minero].

Como parece que algunos estados están poniendo el TRFM muy alto y hay indicios de que estos fondos se utilizarán para cosas distintas de las inspecciones en el sector, hay margen para impugnaciones en los tribunales.

BNamericas: ¿Estos desafíos deberían provenir de las propias empresas o de asociaciones sectoriales?

De Castro Júnior: La tendencia es que tanto las empresas individuales como las asociaciones de la industria, como es el caso de [la asociación] Ibram, tomen medidas judiciales contra esos impuestos.

El problema es que para los estados, aunque sufran una derrota judicial en el futuro, vale la pena imponer estos impuestos en este momento, porque la corte no pedirá el reembolso de lo recaudado hasta la sentencia final.

Es decir, si una disputa legal dura 10 años, el estado habrá recaudado el impuesto durante todo ese tiempo.

BNamericas: ¿Esta decisión de Mato Grosso podría ser imitada por otros estados?

De Castro Júnior: Lo que hemos visto en este momento es realmente otros estados preparando leyes similares. Goiás también ha estado tratando de hacer esto, pero aún no ha promulgado una ley.

Pero además de los estados, también hay espacio para presionar por la creación de impuestos a la minería en los municipios donde hay actividad minera. Veo que se está creando un escenario complicado.

BNamericas: Desde 2020, luego del surgimiento de la pandemia de COVID-19, hemos visto amenazas de gobiernos locales de aumentar los impuestos a la minería en todo Brasil. ¿Por qué estas amenazas parecen estar materializándose ahora?

De Castro Júnior: A principios de este año, el Gobierno Federal promovió una reducción del impuesto ICMS que cobran los estados a la venta de combustibles. Esto condujo a una pérdida significativa de ingresos y ahora los gobiernos estatales están buscando formas de compensar la caída de los fondos.

BNamericas: Ante el aumento de impuestos, ¿ve algún riesgo en relación con las inversiones en proyectos mineros?

De Castro Júnior: Sin duda, hay riesgo de inviabilidad de los proyectos. Además de las cuestiones de las que estamos hablando en relación con el incremento de los impuestos, hemos asistido a la elección de un gobierno federal que ha enviado algunas señales no muy positivas al mercado financiero, relacionadas con el crecimiento del gasto público.

Probablemente, habrá un freno en algunas decisiones de inversión en el sector.