Huachicol: por qué México no ha logrado dejar el vicio

Antes de jurar como presidente de México en diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador prometió poner fin al robo de combustible de ductos, práctica comúnmente conocida en el país como "huachicol". 

Sin embargo, parece que el mandatario tendrá que dejar la tarea a quien lo suceda cuando concluya su sexenio el 1 de octubre, a menos que pueda erradicar en menos de seis meses la actividad ilícita, que supuso 4.800b/d durante enero, según la estatal Pemex.

Para obtener más información, BNamericas conversó con Eduardo Ordóñez, consultor independiente de riesgo político, seguridad e inteligencia estratégica, quien además ha monitoreado y registrado las actividades del huachicol en el país.

BNamericas: El presidente López Obrador prometió acabar con el robo de combustibles en su sexenio. ¿Lo logrará?

Ordóñez: A pesar de las promesas que hizo, el problema está muy lejos de resolverse. Hay varias razones. Por un lado, el robo de hidrocarburos, tanto de gasolina o de [gas licuado de petróleo] GLP no se acaba por decreto presidencial, debe de haber una estrategia que tome en cuenta diversos factores.

Uno de ellos es las consecuencias de implementar operativos en ciertas zonas. Por ejemplo, si tienen éxito en Tlaxcala el problema se puede ir a Hidalgo. Identificar grupos delictivos porque es muy fácil generalizar al decir que “es el crimen organizado que está expandiendo sus actividades”. En el caso de Pemex, identificar los oleoductos más afectados y hacer estudios socioeconómicos de las zonas afectadas, muchas veces son empleados de Pemex que viven en los pueblos aledaños los que proporcionan información sobre los ductos a grupos criminales.

El segundo es que cada vez hay más grupos involucrados en el robo de hidrocarburos. Es muy rentable a pesar del peligro que representa, y hay comunidades enteras en Tlaxcala, Hidalgo y partes de Puebla que se dedican al huachicol, más que un delito se ha convertido en una economía paralela.

Y tres, un error del gobierno a inicios de 2018 fue cerrar los ductos de Pemex para así “reducir el robo”. Sí funcionó, pero el problema fue, por un lado, el desabasto que causó, y al final, también empezaron a robarse las "pipas" [camiones que transportan combustible].

BNamericas: En su último informe trimestral, Pemex dio a conocer que, en 2023, el volumen robado de combustible promedió los 4.700b/d, lo cual equivale a 20.200 millones de pesos (US$1.200 millones) en pérdidas, comparados con los 6.100b/d reportados en 2022 por 18.700 millones de pesos. ¿De qué tamaño es el problema entonces?

Ordóñez: Las cifras de Pemex hablan por sí solas. En total, los casos reportados durante el sexenio anterior, de enero de 2012 a diciembre de 2018, suman 45.422 perforaciones ilegales, comparadas con las 54.871 reportadas entre enero de 2019 y noviembre de 2023.

La próxima administración, ya sea de Morena u otra, no tiene un plan concreto para acabar con este delito, más allá de la voluntad de “acabar con el problema”, obviamente en el contexto de las campañas [para las elecciones del 2 de junio].

Elaboración de Eduardo Ordóñez. Fuentes: datos recopilados por Igavim Observatorio Ciudadano con base en cifras de Pemex 

BNamericas: ¿Dónde persiste el robo de hidrocarburos?

Ordóñez: Hidalgo, Edomex, Tamaulipas, Jalisco y Guanajuato son las entidades donde se registró el mayor número de tomas clandestinas entre 2021 y 2022, de acuerdo con las últimas cifras publicadas por el [Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal] Igavim para la totalidad de los estados. El año 2023 tuvo un comportamiento similar, no obstante.

En el caso de Hidalgo, que se ubica en el primer lugar en este delito, se detectaron un total de 5.534 tomas clandestinas en 2022, un incremento de 24,5% con respecto a las 4.461 tomas registradas en 2021. Y si bien es cierto que en 2023 registró 3.667 tomas ilegales, una reducción de 33,74%, al final de cuentas, como se muestra en la gráfica, en 2022 hubo 11.295 tomas ilegales y en 2023 12.005, un incremento de 6,29%. Dicho esto, podemos decir que algunos gobiernos estatales tienen cierto éxito en reducir el delito, pero a nivel nacional no, al contrario, subieron 6,29%. No hay una estrategia nacional y todo parece indicar que los gobiernos locales tienen preocupación en reducir sus propios índices, pero no les preocupa a nivel nacional, ya no es problema de ellos.

Elaboración de Eduardo Ordóñez. Fuentes: datos recopilados por Igavim, Pemex y otras fuentes abiertas. 

BNamericas: ¿Cuáles serán los retos para la próxima presidenta del país en temas de huachicol?

Ordóñez: Son enormes. En primer lugar, tenemos que tomar en cuenta que, si bien desde el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) tenemos una ley federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, esta no se articula con el resto de las normas en materia de seguridad. Sí, se puede sancionar el delito de huachicol, tenemos esta ley y sanciones en el Código Penal, pero carecemos de una estrategia nacional de seguridad.

Nuestra Ley de Seguridad Nacional [LSN] no regula nada, es obsoleta tanto a nivel estratégico, legal e institucional. Esta ley regula al [Centro Nacional de Inteligencia] Cisen, que ya no existe ―ahora es CNI― y no hace mención del robo de hidrocarburos de manera específica, ni cómo combatirlo. No articula los recursos de la nación para hacerle frente. El principal problema que tendremos será armonizar todo un andamiaje jurídico obsoleto con los diferentes cuerpos de seguridad ―la Marina, el Ejército, la Guardia Nacional, la policía estatal, etc.― a nivel operativo. Además, no veo voluntad política para acabar con este enorme negocio en el que seguro están metidos muchos políticos.

BNamericas: ¿Qué sabemos sobre este problema para Pemex? ¿Qué tanto lo afecta y cuáles son los estados con más presencia de actividad ilícita?

Ordóñez: Creo que podemos responder con el mapa de arriba. Son los estados de siempre: Tlaxcala, Hidalgo, que están entre los estados más pobres del país, con menor infraestructura y desarrollo, pero también se concentra en lugares industrializados como Puebla y Guanajuato, pero una vez más es cerca de las poblaciones rurales más pobres de estas entidades.

Las pérdidas para Pemex son gigantescas. Tenemos, por un lado, la mala reputación que le da a la paraestatal, ya que los inversionistas perciben debilidad institucional, corrupción, falta de interés y de capacidad para contener el problema. Otro tema es el de las pérdidas patrimoniales, tanto por el robo del combustible, aproximadamente 3.500 millones de pesos en 2018 al año o cerca de 6.600 millones al año durante este sexenio. A esto hay que sumar las reparaciones de los ductos.

Me preocupa también el robo a plataformas petroleras, Pemex ha perdido cerca de 432 millones de pesos en robos a plataformas petroleras. También tengo un mapa de esto, que no he publicado, pero tengo las ubicaciones de los robos a plataformas y buques en Campeche y Tabasco. Es bastante complejo el tema.