"Estamos siguiendo la lógica de paralizar proyectos a la menor excusa procesal o administrativa"

La tramitación de permisos para proyectos es un tema que nunca pasa desapercibido en Chile, como ahora que el Congreso debate varias iniciativas para modernizar y agilizar los procesos.

Durante años, los propietarios de proyectos han criticaron los procedimientos de revisión sectorial y ambiental que, si bien son robustos, también son considerados largos y excesivamente complejos y una fuente de riesgo y demoras para su desarrollo. Esto agrava un problema de diseño: el sistema nunca estuvo pensado para tramitar cientos de iniciativas al año, sino un puñado de grandes proyectos, como hidroeléctricas.

El tema de la tramitación de permisos volvió a las portadas recientemente, cuando la generadora Colbún detuvo el desarrollo de su proyecto hidroeléctrico y de almacenamiento por bombeo de US$1.400 millones Paposo, luego de que la oficina de la agencia nacional de evaluación ambiental (SEA) en la Región de Antofagasta pusiera término por anticipado a su estudio. La oficina argumentó que faltaba información, lo que a su vez generó dudas sobre por qué los funcionarios no encontraron una solución para que el proyecto siguiera avanzando en el sistema mientras se corregían las deficiencias. La situación desencadenó la salida del director de la oficina regional y una promesa de la sede central del SEA de trabajar en la armonización de los criterios de evaluación a nivel nacional.

Para conocer más al respecto, BNamericas realizó una entrevista por correo electrónico con Sergio Quesney S., socio del estudio de abogados chileno Palma.

BNamericas: En el ámbito de inversión y proyectos en Chile, ¿cuáles serían las implicaciones de la suspensión del proyecto Central de Bombeo Paposo de Colbún?

Quesney: Es la confirmación de que, en Chile, la actual y sobredimensionada burocracia administrativa del Estado traba e impide el desarrollo de infraestructura crítica para el progreso del país.

También vemos, en este caso específico, que se rechazó un proyecto sobre la base de falta de información, la cual era perfectamente subsanable en otra etapa del desarrollo. Se ha dado el mensaje de que la inversión de grandes obras no es bienvenida. Es lamentable, porque necesitamos de estos proyectos que atraen inversión, dan trabajo, entregan servicios, pagan impuestos y sientan bases de infraestructura necesarias para el desarrollo de otras áreas. La energía, el agua, la agricultura, la minería y los servicios, en general, requieren que este tipo de proyectos avance y se concrete.  

BNamericas: ¿Podría haberse previsto esta clase de contingencia?

Quesney: Sí. Era esperable. Los mensajes de la autoridad van en ese camino en los últimos años.

Hoy nuestros clientes inversionistas que se esmeran en hacer las cosas al pie de la letra —y nosotros, sus abogados, atentos a preparar las razonables estrategias legales y administrativas— pueden descartar este tipo de contingencias, incluso para proyectos de obras menores con nulo impacto ambiental y social.

La incertidumbre sobre el alcance legal de ciertas normas, sumada a la falta de criterio de algunas autoridades, ha llevado a considerar que casi todo proyecto podría ser paralizado, incluso en etapas avanzadas de construcción. Ya hemos visto como permisos otorgados, luego de un tiempo se han declarado nulos, dejando en una compleja posición a quienes ya iniciaron los trabajos.

Fue el caso del edificio Fundamenta en [el municipio santiaguino de] Ñuñoa, y ahora la condena a la Municipalidad de Las Condes a pagar una indemnización importante a una inmobiliaria por haber aplicado criterios contrarios a derecho. Estamos atentos a lo que ocurra en [los municipios capitalinos] Estación Central y Recoleta respecto a varios edificios terminados y sin recibir.

BNamericas: ¿Existe consenso en el sector privado sobre los proyectos de ley en el Congreso para reformar los permisos sectoriales y el sistema de evaluación ambiental? ¿La comunidad empresarial los ven con buenos ojos? ¿Qué faltaría?

Quesney: La visión de la comunidad empresarial es variada porque existe gran cantidad de áreas y negocios, algunos de ellos con intereses contrapuestos. Por ejemplo, la minería y agricultura chocan permanentemente en temas de aguas.

