Ecuador avanza en negociaciones con sector petrolero antes del cambio de gobierno

El 20 de agosto los ecuatorianos elegirán presidente y 137 legisladores que estarán en funciones hasta mayo de 2025, cuando debía terminar el mandato de Guillermo Lasso, quien en mayo acudió a un mecanismo constitucional para disolver la Asamblea Nacional y adelantar los comicios ante la posibilidad de ser destituido en un juicio político.

Ese mismo 20 de agosto los ecuatorianos también decidirán en un referéndum si se para la explotación petrolera del bloque 43, también conocido como Ishpingo-Tambococha-Tiputni (ITT) y ubicado en el parque nacional Yasuní, en un área remota de la Amazonía del país. ITT produce alrededor de 56.000b/d.

BNamericas conversa con el ministro de Energía, Fernando Santos Alvite, sobre las acciones que se concretarán en lo que resta del gobierno de Lasso, hasta octubre o noviembre, cuando asuman las nuevas autoridades, y sobre los costos que tendría para el país suspender la explotación del bloque 43, en cuyos alrededores habitan indígenas nómadas en aislamiento voluntario.

BNamericas: ¿Qué costos tendrá para el país si los ecuatorianos deciden frenar la explotación del bloque 43?

Santos: Muy serias. El país perderá alrededor de US$1.200 millones al año si gana el "sí" en la consulta. El ITT produce alrededor de 56.000b/d de petróleo, que no podrán ser reemplazados, al menos en el corto plazo.

Adicionalmente, está el costo del desmantelamiento de las instalaciones, las indemnizaciones a las compañías contratistas, pérdida de recursos para las comunidades y pérdida de empleo para los pobladores de las comunidades de la zona.

Además del hueco fiscal que se creará, habrá afectaciones ambientales al levantar la tubería, y es previsible que la minería y la tala ilegal de madera se apoderen del área, pues está ubicada en un área remota de la Amazonía, donde es difícil llegar y en que, por lo tanto, se perderán los actuales controles.

Con esa incursión de madereros y mineros ilegales se pondrá en riesgo a los indígenas tagaeri-taromename, pues una simple gripe los puede matar.

La situación, sin duda, es complicada. Esperemos que los ecuatorianos analicen bien su decisión.

BNamericas: ¿Qué proyectos petroleros planean dejar concesionados o firmados contratos en lo que resta del gobierno?

Santos: Básicamente los contratos de Intracampos II, el contrato modificatorio de Andes Petroleum para el bloque petrolero Tarapoa (bloque 62), la modificación del contrato de Enap-Sipetrol y probablemente la extensión de operación del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP). 

BNamericas: ¿En qué términos se negocia con Andes para la modificación del contrato?

Santos: Andes Petroleum busca una extensión de 15 años de su contrato para el bloque Tarapoa. Ofrece una inversión de US$150 millones y adicionalmente borraría la deuda por casi US$120 millones por carry forward que mantiene el Estado con la empresa.

Con las inversiones se perforarán nuevos pozos para incrementar la producción.

BNamericas: ¿Cuándo podría firmarse el nuevo contrato?

Santos: Es probable que se firme en julio o agosto. El comité de licitaciones ya lo autorizó, pero aún se requiere la autorización de sostenibilidad fiscal del ministerio de finanzas.

BNamericas: ¿En qué consiste la modificación del contrato pedida por Enap-Sipetrol?

Santos: La empresa busca un reajuste de la tarifa por la producción incremental de crudo en el bloque Mauro Dávalos Cordero (bloque 46). 

Ellos ofrecen una inversión de US$80 millones para perforar pozos adicionales para mantener e incrementar la producción.

BNamericas: ¿Qué tarifa pide la empresa para la producción incremental?

Santos: Se ha llegado a un acuerdo de alrededor de US$30 por barril incremental en ese bloque; en el otro bloque que también opera, el 47, no hay cambios.

BNamericas: ¿Hay otras compañías que busquen modificar contratos?

Santos: Sí. Orionoil [filial de Orion Energy] busca una modificación, con una posible inversión de US$100 millones. Orion busca el pago en crudo por la extracción y también quiere ampliar el contrato.

Pluspetrol busca iniciar el desarrollo del bloque Oglán, que posee desde hace muchos años, pero ha tenido problemas con las comunidades y cree que esos problemas están en vías de solución.

