Cómo Colombia y Ecuador pueden encauzar sus sectores hídricos

Los servicios hídricos están bajo presión en todo el mundo y se enfrentan a retos aún mayores en los países latinoamericanos que no fomentan la inversión privada o registran altos niveles de incertidumbre.

Y las frecuentes sequías e inundaciones no solo amenazan la infraestructura existente, sino también la prestación de servicios básicos.

Pero la situación también ofrece oportunidades.

BNamericas conversó con Laura Lizarazo, analista de riesgos globales de la consultora Control Risks, sobre la situación del sector en Colombia y Ecuador, en particular.

BNamericas: ¿Cómo están los sectores hídricos de Colombia y Ecuador?

Lizarazo: Un diagnóstico de estos sectores debe tener en cuenta criterios de calidad, cobertura y continuidad en el acceso. 

En ambos países persisten brechas importantes entre contextos urbanos y rurales, además de efectos negativos desproporcionados en poblaciones vulnerables ―comunidades indígenas, afrodescendientes, niños, adultos mayores― por estas disparidades. 

Preocupa la brecha creciente entre la oferta y demanda de agua. A pesar de la riqueza hídrica de Colombia y Ecuador, la oferta de agua continuará disminuyendo en ambos países en los próximos años. Bogotá, por ejemplo, en este año enfrenta un fuerte desabastecimiento de agua.

La disminución de la oferta obedece a factores demográficos, los efectos del cambio climático y los esfuerzos insuficientes para optimizar el uso del recurso, aumentar los niveles de tratamiento de aguas y conservar y proteger las fuentes hídricas, particularmente las aguas superficiales y subterráneas.

BNamericas: ¿Y qué tan avanzada es la cobertura?

Lizarazo: En la cobertura de ambos sectores, Colombia tiene un desempeño destacable, con desafíos aún por resolver: de una población total de 51 millones, 5,3 millones no tiene acceso a saneamiento básico y 3,2 millones a agua potable, la mayoría en zonas rurales. 

Según cifras del Ministerio de Vivienda, en las zonas rurales, el acceso a agua potable llega a 57,8%; en departamentos como La Guajira, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá, Vaupés, Vichada, Guainía, Amazonas, Chocó y Guaviare es incluso inferior a 50%. 

Los niveles de acceso a saneamiento básico son similares: 88,1 % de la población colombiana tiene acceso a este servicio, 91,9 % de la población en zonas urbanas y 76% de la población en áreas rurales. 

En materia de saneamiento hay una condición adicional preocupante: solo el 53,12 % de las aguas residuales urbanas es tratada adecuadamente antes de su vertimiento en fuentes hídricas, generando enormes impactos ambientales. 

Aunque Colombia aún está lejos de aumentar esta proporción al 68% en 2030, una meta trazada en el 2020, sí ha visto una mejora gradual en este aspecto en los últimos años y tiene condiciones favorables, como mayores inversiones públicas, para acelerar este progreso.

BNamericas: ¿Cómo está la situación en Ecuador? 

Lizarazo: Los niveles de cobertura de ambos servicios son menores que en Colombia, aunque han experimentado mejoras importantes en la última década. La cobertura del servicio de agua potable en áreas urbanas llega a 80,9% y en saneamiento a 62,7%. 

Apenas el 31% de las aguas residuales se trata de manera adecuada. 

BNamericas: ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades en ambos países?

Lizarazo: Ambos tienen fortalezas y debilidades compartidas. 

Dentro de las primeras, se destacan, por ejemplo, los niveles casi completos de cobertura en núcleos urbanos, la abundancia y la calidad físico-química del agua y altos niveles de protección al acceso al agua como un derecho fundamental. 

Ambos países han diseñado amplios marcos regulatorios e importantes capacidades institucionales de vigilancia y control para crear un sistema de gobernanza del agua y del saneamiento básico con enfoques territoriales, de equidad social y de género. 

En cuanto a las debilidades, hay una alta fragmentación de los servicios y enormes diferencias en la capacidad de los operadores en zonas urbanas y rurales. 

En el caso de Ecuador, el modelo de gestión de ambos sectores contempla solo de manera excepcional la participación del sector privado y bajo condiciones altamente restrictivas.

Por ejemplo, los contratos de concesión para la operación y mantenimiento de redes de agua potable y saneamiento solo pueden otorgarse a empresas privadas por un máximo de 10 años. 

A diferencia de Colombia, en este país el sistema de asociaciones público-privadas [APP] es incipiente y no ha generado por ahora ninguna experiencia exitosa en estos sectores.

BNamericas: ¿La legislación facilita proyectos de agua y saneamiento?

