¿Cómo podría recuperarse la industria argentina de biocombustibles de las sanciones de la UE?

La industria argentina de biocombustibles se ha estado reagrupando luego de que los aranceles anti-dumping introducidos por la Unión Europea a las importaciones de biodiésel prácticamente cerraran el principal destino de la producción de biodiésel argentina.

En mayo la presidenta Cristina Fernández redujo los impuestos a la exportación a casi la mitad para los productores locales de biodiésel. En su última medida, el gobierno elevó a 10% el contenido mínimo de etanol en la gasolina local con el propósito de aumentar la producción para ambos biocombustibles.

Esta última acción modificó la fórmula del gobierno para fijar los precios del etanol de maíz por otra basada en los precios del maíz y no en los valores de la gasolina.

Un día antes de que la medida del etanol fuera aprobada BNamericas conversó con Claudio Molina, director de la Asociación Argentina de Biocombustíbles e Hidrógeno, para conocer sus impresiones sobre qué debe hacer el sector para prosperar.

Luego de aprobarse la medida, Molina dijo a BNamericas que según cálculos preliminares el precio resultante del etanol de maíz experimentaría una baja significativa que podría considerarse excesiva dentro de la actual estructura de costos del negocio.

BNamericas: ¿Cómo se ve el panorama para el sector argentino de biocombustibles en el corto o mediano plazo?

Molina: La industria de biocombustibles es muy dependiente de la existencia de políticas públicas estables. Por tal motivo, los cambios abruptos de las mismas la afectan considerablemente. Han existido muchas modificaciones en la política de biodiesel argentina en los últimos tiempos.

Desde mayo pasado, el Gobierno Nacional realizó cambios positivos que permitieron una inflexión en la producción y el comercio exterior de biodiésel. Si estas reglas de juego se mantienen, el escenario de corto y mediano plazo es positivo, más allá de las amenazas que se presentan por la contracción de la actividad económica.

BNamericas: ¿Cuáles han sido los efectos de los aranceles anti-dumping que impuso la Unión Europea sobre las importaciones de biodiésel?

Molina: Las restricciones referidas afectaron a la industria de biodiésel tanto de Indonesia como de Argentina, pues cerraron el mercado europeo de una manera muy injusta. El objeto de la sanción –supuesto dúmping– no existió, sin más.

Habiendo sido Europa el destino más importante de las exportaciones de biodiesel argentino, la industria local se vio obligada a diversificar destinos. Surgió la posibilidad de exportar biodiésel, que se termina cortando con diésel mineral en Europa y destinando a países africanos.

Por otra parte, es lento el desarrollo de negocios con EE.UU. debido a la rigurosidad de los registros establecidos por el organismo de control ambiental, EPA. Esto traba la posibilidad de aplicar el beneficio de los números de identificación renovable [RIN] al biodiésel argentino.

Si bien algunos productores locales han calificado para ese mecanismo –que produce ventajas económicas que viabilizan el negocio–, resulta muy costoso el armado de la logística de segregación del producto a ser exportado para cumplir con las exigencias de la EPA.

BNamericas: Si las restricciones de la UE continúan, ¿qué otros mercados podrían ser posibles destinos?

Molina: Como cité antes, el principal destino como mercado individual es EE.UU. Perú se convirtió en un mercado importante, aunque podrían existir restricciones de acceso en un futuro cercano, ya que se estudian medidas proteccionistas.

Australia, Corea del Sur, Colombia y varios países africanos representan alternativas, pero es muy difícil sustituir en el corto y mediano plazo a la Comunidad Europea como mercado global.

BNamericas: ¿Qué medidas debería adoptar el Gobierno argentino para promover los biocombustibles?

Molina: Desde el punto de vista operativo, la primera cuestión a contemplar es que debe existir en el mercado interno una demanda de biocombustibles permanente, que se logra con la existencia de un mandato de corte.

La segunda cuestión es que el Estado debe otorgar un precio razonable a los biocombustibles que se incorporan a los combustibles minerales, determinado por una fórmula que asegure previsibilidad al negocio y que establezca equilibrios de precios para los biocombustibles en cuestión.

La tercera cuestión es que se debe terminar con la desgravación de los combustibles importados, que sin dudas constituye una violación a la Constitución Nacional. Se debe privilegiar el agregado local de valor, que sostiene una buena cantidad de puestos de trabajos, impacta positivamente en las economías regionales, al tiempo que sustituye importaciones de combustibles.