Vamos a iniciar negociaciones con estas dos empresas, pero no sé si las lleguemos a concluir en lo que resta del gobierno. 

Creo que con Andes y Enap sí concluiremos negociaciones y firmaremos los nuevos contratos.

BNamericas: ¿Cómo van las negociaciones con Pampa Energía para la extensión del contrato del OCP? ¿Se revertirá el ducto al Estado?

Santos: Aún no tenemos nada definitivo. Seguimos negociando. 

Inicialmente Pampa pidió la extensión del contrato por 20 años y ofreció inversiones adicionales, pero también pidió que el oleoducto siga en sus manos mientras se amortizan las inversiones.

Este tema jurídico aún no lo hemos discutido y tampoco sabemos aún cuál es la posición de Andes Petroleum, que también es accionista del OCP.

La posición del gobierno es que si hay una oferta beneficiosa para el país, se preferiría extender el contrato.

Una visión preliminar seria que el tubo pase a manos del Estado y se haga un contrato modificatorio o un nuevo contrato con la compañía para la operación y mantenimiento. 

BNamericas: Desde el punto de vista legal, ¿cómo se manejaría un nuevo contrato en ese sentido?

Santos: Si bien aún no tenemos nada definitivo, sí hay un antecedente interesante: el oleoducto transecuatoriano (SOTE), construido por la compañía norteamericana William Brothers, contratista del entonces consorcio Texaco-Gulf, que revirtió al Estado ecuatoriano en 1986; sin embargo, la operación continuó hasta 1992.

Hay que hacer inversiones inmediatas para cambiar un tramo de la ruta por el problema de la erosión del río Coca. También se necesita invertir en el mantenimiento integral del OCP luego de 20 años de operación continua. 

El Estado no tiene los recursos y debe cambiar un tramo de la ruta del SOTE y del poliducto. Son inversiones cuantiosas. Así que, si el consorcio OCP hace las inversiones y continúa con la operación, el Estado vería muy favorablemente la propuesta. 

En los próximos días sabremos cuál es la posición de Andes y la de Pampa respecto a que la tubería pase al Estado y que ellos tengan el contrato de operación y mantenimiento.

BNamericas: Si Pampa no acepta la propuesta del gobierno, ¿el Estado asumirá la operación?

Santos: No quiero adelantar criterios porque no conocemos la posición de Andes; solo Pampa ha conversado con nosotros. Hemos pedido a Andes una definición porque el tiempo es corto y quisiéramos en los próximos dos o tres meses tener el contrato listo.

Pampa está sumamente interesada. Andes ha dicho que en principio está concentrada en la extensión del contrato, por eso no sabemos su posición como accionista del OCP.

La decisión del presidente Guillermo Lasso es que la operación siga en manos privadas para que se hagan las inversiones necesarias para el cambio de ruta y el mantenimiento, que sería muy difícil para el Estado hacerlas.

Es urgente que se haga el cambio de ruta antes de la próxima temporada de lluvias porque el río está muy cerca de los dos oleoductos que tiene el país: el SOTE y el OCP.

BNamericas: ¿El contrato vigente permite la renovación?

Santos: El contrato es muy claro y dice que a los 20 años la tubería pasará al Estado.

El contrato debía terminar en diciembre, pero se extendió hasta febrero próximo por las suspensiones que ha habido por fuerza mayor cuando el río se ha llevado la tubería.

El gobierno quiere terminar cuanto antes la negociación.

BNamericas: Si se llega a un acuerdo para extender el período de operación, ¿por cuánto tiempo sería?

Santos: Podría ser entre 15 y 20 años.

BNamericas: ¿Cómo quedarán las negociaciones para rehabilitar y modernizar la refinería de Esmeraldas?

Santos: En julio esperamos que visiten el país representantes de KBR y Hyundai, interesados en el proyecto.

Es un contrato a 25 años por casi US$3.000 millones; queremos dejar las negociaciones lo más avanzadas que sea posible, y consultarlo con quien resulte elegido presidente. 

Por la magnitud e importancia del contrato, creemos que debe firmarlo el próximo gobierno o dar su visto bueno para que se firme antes, para que no haya ningún tipo de contratiempos.