Cómo pueden las autoridades locales de Chile aumentar su presencia en infraestructura

Más de 15 millones de votantes están inscritos para las próximas elecciones municipales y regionales de Chile que tendrán lugar el 26 y 27 de octubre.

Sin embargo, aún existen interrogantes respecto de las atribuciones que alcaldes y gobernadores tienen sobre las inversiones, sobre todo en lo que se refiere a infraestructura, donde la planificación y ejecución siguen centralizadas en su mayoría en el Gobierno Central.

En ese sentido, el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) entregó una serie de recomendaciones a los candidatos a gobernador para que estos desarrollen eventualmente sus propias regulaciones de infraestructura y mejoren la forma en que realizan sus proyectos actuales.

Para profundizar más sobre las atribuciones de las autoridades locales, así como las potenciales barreras que enfrentan para desarrollar infraestructura, BNamericas conversó con Carlos Cruz, director ejecutivo del CPI y exministro de Obras Públicas.  

BNamericas: ¿Cuáles son las principales barreras regulatorias que enfrentan los gobiernos regionales en lo que se refiere a inversiones de infraestructura?

Cruz: No hay barreras regulatorias mayores para que se impulsen obras de infraestructura por parte de los gobiernos regionales. Lo que hay es que muchas de estas obras se deciden en Santiago y no son necesariamente lo que las regiones identifican como prioritario. Solo coinciden con lo que se ve desde el centro.

BNamericas: Respecto al uso del sistema de concesiones, se ha señalado que el marco actual no se adaptaría bien a proyectos de mediana o pequeña escala ¿Tendría que modificarse la ley de concesiones para facilitar la entrada de gobiernos regionales?

Cruz: La ley de concesiones es una ley muy flexible. Tal como hay proyectos que provienen del sector privado y que pueden activarse para ser realizados a través del sistema de concesiones, también puede haber proyectos que provengan desde las regiones.

Lo que sucede es que los contratos de concesiones y el proceso que estos involucran se han ido complicando. Eso hace que no siempre sea conveniente usar ese modelo contractual para proyectos de montos reducidos. Se requiere el mismo esfuerzo por parte del mandante, que es el Ministerio de Obras Públicas, para licitar, adjudicar y supervisar un proyecto menor que uno grande y eso es un desincentivo.  

Eso se puede resolver fácilmente adaptando los contratos a proyectos de menor complejidad e involucrando de manera directa a los gobiernos regionales.

BNamericas: Uno de los puntos a favor que se ha notado en la política de infraestructura de Chile es la continuidad a largo plazo de la cartera de proyectos, es decir no se desechan proyectos en cuanto cambia el presidente como ocurrió, por ejemplo, en el caso del aeropuerto de ciudad de México ¿Cómo se podría instalar este mismo principio en el caso de los gobiernos regionales?

Cruz: Los gobiernos regionales cuentan con un encargado de infraestructura y transportes que tiene a su cargo la estrategia de desarrollo regional y los planes de ordenamiento territorial. De ambos instrumentos se desprenden los proyectos de infraestructura que la región demanda para asegurar su desarrollo.

Si ambos instrumentos se elaboran con altos niveles de participación, respetando las transversalidades políticas y los intereses de los diferentes actores regionales, con una mirada de largo plazo, esa cartera debería subsistir los cambios de gobierno regional.

BNamericas: ¿Cree que los gobiernos regionales también deberían tener participación en la operación de sistemas de transporte público en sus jurisdicciones?

Cruz: Absolutamente. De hecho, cuando se legisló la transferencia de recursos “espejo del Transantiago”, esa era la idea. Hay algunas regiones en que esto opera así y muy bien.

BNamericas: ¿Cree que los gobiernos regionales se beneficiarían de tener un ministerio o secretaría propia para obras públicas como ocurre en otros países?

Cruz: Si se refiere a las facultades radicadas en los propios gobiernos regionales, creo que tienen un germen que perfectamente puede evolucionar en esa dirección, que son los encargados de infraestructura y transportes.  

Si a lo que se refiere es tener una contraparte regional en el Gobierno Central, creo que no. Es función de los gobiernos regionales asumir la responsabilidad del desarrollo regional en el marco de lo que se defina para el progreso del país.

BNamericas: ¿Cómo se podría evitar un choque de competencias entre autoridades nacionales y regionales en lo que se refiere a permisología para proyectos de infraestructura?

Cruz: No debería haber choque de competencias, siempre y cuando las instituciones funcionen con el nivel de rigor técnico y de responsabilidad institucional que de ellas se espera.

Cada región tiene sus propias características y, por lo tanto, los criterios que se apliquen deben contemplar esas diferencias, siempre teniendo presente el interés general del país. Para abordar el déficit habitacional, por ejemplo, las casas que se evalúan no pueden ser las mismas en Puerto Montt que en Arica. Sin embargo, es necesario avanzar en la construcción de viviendas porque es fundamental resolver el déficit con el que contamos.

Eso puede ser extrapolado a muchas actividades que son necesarias para que el país cuente con energías limpias, con conexión digital, con transporte expedito, con establecimientos de servicios de calidad, con nuevas fuentes de agua, todos proyectos de infraestructura para un crecimiento sostenible, de acuerdo a los criterios de las Naciones Unidas.