Lizarazo: Ambos países cuentan con marcos regulatorios e institucionales sólidos, que han mejorado sus capacidades de ejecución, vigilancia y control en ambos sectores de manera sostenida durante la última década. 

Sin embargo, tienen diferencias importantes respecto a los modelos de gestión de ambos servicios. 

Aunque en ambos países se establece la gestión del agua como una responsabilidad y prerrogativa exclusiva del Estado, a cargo de la nación y los municipios, en Colombia se ha desarrollado un modelo mixto para viabilizar e incentivar la participación del sector privado, con distintos mecanismos y arreglos institucionales público-privados, el más común mediante APP y licitación de contratos con los municipios o las empresas públicas de servicios, para prestarlos de manera parcial o total. 

El marco legal y regulatorio de Ecuador, por el contrario, no incentiva ni facilita la participación del sector privado, concentrando las fuentes de financiamiento para proyectos de agua y saneamiento casi de manera exclusiva en el Estado, la cooperación internacional y la banca multilateral. 

BNamericas: ¿Cómo está el actual clima de inversión y de financiamiento para este tipo de proyectos? 

Lizarazo: En ambos países hay un enorme apetito y necesidad de financiamiento e inversión en ambos sectores, con diferentes niveles de participación e impulso por parte del Estado y, en menor medida, del sector privado. 

Los gobiernos de ambos países en la última década han aumentado la asignación y ejecución de recursos públicos en ambos sectores, con resultados variables de éxito. 

Con márgenes fiscales desafiantes, los gobiernos de Daniel Noboa [Ecuador] y de Gustavo Petro [Colombia] han acudido a la banca multilateral para financiar estos proyectos, con una focalización prioritaria en las zonas rurales.

En general, los procesos de licitación pública, obtención de permisos, licencias, estudios de prefactibilidad técnica y financiera para viabilizar este tipo de proyectos en ambos países son engorrosos, muchas veces opacos y altamente vulnerables a prácticas de corrupción. 

Esta es una importante barrera para mejorar los niveles y volúmenes de participación del sector privado en ambos sectores. 

Además, los sucesivos episodios de inestabilidad política en Ecuador, y los consecuentes periodos de parálisis institucional que ha vivido el país en los últimos cinco años, han ralentizado significativamente aún más estos procesos. 

BNamericas: ¿Hay incentivos y oportunidades para invertir en Colombia y Ecuador en proyectos de agua y saneamiento?

Lizarazo: Las necesidades de inversión en los servicios de agua potable y saneamiento son enormes, mientras que las oportunidades y los incentivos regulatorios, tributarios y de política pública varían entre países, por ubicación geográfica y por segmentos de la operación. 

Por ejemplo, en ambos países hay un alto apetito por inversiones y financiación para la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, optimización de redes de distribución y sistemas de alcantarillado en zonas rurales.

En el caso de Colombia, hay un importante cambio de enfoque y prioridades bajo el gobierno de Gustavo Petro, quien concibe a los gestores comunitarios como los actores primordiales de ambos sectores, en oposición a las grandes empresas públicas y privadas que han sido las protagonistas durante los últimos 30 años. 

Petro ha trabajado en la construcción de una política pública y un nuevo portafolio de inversiones para fortalecer las organizaciones comunitarias para la provisión de agua y saneamiento. 

Hasta ahora, el gobierno ha garantizado la viabilidad financiera de 87 proyectos en zonas rurales, de un total de 438 contemplados para todo su período [que finaliza en agosto de 2026]. 

BNamericas: ¿Cómo avanza el proceso para la PTAR Canoas, en Bogotá?

Lizarazo: Probablemente, la adjudicación se realizará en el segundo semestre de este año o a inicios del 2025. Este es actualmente el proyecto más ambicioso del país en materia de tratamiento de aguas residuales, con el que se espera lograr el tratamiento del 70% del agua en Bogotá y el 100% de Soacha, un municipio aledaño. 

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá (ESP), que es el socio público del proyecto, recibió en abril cuatro propuestas de oferentes privados. 

BNamericas: ¿Qué otros proyectos de PTAR e hídricos importantes hay al momento en Colombia?

Lizarazo: Hay otros proyectos de PTAR con distintos grados de avance en los procesos de estructuración técnica, viabilidad financiera y licitación en Pereira-Dosquebradas, Los Cámbulos, en Manizales, Delicias Sur, en Chía, y Cúcuta, entre otros.

Entre los principales proyectos en Colombia está también el plan Wüin Ülees, en La Guajira, que busca asegurar el acceso a agua potable a las comunidades wayúu, afectadas de manera desproporcionada por la malnutrición y la mortalidad infantil, entre otras razones, por la falta de agua potable y saneamiento.