En lo que sí hay consenso es que se requiere de menos normas, etapas y procedimientos, y que estos sean más claros y técnicos, es decir, con menor grado de interpretación por parte de la autoridad de turno. Hay que sumar criterios técnicos y objetivos y eliminar, en la medida de lo posible, la discrecionalidad administrativa. Y en caso de que se produzca discrecionalidad administrativa, que exista al menos la posibilidad de presentar un recurso jerárquico, ante el superior respectivo.

BNamericas: ¿Cuál es la situación actual respecto a la tramitación de estos proyectos de ley?

Quesney: Se busca agilizar procedimientos y plazos y limitar el número de permisos sectoriales y otros, para ciertos tipos de actividades. También se quiere crear, en ciertas instancias, que, ante la posibilidad de una resolución adversa, se pueda recurrir ante el superior jerárquico y no solo tener como herramienta el recurso de reposición. La verdad es que el número de etapas, permisos y trámites, siendo algunos de ellos prerrequisitos para empezar otros, produce cuellos de botella y hace que la tramitación de algunas obras de infraestructura sea de varios años. Así es difícil embarcarse en un proyecto y conseguir financiamiento cuando tu horizonte de obtener una respuesta afirmativa de la autoridad puede ser de 8 a 10 años. Y eso que estamos hablando de antes de empezar a construir.

BNamericas: ¿Cree que es factible que estos proyectos sean promulgados durante la administración del presidente Gabriel Boric, que finaliza a principios de 2026?

Quesney: No creo que exista la voluntad política de parte de esta administración tanto del Ejecutivo como de funcionarios claves en distintas oficinas del Estado.

BNamericas: ¿Tiene algún otro comentario acerca de la situación del proyecto Paposo de Colbún?

Quesney: Chile necesita de diversas fuentes de generación de energía y acá la autoridad administrativa paralizó una de ellas bajo la argumentación de que faltaba información y bibliografía para el monitoreo de cierta fauna y que se omitía información sobre un par de comunidades indígenas. Al proyecto no se le dio la posibilidad de recurrir ante el superior jerárquico, ya que no lo contempla el procedimiento, situación que debiera corregirse desde un punto de vista procesal.  

Se ha puesto por delante el privilegio de ciertos grupos minúsculos, que, al dárseles un poder excesivo, incluso pueden ser susceptibles de actuar en ciertos casos como verdaderos agentes de extorsión, por sobre el bien común de una región y del país en su totalidad. Es evidente que todo proyecto tiene un impacto en una zona o comunidad, pero eso no puede implicar que dejemos de hacer cosas. ¿Tendremos que dejar de construir embalses, centrales de electricidad o canales porque afectan a cierto grupo de individuos?

Lo que debe primar es el bien común y, por supuesto, en el caso de que un proyecto impacte indebidamente a ciertas personas, los afectados deben ser debidamente compensados.

Pero, actualmente, estamos siguiendo la lógica de paralizar proyectos a la menor excusa procesal o administrativa, dentro de un marco regulatorio inabarcable, impidiendo el desarrollo para más de 19 millones de habitantes por la afectación de algunos o incluso por asuntos formales, los cuales son subsanables en paralelo con el avance del proyecto.

En relación con este caso particular, recordemos que Chile no puede depender de la energía hidroeléctrica (el país viene saliendo de una sequía de 12 años), ni que nos provean países externos (nos podríamos exponer a un nuevo corte de gas) ni recurrir a fuentes contaminantes. En resumen, la matriz energética debe ser variada, eficiente y limpia. Y por razones estratégicas y de seguridad nacional, Chile no puede depender del exterior para generar toda su energía.

Este proyecto tenía cuatro elementos claves: diversificaba matriz energética; se desarrollaría en provincia y en una zona muy deprimida económicamente, clave para la descentralización; generaba energía sin dependencia exterior; y se trataba de una fuente de generación limpia. Este proyecto se suspendió debido a una falta de visión macro y de largo plazo de ciertas autoridades.