Cómo el medioambiente guía la nueva constitución de Chile

Las comisiones en la Convención Constitucional de Chile han comenzado a votar sobre las normas que serán parte de la nueva carta magna del país y ya se vislumbra el rol preponderante del medioambiente en el debate, hasta el punto que el New York Times resaltó en enero que podría tratarse de la primera constitución redactada para combatir el cambio climático.  

Si bien estas propuestas aún deben pasar por votaciones adicionales de la comisión y luego requieren la aprobación de dos tercios en la convención completa de 155 miembros, además de un referéndum de salida más adelante este año, hasta ahora ellas apuntan a una profunda preocupación por la protección de los recursos naturales, que podría afectar a sectores clave como la minería, la energía y la agricultura.

Por ejemplo, una propuesta presentada el 1 de febrero, que busca nacionalizar recursos como el cobre y litio, generaría la estatización de algunas de las minas y yacimientos más grandes del mundo. Y aunque aún debe superar muchos obstáculos y no se espera que sea aprobada en la nueva constitución, la moción ha generado alarma en el sector privado.

Para entender cómo el medioambiente podría influir en la nueva constitución y el modelo económico de Chile, BNamericas conversó con Vanessa Pérez-Cirera, directora global para economía del Instituto de Recursos Mundiales (WRI) y exsubdirectora de la práctica global de clima y energía del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).

BNamericas: Si bien recién se están empezando a votar normas en la Convención Constitucional, se aprecia un fuerte componente medioambiental en las iniciativas que han sido aprobadas por las comisiones. ¿Qué diferencia hay en debatir la protección del medioambiente desde el punto de vista constitucional que hacerlo desde la legislación parlamentaria?

Pérez-Cirera: Cualquier cosa que incluyas constitucionalmente le da un peso tanto legal como social bien distinto que las leyes. 

Mucha gente cree que las metas medioambientales no deberían tocarse en las leyes, o mucho menos en la Constitución; sin embargo, los principios sí deben quedar claramente reflejados. Para mí, lo más relevante en la discusión chilena en términos de su Constitución y medioambiente es la parte de derechos. El derecho humano a un ambiente sano como un determinante de bienestar. Lo que uno busca en una constitución al final del día es el bienestar de los pueblos y las reglas y normativas para que este se sustente. La calidad del medioambiente es un aspecto del bienestar: cómo es la calidad del agua que llega a tu domicilio, qué tipo de aire estás respirando.

Otro aspecto es el medioambiente como fuente de bienestar en términos recreativos, convivencia, culturales y otros valores que a menudo son difíciles de cuantificar o monetizar. Me parece fundamental tener un marco muy claro en la Constitución que dicte cuáles son las relaciones entre bienestar y medioambiente.

El otro aspecto relevante es asegurarse de que el Estado cumpla en garantizar ese bienestar, y ahí comienzas a hablar de derechos sociales, y estos tienen que estar en la Constitución. 

BNamericas: Uno de sus focos de investigación es lo que llama “pobreza medioambiental”. ¿Cómo definiría este concepto y cómo podría abordarse desde el punto de vista constitucional?

 Pérez-Cirera: La pobreza, a nivel internacional, se ha medido siempre por ingresos. Entonces, llamamos pobreza interdimensional cuando entras a una nueva perspectiva de pobreza.

Colombia y México ya están haciendo mediciones bajo este paradigma, que tiene cinco dimensiones que determinan la pobreza. Yo trabajé en el instituto Equide en México para que se incluyera la dimensión medioambiental, y esta se consideró en la parte energética y el acceso a servicios como agua de calidad, aunque queríamos que la parte medioambiental fuera un sexto bloque. 

Esta clase de medición puede establecerse como norma constitucional, y esto también ayudaría a estudiar temas como desigualdad.

Para nosotros pobreza medioambiental es estar por debajo de niveles mínimos de bienestar como calidad del aire, del agua, de biodiversidad si es que se trata de un insumo productivo. 

La pobreza interdimensional ya es un concepto bastante aceptado en términos teóricos, y si se ve reflejado en la nueva constitución chilena sería muy importante.

BNamericas: La semana pasada la comisión de medio ambiente y modelo económico de la Convención Constitucional rechazó una propuesta que establecía “el libre derecho a la iniciativa económica y empresarial, y promueve la libre competencia”. ¿Cree que esto habría sido compatible con el foco ambiental que se ha visto en el resto de la discusión constitucional?

Pérez-Cirera: Tendría que ver los detalles de la norma propuesta. La competencia económica es fundamental, pero esta debe tener una regulación fuerte del Estado. No puedes dejar que ciertos sectores tengan monopolios. Yo soy del modelo en que es la empresa privada es quien debe desarrollar las actividades económicas en un país, pero con una regulación muy fuerte del gobierno.

BNamericas: ¿Qué cambios económicos (impuestos, regulaciones a industrias extractivas, etc.) deberían acompañar a una transformación hacia un modelo bajo en emisiones de carbono?

Pérez-Cirera: Una de las primeras cosas que deben hacerse es quitar los subsidios a los combustibles fósiles, y también establecer impuestos al carbono.

En el caso del sector agrícola, también se deben quitar o al menos reorientar subsidios a ciertos productos, al igual que en el sector agropecuario.

La parte minera es sumamente sensible para América Latina y posiblemente sería muy difícil pensar que no va a haber más explotación, especialmente en lo referido al litio. Lo que se tiene que dejar en claro son criterios de salud medioambiental. Ahí el agua juega un papel fundamental. 

Al mismo tiempo, Chile tiene que entender que las industrias extractivas no pueden ser la "caja chica" del gobierno, sino un fondo soberano que pueda sostener los derechos sociales en el tiempo. 

BNamericas: El proceso constitucional de Chile es visto con mucha atención por el resto del mundo ¿Cree que la discusión medioambiental que se ha instalado en el proceso podría influir en el resto de la región?

Pérez-Cirera: Sin duda. Chile ya está en la mira del mundo desde la COP25. El hecho de haber puesto su [Contribución Determinada a Nivel Nacional para los objetivos del Acuerdo del Clima de París] NDC siendo un país de ingresos medios y con metas tan ambiciosas puso también a Chile en el mapa.

Ahora, el llevar a cabo un proceso constituyente con el medioambiente como un componente central puede y debería tener repercusiones en el desarrollo futuro de América Latina, al menos en países como Perú, Colombia y Ecuador.

El principal cambio de paradigma que Chile nos está mostrando es que este liderazgo medioambiental no es algo demandado por los dirigentes y la agenda internacional, sino por la ciudadanía.